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Expertos arrojan dudas sobre la la ley de Identificación Biométrica de Túnez

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Imagen de impresión Dígito Pulgar vía Pixabay. CC0 Dominio público.

Defensores de la sociedad civil y expertos de gobierno muestran preocupación sobre un nuevo proyecto de ley que obligaría a los ciudadanos tunecinos a portar una tarjeta de identidad codificada con una abundante combinación de información biométrica personal que incluiría la foto personal, impresiones dactilares, número de seguro social y dirección particular.

Bajo la legislación propuesta, la tarjeta de identidad tendrá un sistema de clave público de acuerdo a los estándares internacionales y he ahí la necesidad de cambio. Aunque el proyecto no incluye detalles sobre la materia, los expertos sospechan que esta información será agregada bajo un único identificador (una tarjeta multifuncional que sirve tanto como identificador para identidad nacional, número de seguro médico y social)

El proyecto enmendaría una ley de identidad de 1993, aprobada durante el régimen de Zine El Abidine Ali, bajo la cual las tarjetas de identificación indicaban la ocupación del titular de la tarjera y las tarjetas pertenecientes a mujeres casadas y viudas obligaban incluir el nombre de su esposo.

El proyecto actual eliminaría esos dos requisitos, y actualizaría el lenguaje respecto a la sofisticación técnica del sistema. También reduciría la edad obligatoria de los ciudadanos para portar las tarjetas de identidad, de 18 a solo 15 años, e introduce 15 días de sentencia en prisión contra quienes rehúsen mostrar su tarjeta para control policial.

El plan del gobierno tunecino para introducir tarjetas de identidad biométricas ha encontrado resistencia de los expertos y la sociedad civil.

Muchas organizaciones de derechos humanos incluyendo la Liga Tunecina de Derechos Humanos y el Foro Tunecino de Derechos Sociales y Económicos firmaron una declaración de Access Now urgiendo al parlamento tunecino a rechazar un nuevo proyecto de ley de tarjeta de identidad (62/2016), diseñada para enmendar la ley 27 de 1993 sobre la tarjeta nacional de identidad.

Los internautas tunecinos lo han seguido de cerca, prudentemente, por años. La defensora de la libertad de la red Dhouha Ben Youssef tuiteó sobre el tema en octubre del 2014:

¡Sonríe, estás bajo vigilancia! Nuevas medidas para el desarrollo del sistema de información y comunicación.

Incluso la nueva tarjeta de identidad será biométrica, video vigilancia, etc… olvidémonos de la privacidad por el amor a la seguridad.

Las agencias en Túnez no están obligadas a conseguir una aprobación de la corte antes de acceder a la información de los ciudadanos.

Los gobiernos de la post-revolución en Túnez han asegurado continuamente al público que solo buscarán información privada siguiendo órdenes judiciales (página 248). Dicho esto, la ahora obsoleta ley criminal tunecina no ha modificado las disposiciones para crímenes de Tecnología de la información y comunicación cometidos por el gobierno u otros.

Esto hace el proyecto más preocupante para los activistas e incluso para la autoridad de la protección de la información. La Autoridad Nacional para la Protección de la Información Personal (conocida por su acrónimo en fránces, INPDP) expresó escepticismo sobre el proyecto en una conferencia del 3 de noviembre en Túnez. El presidente del INPDP Chawki Gaddes recalcó la falta de claridad en el proyecto respecto a quien tendría acceso a la información de los ciudadanos obtenida a través del sistema y cómo este acceso sería garantizado.

También llamó a la eliminación de los componentes de la dirección en las tarjetas de identidad ya que esta información no corresponde a la identidad de alguien. En el pasado, la información de la dirección ha sido usada por la policía quien parece haber atacado a jóvenes de barrios pobres trasladándose a otras partes de la ciudad o el país.

Tunisa's Assembly of the Representatives of the People. Photo Credit: © European Union 2016 - European Parliament.

Asamblea de Representantes del Pueblo de Túnez. Crédito: © European Union 2016 – European Parliament.

En una declaración publicada el 1 de noviembre, la autoridad para la protección de la información denunció el hecho de que el gobierno no consultó con ellos cuando elaboró el proyecto. Bajo el artículo 76 la ley protección de la información personal del 2004, la autoridad está facultada para dar su opinión supervisora sobre materias relacionadas a la protección de la información personal, incluyendo la elaboración de leyes.

Establecida bajo el antiguo régimen de Zine El Abidine Ben Ali, la INPDP es una comisión dentro del ministerio de Justicia. Regula el uso de información privada de acuerdo al artículo 7 de la ley número 63 del 2004:

Article 7 – Toutes opérations de traitement de données à caractère personnel est soumis à une déclaration préalable au siège de l'instance nationale de protection des données à caractère personnel contre récépissé ou notifiée par leur recommendée avec accusé de réception ou par tout autre moyen laissant une trace écrite.

Artículo 7 Cualquier procesamiento de información personal estará sujeto a una declaración previa [PDF] del directorio del organismo nacional para la protección de la información personal contra recibo o notificación de su representativo autorizado con acuso de recibo o por cualquier medio dejando un registro escrito.

El mismo decreto incluye una pena de un año de prisión y una multa de 5000 dinares tunecinos (2173 dólares) por procesamiento de información personal por el sector privado sin autorización en el artículo 90.

Pero la autoridad permanece débil cuando tiene que supervisar la recolección y procesamiento de información personal de las autoridades públicas. De hecho, las compañías estatales y agencias de gobierno no están sujetas a autorización previa de la autoridad nacional. Bajo la misma ley, las instituciones públicas no requieren consentimiento verbal o escrito de los sujetos de información cuando recolectan u procesan información. A los sujetos de la información también se les prohíben el acceso a información que contengan autoridades públicas sobre ellos.

Defensores civiles quieren mayores garantías de transparencia y un debido proceso.

El Partido Pirata Tunecino entregó una declaración (en árabe) el 19 de octubre advirtiendo los riesgos de almacenar cantidades masivas de información ciudadana en una base de datos centralizada. La declaración argumenta que el proyecto no entrega suficiente detalle respecto a la seguridad de la información de los ciudadanos, la que una vez recolectada podría ser vulnerable a ciberataques o filtraciones al sistema. También elevaron su preocupación sobre la falta de información en el proyecto sobre cómo las tarjetas serán usadas y qué derechos, si es que hay, tendrán los ciudadanos para acceder a su propia información dentro del sistema.

كما يستنكر حزب القراصنة كل ما ورد في نص القانون من عقوبات جزرية بالسجن و يعتبرها نصوص قسرية لا تتماشى مع مناخ الحريات و تكريس لعودة الاستبداد و تناقض مع حق النفاذ الى المعلومة، و يحذر حزب القراصنة من عودة الهرسلة البوليسية من خلال ءاجراء مطابقة البصمة لبيانات الشريحة بواسطة قارءات البصمات الالكترونيّة الجوالة.

El Partido Pirata denuncia las sentencias a prisión en el proyecto de ley y considera tales veredictos restrictivos e incompatibles con la nueva era de libertades como también un primer precedente para el retorno de la dictadura y una contradicción al derecho de acceso a la información. El partido pirata advierte contra el renovado hostigamiento policial mediante el proceso de verificación de impresiones dactilares con la información (identidad biométrica) en chips por medio de lectores electrónicos portátiles de tarjetas de identidad.

El Partido Pirata expresó preocupación de que el proyecto haría ilegal decodificar la encriptación de la tarjeta personal. El lenguaje actual del proyecto no aborda explícitamente este tema. Sin embargo, una provisión propuesta hace ilegal el “forjar” información almacenada en la tarjeta y el chip electrónico de identidad de acuerdo al artículo 193 del Código Penal,que penaliza la “alteración fraudulenta” de documentos de identificación con un tiempo de cinco años de cárcel.

Los activistas de derechos humanos no se oponen particularmente a la tarjeta de identidad biométrica en un principio: Más bien, están preocupados de la falta de claridad por parte del gobierno respecto de la información que desean recolectar y a la falta de supervisión independiente de tal recolección

Encuesta enfocada a las actitudes de los tunecinos hacia la privacidad. 

77.5% de los encuestados aprueban el plan del gobierno de introducir tarjetas de identidad biométricas.

60% no cree que el uso de las tarjetas de identidad biométricas restrinja libertades.

88.7 dijo que permitiría al gobierno recolectar información más personal de ellos para luchar contra el terrorismo.

Fuente: Autoridad Tunecina de la Protección de la Información, Mayo del 2016

El proyecto forma parte de un plan nacional estratégico del 2014 para un “Túnez Digital“, un programa asociado entre el gobierno y el sector privado que ayuda a digitalizar numerosos servicios públicos que cubrirán las necesidades de los ciudadanos con solo unos pocos clicks, y a crear 80,000 trabajos nuevos en el sector de las telecomunicaciones para el 2018. Mientras es novedoso para Túnez, las bases de datos biométricas y la identificación nacional no son nada nuevo- más de 100 países en el mundo emiten actualmente documentos de identidad biométricos para sus ciudadanos. Las facturas contables públicas indican que el programa costará un total de 5,200 millones de dinares. La nueva ley también costará gastos innecesarios a los contribuyentes durante un tercer año de recesión económica.

La comisión parlamentaria sobre derechos, libertades y relaciones exteriores actualmente está revisando el proyecto. Si recibe la aprobación de la comisión, avanzará a un voto de la asamblea.

Casi tres años después de la adopción de una constitución que garantiza la privacidad de los derechos, Túnez permanece sin una autoridad sólida de protección de la información que pudiera asegurar la protección de esos derechos. La constitución tunecina protege la vida privada y la información privada en su artículo 24.

Article 24 of the Tunisian Constitution: The state protects the right to privacy and the inviolability of the home, and the confidentiality of correspondence, communications, and personal information.

Artículo 24 de la Constitución Tunecina: El estado protege el derecho a la privacidad y la inviolabilidad del hogar y la confidencialidad de la correspondencia, comunicaciones e información personal.

La elaboración de enmiendas a la ley 63 del 2004 sobre protección a la información personal, prevista para consolidar la independencia de la autoridad y reforzar su rol supervisor por sobre el manejo de las autoridades de gobierno de la información personal aún debe someterse al parlamento.

Si es aprobada por el parlamento, una comisión provisoria establecida por la constitución para revisar la constitucionalidad del proyecto legislativo (hasta que la futura corte constitucional tome lugar) podría declarar inconstitucional la nueva ley de identidad. Sin embargo, esto puede ocurrir solo si el presidente, el primer ministro o al menos 30 diputados, cuestionen la ley dentro de los siete días desde su adopción.

Entre tanto, la pregunta que persiste es que si los internautas tunecinos y la sociedad civil redoblaran sus estrategias defensivas en oposición al proyecto, en un país donde la preocupación sobre riesgos a la privacidad escasea.

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