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Los juicios militares a periodistas ponen de relieve los peligros de criticar al ejército en Túnez

Un soldado tunecino cierra los ojos mientras reza durante una ceremonia de recuerdo celebrada el 31 de mayo de 2010 en el Cementerio y Memorial Afroamericano cerca de Cártago (Túnez). Foto del ejército estadounidense, de dominio público

Un soldado tunecino cierra los ojos mientras reza durante una ceremonia del Día del Rrecuerdo celebrada el 31 de mayo del 2010 en el Cementerio y Memorial Afroamericano cerca de Cártago (Túnez). Foto del ejército estadounidense, de dominio público.

Dos periodistas tunecinos están siendo juzgados por los militares en dos juicios distintos por sus críticas a las fuerzas armadas y a las instituciones militares del país. Rached Khiari, editor jefe de la web de noticias Essada, podría enfrentarse a la pena de muerte si se le halla culpable de «dañar la moral del ejército para perjudicar la defensa nacional».

Estos juicios son los últimos de una serie de procesos militares de blogueros y periodistas que se han producido desde la caída del presidente Zine el Abidine Ben Ali después de 23 años de gobierno.

El 16 de noviembre, un fiscal militar acusó a Rached Khiari de «difamación, cuestionar la reputación del ejército y minar su moral» conforme al Código de Justicia Militar y el Código Penal por una entrevista televisiva, en la que habló de la existencia de una base militar estadounidense en suelo tunecino. Para apoyar estas alegaciones, Khiari citó un artículo del Washington Post publicado el 26 de octubre y sus propias pruebas, aunque no está claro a qué se refería. El ministro de Defensa, Farhat Horchani, negó después estas informaciones. El 22 de noviembre, el presidente Beji Caid Essebsi admitió que en las bases militares nacionales se utilizaban drones no armados para vigilar las operaciones en la frontera con Libia.

En otro proceso, el periodista Jamel Arfaoui se enfrenta a la acusación de insultos al ejército por un artículo que publicó en el diario en línea Tunisie Telegraph. En este artículo, publicado el 30 de julio, Arfaoui afirma que el accidente de un helicóptero militar sucedido el 14 de julio, en el que dos soldados perdieron la vida, fue culpa del deficiente mantenimiento mecánico que realizó el ministerio de Defensa.

Tanto Khiari como Arfaoui están actualmente en libertad a la espera de juicio. Si los declaran culpables, es muy probable que se les impongan duras sentencias: de tres meses a tres años de prisión por insultar al ejército, según el artículo 91 del Código Militar, a pesar de que estuvieran haciendo su trabajo y ejerciendo pacíficamente su derecho a la libertad de expresión. Khiari se enfrenta a una pena de cinco años y a una multa por difamación, y a la pena de muerte por «dañar la moral del ejército para perjudicar la defensa nacional», según el artículo 60 bis del Código Penal.

Aunque ambos son periodistas, ni a Khiari ni a Arafoui se les ha aplicado el Código de Prensa del 2011 (Decreto 115 del 2 de noviembre del 2001), adoptado tras la revolución en sustitución del represivo código de 1975. Además de garantizar la «libertad de intercambiar, publicar y recibir noticias y opiniones de todo tipo», el decreto 115 elimina las penas de prisión para los periodistas en casos de difamación y calumnia. Aun así, numerosos jueces y fiscales eluden esta ley recurriendo a otra legislación más represiva que criminaliza la difamación de funcionarios e instituciones públicas.

El 29 de setiembre, Reporteros Sin Fronteras en el Norte de África tuiteó sobre el caso de Jamel Arfaoui:

Jamel Arfaoui se enfrenta a tres años de cárcel porque la fiscalía ha utilizado el artículo 91 del Código Militar de Justicia en lugar del Decreto 115

 

No hay libertad de expresión frente a los tribunales militares

Desde la revolución que derrocó al dictador Ben Ali en enero del 2011, varios periodistas y blogueros han sido juzgados ante tribunales militares por hablar de asuntos relacionados con el ejército, o por criticar a los líderes de las fuerzas armadas.

En el 2012, un antiguo asesor del entonces presidente Moncef Marzouki fue procesado ante un tribunal militar por criticar el papel del ejército y de su jefe de personal en la extradición a Libia de Baghdadi Mahmoudi, que fue primer ministro durante el gobierno de Gadafi.

En el 2013, el bloguero Hakim Ghanmi fue acusado de insultar al ejército por una entrada en su blog en la que criticaba la administración de un hospital militar.

A finales del 2014, el bloguero Yassine Ayari fue encarcelado por «difamar al ejército» e «insultar al alto mando militar» en comentarios publicados en Facebook.

Desde el 2011, Túnez ha introducido varias reformas democráticas, entre ellas el fin de sus políticas de censura de Internet, la aprobación de una constitución que garantiza los derechos y libertades fundamentales, y el establecimiento de un regulador independiente para los medios de comunicación. No obstante, las leyes que permiten que los tribunales militares instruyan casos contra civiles siguen refrenando estas reformas.

El 26 de octubre, 20 parlamentarios presentaron un proyecto de ley (borrador n.° 72 del 2016) que aboliría los juicios militares de civiles en cumplimiento con la constitución del 2014, que garantiza un juicio justo, y mantiene que las cortes militares son «tribunales excepcionales especializados en examinar delitos militares». La ley propone una enmienda al artículo 91 del Código Militar que prohibiría los juicios de civiles por cometer «ultrajes a la bandera, ofensas a la dignidad, reputación o moral del ejército y actos que socaven la disciplina y la obediencia militar o el respeto debido a los superiores, o critiquen la acción de la jerarquía militar o de los oficiales del ejército, ofendiendo su dignidad». No obstante, a los miembros de las instituciones militares se les seguirá aplicando el artículo 91. El grupo defensor de la libertad de expresión ARTICLE 19 ya ha recomendado en anteriores ocasiones la «inmediata derogación» de dicho artículo del Código de Justicia Militar, tachándolo de «restricción desproporcionada de la libertad de expresión».

Es difícil saber cuánto tiempo se tomará el Parlamento para debatir y aprobar la enmienda, pero mientras Túnez siga luchando contra las amenazas terroristas, es posible que algunos periodistas, blogueros y comentaristas sean reacios a cruzar ciertos límites relacionados con las instituciones militares y las fuerzas de seguridad. Los procesos a periodistas y blogueros en tribunales militares seguirán aumentando la autocensura en este y otros temas críticos de interés público.

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