[1]El primer ministro tunecino, Youssef Chahed, habla con los medios durante la Asamblea Mundial de Normalización de las Telecomunicaciones, celebrada en Túnez. Foto de la UIT, publicada en Flickr con licencia Creative Commons.
El gobierno tunecino ha sido acusado [2] de restringir el acceso a la información y la libertad de prensa por medio de las unidades de regulación de la información y la comunicación de sus ministerios, agencias estatales y otras instituciones gubernamentales.
El 15 de enero, el primer ministro Youssef Chahed envió una circular [3] en la que pedía a los funcionarios que no hablasen con la prensa ni revelasen información oficial a menos que contaran con autorización expresa de sus superiores para hacerlo:
Out of respect to the duties of civil servants in their relation with media outlets, as outlined in the code of conduct and ethics of the public servant, they [civil servants] are refrained from making statements or interventions, or disclosing official information or documents in the press or by any other means, related to their functions or to the public structures they work for without the preliminary and explicit authorization of their hierarchy
Por respeto a los deberes de los funcionarios en su relación con las agencias de noticias, como se especifica en el código de conducta y ética del funcionariado, deben abstenerse de hacer, en la prensa o cualquier otro medio, declaraciones o intervenciones, revelar información oficial o documentos relacionados con sus funciones o con las estructuras públicas para las que trabajan sin autorización previa y explícita de sus superiores.
La circular también prohíbe que los funcionarios hagan declaraciones que «rompan el secreto profesional y la preservación de los más altos intereses del estado», impidiéndoles revelar «información oficial y documentos que deberían o podrían estar a disposición del público» y hacer «declaraciones falsas o engañosas» sobre su trabajo y la institución en la que lo desarrollan.
De hecho, la circular está en consonancia con normativas ya existentes que regulan la relación de los funcionarios y los medios. La sección 2 del capítulo III del Decreto Gubernamental N.°4030 del 4 de octubre del 2014 [4] sobre el código ético y de conducta del funcionariado, ya prohíbe que los funcionarios hagan declaraciones a los medios y revelen información pública sin autorización de sus superiores jerárquicos o de la dirección de las instituciones para las que trabajan.
La publicación de la circular no solo se ha encontrado con la desaprobación de organizaciones de la sociedad civil del país, sino que también ha revivido las críticas al código de conducta del funcionariado, y concretamente a las normas que regulan el funcionamiento de las unidades de comunicación e información de los ministerios, agencias e instituciones públicas.
El 9 de febrero, quince organizaciones nacionales e internacionales ─entre ellas el Sindicato Nacional de Periodistas Tunecinos, la Liga Tunecina por los Derechos Humanos, la Federación Internacional de Derechos Humanos y la ONG defensora de la libertad de expresión Article 19─, difundieron una declaración [5] en la que piden al gobierno que «revise el decreto 4030 y retire inmediatamente la circular N.° 4». También condenan lo que describen como «restricciones crecientes a los periodistas, organizaciones de la sociedad civil y ciudadanos que pretenden acceder a información de instituciones públicas».
Entre sus reformas democráticas, Túnez ha hecho progresos en lo que respecta al acceso a la información. En el 2016, el derecho constitucional a la información se vio reforzado por la aprobación [6] en el Parlamento de una ley de libertad de información (Ley N.°22 del 24 de marzo del 2016 [7]). Esta ley garantiza el acceso a la información de las instituciones gubernamentales: ministerios, presidencia, ONG financiadas con fondos públicos, ayuntamientos, banco central y cuerpos constitucionales. La ley contempla la imposición de multas a las personas que obstruyan dicho acceso a la información, y establece una comisión encargada de decidir sobre las solicitudes de información.
No obstante, la implementación de la ley sigue siendo limitada [8] y aún no se ha creado la comisión de acceso a la información. No es sorprendente que la difusión de la circular 4 haya provocado las protestas de periodistas y organizaciones de la sociedad civil, ya muy descontentos con la lentitud con que se convierten estas reformas legales en acciones reales.