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Sociedad civil cautelosa con acusaciones de conducta indebida contra el presidente de Trinidad y Tobago

Rhoda Bharath and attorney Justin Phelps at October 27 press conference in Port of Spain. (Screengrab from Facebook Live video)

Rhoda Bharath y el abogado Justin Phelps en la conferencia de prensa del 27 de octubre en Puerto España. (Captura de un video en Facebook Live).

El 27 de octubre del 2016, poco más de un mes después de que la profesora universitaria Rhoda Bharath hiciera una serie de preguntas sobre el presidente de Trinidad y Tobago en Facebook Live en relación con acusaciones de irregularidades financieras y de conducta indebida en el ejercicio de un cargo público, dio una conferencia de prensa en Puerto España. El evento también fue transmitido en Facebook Live.

En su declaración a los medios, Bharath se centró en la cuestión del subsidio a la vivienda de $ 28.000 dólares trinitenses (aproximadamente 4.180 dólares estadounidenses) por mes que recibió el presidente Anthony Carmona desde julio del 2013 hasta mayo del 2015, mientras vivía en una casa de propiedad del estado. Ella explicó que había encargado a su abogado, Justin Phelps, que buscara asesoramiento de un abogado experimentado en el Reino Unido respecto a los documentos que tenía en su poder, para determinar si había fundamentos para investigar penalmente al presidente, su secretaria de aquel momento y el entonces Director de Personal por conducta indebida en el ejercicio de un cargo público.

La abogada del Reino Unido, Cathryn Mc Gahey QC, quien tiene amplia experiencia en el control jurisdiccional de políticas gubernamentales, aconsejó a Bharath que existían motivos que justificaban solicitar tal investigación. McGahey le dijo a Bharath que “el caso se sostiene en un delicado equilibrio pero considero que actualmente existen motivos fundados para sospechar que se ha cometido el delito de conducta indebida en el ejercicio de un cargo público”.

Bharath informó del asunto a Harold Phillips, el entonces Comisionado de policía, pero (al momento de redactar el original de este artículo) aún no había recibido respuesta ni de Phillip ni de su reemplazante en el cargo Stephen Williams. El 11 de noviembre del 2016 el abogado de Phelps envió una carta de seguimiento al Comisionado en nombre de Bharat.

Se trata de la primera vez en la historia de Trinidad y Tobago, y, según Bharat, en toda la Commonwealth, en que un ciudadano ha solicitado que se investigue a un funcionario del gobierno con un cargo tan alto. Bharat también ha dejado claro que en su escrito dirigido a la policía no sugiere que las personas citadas sean culpables de algún delito, pero considera que existen pruebas suficientes para justificar una investigación.

Phelps dijo a Global Voices que, sin querer interferir con el trabajo de la policía, existía evidencia adicional que sería revelado a su debido tiempo. En la conferencia de prensa manifestó que sus expectativas con respecto al resultado del caso eran conservadoras.”Con base en el registro histórico …”, dijo. “Tendremos que esperar y ver”.

Las normas de la ley nacional de la función pública establecen que a los funcionarios a los que el gobierno no les proporciona alojamiento tienen derecho a recibir una asignación especial destinada a vivienda. En una declaración pública el 28 de setiembre del 2016, el Presidente Carmona sostuvo que en el caso del jefe de estado las normas eran diferentes, con el argumento de que por orden de la comisión revisora de sueldos (SRC en inglés) tenía derecho a $ 28.000 de subsidio mensual porque la vivienda pagada con fondos públicos que ocupaba estaba por debajo de lo esperado.

El tema del subsidio con destino a vivienda no es nuevo. En la rueda de prensa de Bharat, entre otros documentos, se distribuyeron a los medios copias de una carta fechada en julio del 2013, enviada desde la oficina del entonces Director de Personal a la secretaria del Presidente Carmona, que recomendaba que “como principio, cuando el estado le brinda alojamiento a un mandatario, mientras dure dicho alojamiento no se abona el subsidio destinado a vivienda”. En ese mismo escrito, la Dirección de Personal autorizaba un subsidio de vivienda de TT $ 15.450 (aproximadamente $ 2.305 dólares estadounidenses) “solo mientras [el presidente] ocupe este alojamiento temporal”. La cifra se incrementó posteriormente con carácter retroactivo a $ 28.000 mensuales.

Screengrab of the CPO's letter to the president's secretary, one of the documents upon which the Queen's Counsel based her opinion.

Captura de pantalla de la carta enviada desde la Oficina del Director de personal a la secretaria del presidente, uno de los documentos en los que se basó la consejera de la reina para dar su opinión.

En el 2014, los periódicos citaron declaraciones del fiscal de aquel momento, en las que afirmaba, “El Secretario de la Comisión de Revisión de sueldos (CPO en inglés) no puede, por su propia voluntad, tomar una decisión sobre el subsidio de vivienda del Presidente. Esa es una cuestión que solo el SRC puede resolver”.

En el 2014, hubo editoriales de los periódicos pidiendo explicaciones. El consejero senior Martin Daly cuestionó públicamente los fundamentos jurídicos por los que se otorgó el subsidio de vivienda, y el ex jefe de los servicios públicos, Reginald Dumas, calificó de conducta “éticamente reprobable” el hecho de que el presidente haya recibido tanto una vivienda del estado como el subsidio. Más recientemente, sin embargo, el parlamento y algunas organizaciones de la sociedad civil han -con unas pocas excepciones- permanecido en silencio, y Bharat ha sido una de las pocas personas que siguió ocupándose del tema.

El 15 de noviembre del 2016, sin embargo, el grupo activista Fixin’ T&T envió una carta al presidente pidiéndole que respondiera otra pregunta que Bharat inicialmente planteó, a saber, si su suegra alguna vez fue empleada de la Oficina del Presidente. En caso de que la respuesta fuera afirmativa, el grupo solicitó la renuncia del presidente por incurrir en nepotismo.

Global Voices también habló con Dion Abdool, el recientemente designado presidente del Instituto Transparencia de Trinidad y Tobago (TTTI por su sigla en inglés), la delegación local de la coalición anticorrupción global, Transparencia Internacional. Abdool dijo que ante las preocupaciones planteadas acerca de varios ministerios en el informe de la Auditoría General (AG) 2014/2015, el TTTI se ha embarcado en un proyecto en conjunto con la oficina de la AG, el Ministerio de Hacienda y otras partes interesadas. El comité directivo presentará un informe el 30 de marzo del 2017, después de lo cual compartirán sus conclusiones y recomendaciones con la comunidad nacional.

Abdool considera que los medios sociales – junto con el parlamento nacional y la sociedad civil – son las plataformas adecuadas en las que se debe mantener vivo el tema de la asignación de vivienda y dice que él sigue esperando que el presidente, como jefe de estado, brinde respuestas. En caso de que se revele evidencia adicional, dice, TTTI estaría dispuesto a prestar su voz al tema.

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