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En Moldavia, la sociedad civil se levanta en contra de la Ley del “Gran Hermano”

Civil society organizations from Moldova and Romania organized a public debate in October to warn about the dangers of the "Big Brother" Law. Photo by LRCM, used with permission.

Las organizaciones de la sociedad civil de Moldavia y Rumanía prepararon un debate público en octubre para advertir sobre los peligros de la Ley del “Gran Hermano”. Foto de RLCM, usada con permiso.

Los legisladores moldavos están debatiendo los cambios propuestos para la Ley del “Gran Hermano” que, dicen los grupos de la sociedad civil y los derechos humanos, permitirá la vigilancia y la censura.

Formalmente conocido como Proyecto de Ley nº 161 de Enmiendas y Suplementos de Ciertos Actos Legislativos, la ley ampliaría las obligaciones de los servicios de telecomunicación de recopilar y retener metadatos de las actividades de comunicación de los ciudadanos, aumentaría otros tipos de vigilancia digital, y permitiría a las autoridades bloquear sitios web que “contengan información que promueve la discriminación o el odio étnico, racial, o religioso, así como la hostilidad y la violencia”.

European Digital Rights, la organización paneuropea líder en la protección de la libertad digital, comentó el proyecto de ley, argumentando que el proceso legislativo de este no debería continuar “sin un análisis exhaustivo de la necesidad y proporcionalidad de esta excesiva interferencia con los derechos fundamentales” y asegurar que la ley es consistente con la doctrina internacional de los derechos humanos.

El abogado de derechos humanos Pavel Grecu advirtió vía Twitter:

Si el proyecto de ley del Gran Hermano es aprobado será el fin oficial de la esperanza de construir una democracia en la República de Moldavia.

Grecu explicó que el sistema judicial moldavo es incapaz de proteger a sus ciudadanos de la vigilancia abusiva, citando datos oficiales de que los jueces aprueban el 98% de las solicitudes para interceptar comunicaciones electrónicas.

Nadejda Hriptievschi, la directora del programa de los Recursos Legales Centrales de Moldavia (RLCM) afirmó que estaban preocupados por el proyecto de ley porque contiene varias cláusulas para una vigilancia masiva “absolutamente inustificada”. También dijo que las cláusulas relacionadas con la eliminación de contenido objetable podrían llevar, en teoría, al bloqueo de Facebook, Youtube, o Twitter en la República de Moldavia, o “webs que no sean convenientes para el gobierno/el establishment“.

Nadejda Hriptievschi, photo by LRCM, used with permission.

Nadejda Hriptievschi, foto de RLCM, usada con permiso.

La ley entró al parlamento moldavo en abril del 2016. Su adopción fue pospuesta después de que varios grupos de la sociedad civil pidieron más revisiones del proyecto de ley tratando de ponerlo dentro de los límites de los estándares internacionales. Esto incluiría una revisión de la Comisión de Venecia, un cuerpo asesor del Consejo Europeo, compuesto de expertos independientes en el campo de ley constitucional, que proveerá asistencia constitucional en el centro y el este de Europa.

En octubre del 2016, las preocupadas organizaciones de la sociedad civil organizaron una mesa redonda pública con miembros del parlamento, tratando de evitar la vigilancia generalizada.

En noviembre el RLCM publicó las recomendaciones con respecto a la Ley del “Gran Hermano”, preparadas en colaboración con Bogdan Manolea, director ejecutivo de la Asociación por la Tecnología e Internet (ApTI) de la vecina Rumania, miembro de la UE. El grupo recomendó rechazar los artículos propuestos que llevarían a medidas de vigilancia masiva, comprometerse a un detallado examen de una legislación que limita los derechos fundamentales, y cede las obligaciones para “detener” el acceso a páginas web.

El 10 de diciembre la Comisión emitió una opinión conjunta sobre el proyecto de ley que identificaba cierto número de problemas con los que las autoridades deben lidiar para cumplir los estándares europeos pertinentes.

Ya que Moldavia es miembro del Consejo Europeo, el paramento debería, bien enmendar el proyecto de ley para que siga las recomendaciones de la Comisión de Venecia y las organizaciones de la sociedad civil, bien enviarla de vuelta al gobierno y presentar una nueva propuesta.

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