Caricatura de Doaa Eladl vía Flickr, Web We Want ( CC BY-SA 2.0)
El Netizen Report de Global Voices Advocacy ofrece una instantánea internacional de los problemas, victorias y nuevas tendencias en materia de derechos de Internet en todo el mundo.
Investigadores de la Iniciativa Egipcia por los Derechos Personales (EIPR, por sus siglas en inglés) y el Citizen Lab de la Universidad de Toronto destaparon una serie de al menos 92 intentos de phishing [1] contra las comunicaciones digitales y datos de defensores de derechos humanos, abogados y activistas asociados con siete destacadas organizaciones no gubernamentales en Egipto. Los ataques no se llevaron a cabo mediante recursos técnicos muy sofisticados, sino más bien utilizando la ingeniería social, con atacantes haciéndose pasar por compañeros y personas de confianza de los trabajadores de las ONG, o por empresas de tecnología que supuestamente intentaban verificar sus cuentas.
Entre las víctimas se encuentran EIPR [2], la Asociación para la Libertad de Pensamiento y Expresión [3], y Nazra para Estudios Feministas [4], todos ellos grupos que han colaborado con Global Voices anteriormente. EIPR ha publicado una traducción al árabe [5] del informe.
En un ejemplo, pocas horas después de que la abogada de los derechos de la mujer Azza Soliman fuera arrestada [6] en su domicilio, sus colegas recibieron un mensaje que pretendía compartir con ellos un archivo Dropbox que contenía su orden de arresto. El mensaje en realidad conducía a un programa de software malicioso que intentaba infiltrarse en sus dispositivos.
En otros casos, los trabajadores de las ONG recibieron mensajes de autenticación de cuentas desde direcciones de correo electrónico que parecen oficiales como dropbox.noreplay [at] mail.com y fedex_tracking [at] outlook.sa, pero que en realidad eran maliciosos. El informe contiene una lista completa de los nombres de dominio y direcciones de correo electrónico peligrosos que ha descubierto el estudio, casi todos los cuales imitan los nombres de servicios legítimos como Gmail y Dropbox.
Estos ataques no han sorprendido a los defensores de la sociedad civil egipcia y a sus aliados. Parecen estar dirigidos contra los acusados en el denominado caso nº 173 sobre «financiación extranjera» [7], que el gobierno egipcio presentó contra varios trabajadores de las ONG en el 2011, alegando que habían utilizado fondos de financiación extranjera para «dañar la estabilidad nacional», entre otras acusaciones. A pesar de varios cambios de gobierno en Egipto, el caso ha seguido adelante. Desde la primavera del 2016, los tribunales han impuesto la prohibición de viajar y congelación de activos [8] contra muchos de los acusados en el caso, junto con directores de otras ONG [9], limitando drásticamente su capacidad para trabajar o incluso buscar refugio fuera del país.
Tribunales mauritanos consideran la pena de muerte para bloguero que criticó el sistema de castas
El 31 de enero, el Tribunal Supremo de Mauritania tramitó el caso del bloguero Mohamed Cheikh Ould Mkhaitir [10], que fue condenado a muerte por haber publicado un artículo de opinión en el que criticaba el uso de la religión para justificar el sistema de castas del país. Ould Mkhaitir fue arrestado en el 2014 y declarado culpable de apostasía por un tribunal de primera instancia por utilizar ejemplos de la vida del profeta Mahoma en su artículo. El Tribunal Supremo remitió su caso al tribunal de apelaciones por irregularidades procesales, una medida que no presagia nada bueno para Ould Mkahitir, ya que el tribunal de apelaciones previamente confirmó su condena por apostasía, así como su sentencia de muerte.
La crítica contra el sistema de castas [11], que originalmente incluía una casta «esclava», sigue siendo un tema polémico en el país norteafricano. En 1981, Mauritania se convirtió en el último país del mundo en abolir la esclavitud, pero la esclavitud y las prácticas relacionadas con el trabajo forzoso [12] han continuado en algunas zonas del país.
Agentes de fronteras estadounidenses exigen datos de medios sociales a viajeros y periodistas
Numerosos viajeros procedentes de Medio Oriente, entre ellos dos periodistas [13], han informado que agentes de fronteras les exigieron sus teléfonos móviles [14] y sus nombres de usuarios en los medios sociales en los últimos días. Esto llega justo después de la orden ejecutiva de Donald Trump, que muchos expertos legales y académicos dicen es inconstitucional [15], prohibiendo temporalmente la entrada a Estados Unidos de ciudadanos de siete países predominantemente musulmanes.
Esta práctica no es nueva, ni limitada al gobierno de Trump: en junio del 2016, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza estadounidense presentó su plan [16] de comenzar a pedir a los visitantes extranjeros de países con exención de visado que revelaran sus identidades en los medios sociales. Desde mediados del 2016, el Consejo de Relaciones Americano-Islámicas [17] ha documentado nueve casos [17] de estadounidenses musulmanes a los que se les hicieron preguntas sobre sus cuentas en los medios sociales, junto con preguntas sobre su fe y estilo de vida, al regresar a Estados Unidos tras viajar al extranjero.
Como parte de un esfuerzo por defender los derechos de privacidad de los viajeros, la Electronic Frontier Foundation [14] está solicitando información de primera mano de personas a las que se les haya pedido su información de los medios sociales y/o se les hayan registrado sus dispositivos electrónicos en las fronteras estadounidenses. Puede encontrar más información aquí [14].
Bitcoin podría no resolver la pesadilla de la moneda en Venezuela
La policía de Venezuela arrestó a cuatro mineros de bitcoins [18] por supuestamente afectar a la estabilidad del suministro eléctrico de la nación. El grupo utilizaba 300 computadoras para extraer bitcoins y venderlos en línea, en un proceso que básicamente convierte el valor de la electricidad en moneda. La minería de bitcoins se ha convertido en un negocio cada vez más generalizado [19], aunque peligroso, en Venezuela, que sufre una tremenda inestabilidad económica, con una devaluación de más del 50% de la moneda nacional desde el 2014.
Periodistas de Myanmar rechazan ley de difamación
Los periodistas de Myanmar se oponen al uso de la Ley de Telecomunicaciones del 2013 por las autoridades, que la han utilizado para presentar acusaciones de difamación [20] contra sus críticos. Desde que la ley se aprobó se han visto cuarenta y ocho casos de difamación, con 29 arrestos solo en el último año. La ley penaliza con tres años de prisión y una multa el uso de las “redes de telecomunicaciones para extorsionar, amenazar, obstruir, difamar, perturbar, influir indebidamente o intimidar”. Robert San Aung [21], destacado abogado de los derechos humanos en Myanmar, se ha pronunciado en contra de la ley [22], argumentando que “no es apropiado que un ciudadano que critique a alguien más poderoso deba enfrentarse a acciones legales de este tipo”.
¿Es antigay y busca un lugar para pasar sus vacaciones? Hay una aplicación para eso (en Rusia)
Un nuevo sitio web ruso [23] llamado MyLinker dice ofrecer opciones al estilo AirBnB para homófobos, evitando así las normas publicadas por AirBnB con el objeto de impedir la discriminación. Entre los problemas que presenta el sitio está un conjunto de métodos altamente cuestionables para medir el número de personas LGBT en las ciudades (basados en las búsquedas de determinados tipos de pornografía) y una retórica sumamente ofensiva. Una petición de Change.org insta a las autoridades rusas a prohibir el sitio [24] por sus prácticas discriminatorias.
Nuevas investigaciones
- Nile Phish: Amplia campaña de phishing contra la sociedad civil egipcia [1] – Citizen Lab y EIPR
- ¿Quién llama a mi puerta?: Entender la vigilancia en Tailandia [25] – Privacy International
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Afef Abrougui, Ellery Roberts Biddle [27], Marianne Diaz y Sarah Myers West [28] colaboraron en este informe.