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Silencian a los críticos mientras la crisis política de Burundi estalla

Burundeses residentes en Nairobi, Kenia y amigos de Burundi dicen no al tercer mandato del presidente Pierre Nkurunziza. — Foto de Vincent Munga para Demotix.

Desde mediados del 2015, cuando el presidente de Burundi, Pierre Nkurunziza, declaró la intención de postularse para un tercer mandato, el gobierno ha sido criticado por la gran represión contra los insurgentes, al igual que las protestas y los oponentes. A pesar de las tensiones internacionales y el serio declive económico, ha sido aparentemente firme su control en el país, restringiendo a los críticos y a la sociedad civil que está monitoreando la situación.

Los grupos nacionales e internacionales de DDHH, periodistas, funcionarios de las Naciones Unidas y diplomáticos, han acusado a agentes de seguridad y a los activistas del movimiento Imbonerake de Burundi, de cometer crímenes, incluyendo violencia sexual y desapariciones forzosas, con impunidad “sin ley“. Muchos de los oponentes han huido, especialmente los de los distritos “rebeldes” de Bujumbura, dejando dividida a la oposición exiliada. El total de la población de refugiados pasó a 328.000.

Un informe de noviembre del 2016 de la Federación Internacional de Derechos Humanos y la Liga ITEKA, dijo que la represión política cambió desde el 2016, de represiones públicas a violencia “a puerta cerrada”; como detenciones secretas. Los funcionarios rechazan estas criticas argumentando que son prejuiciosas y basadas en rumores.

Aumentan las tensiones para el Presidente Nkurunziza

Ex guerrilleros, simpatizantes de línea dura del Presidente Nkurunziza, escépticos del acuerdo de paz después de la guerra y el poder compartido, han tomado gradualmente el control del partido y el Estado, en un proceso que se aceleró después del fallido golpe de Estado en mayo del 2015.

El periódico independiente Iwacu informó que el Presidente Nkurunziza insinuó recientemente cambios constitucionales que le permitirían permanecer incluso, por cuatro periodos en el mandato. Jean Minani, portavoz de la coalición de oposición del CNARED (Consejo Nacional para el Respeto del Acuerdo de Arusha por la Paz y la Reconciliación del Estado), dijo, evocando con preocupación una potencial escalada de confrontación:

Devant  un homme déterminé à enterrer l’Accord d’Arusha et la Constitution pour s’éterniser au pouvoir, il me semble qu’il n’y ait aucun autre choix que celui d’user de tous les moyens pour contrecarrer son plan.

Enfrentados a un hombre determinado a sepultar el Acuerdo de Arusha [acuerdo de paz] y la constitución para permanecer en el poder para siempre, me parece que no hay otra opción que utilizar todos los medios para frustrar su plan.

Medios silenciados

Muchos reporteros y activistas han huido del país, algunos incluso están desaparecidos, como el periodista Jean Bigirimana, que fue visto por última vez en julio. La petición de Reporteros Sin Fronteras (RSF) para la completa investigación de su desaparición, fue entregada en octubre a la embajada de Burundi en París, con muy poca respuesta.

Esos periodistas que permanecen en Burundi, ahora deben registrarse en el Consejo de Comunicación Nacional con el fin de hacer su trabajo. Funcionarios de Estado también han arrestado usuarios de WhatsApp bajo cargos de difamación, lo que los críticos caliifican como represión a la libertad de expresión.

Varias estaciones de radio independiente han permanecido cerradas desde el fallido golpe de Estado. Radio Isanganiro regresó al aire a principios del 2016, pero bajo ciertas condiciones. Un programa de llamadas fue suspendido por difundir una canción en Kirundí que celebra los derechos de los periodistas. SOS Médias Burundi también reportó en diciembre que un ministro intervino para bloquear la cobertura, emitida por primera vez en Kirundí por Radio Isanganiro, sobre los cambios legales a las fuerzas armadas, por aparentes razones de seguridad.

La Asociación de Músicos de Burundi aprobada por el Consejo Nacional de Comunicaciones, anunció recientemente que, tenían la intención de censurar la difusión de canciones que “debilitan la paz”. Sin embargo, el ministro de cultura se opuso a esto.

Criticas controladas

Las organizaciones de sociedad civil “politizadas”, especialmente el movimiento “Halte au troisieme mandat” (detener el tercer mandato), también enfrentan fuertes obstaculos. Cinco organizaciones fueron inhabilitadas el 19 de octubre, incluyendo la reconocida Asociación para la Protección de los Derechos Humanos y las Personas Encarceladas (APRODH, por sus siglas en inglés), por “perturbar la seguridad” y “empañar” la imagen de Burundi. El 24 de octubre, la Unión de Periodistas Burundeses y varias organizaciones de DDHH, entre ellas la Liga ITEKA, también fueron suspendidas.

Las investigaciones gubernamentales a algunos grupos de la sociedad civil han terminado, sin embargo, SOS Médias Burundi reportó el pesimismo de un director sobre poder trabajar con libertad.

La Asamblea Nacional también adoptó recientemente una ley que monitorea estrictamente las actividades de las ONG y limita su capacidad para recibir fondos. Adicionalmente, la cooperación interrumpida del Gobierno con la Corte Penal Internacional y la ACNUR indica el distanciamiento de las organizaciones nacionales e internacionales que monitorean la situación.

Los intentos por controlar las narrativas dominantes también han aparecido en las escuelas. El verano pasado, jóvenes estudiantes fueron arrestados por garabatear la imagen del presidente en los libros. Esto fue criticado por convertir desproporcionalmente la disciplina escolar en una criminal. SOS Médias Burundi reportó más de 200 estudiantes que fueron enviados a casa por sus escuelas, y que hasta el 16 de junio, el “fenómeno de garabatear” había afectado a por lo menos 580 estudiantes en 4 escuelas. El gobernador regional Emmanuel Niyungeko sostuvo que los fuertes castigos fueron justificados debido a que los estudiantes cometieron un “grave error”, puesto que, Nkurunziza es “la mano derecha de dios”.

Los funcionarios también anunciaron un censo étnico a los empleados del Estado para hacer cumplir las cuotas étnicas destinadas a asegurar que tanto Hutus como Tutsis, estén bien representados. Sin embargo, puesto que las cuotas no estaban diseñadas para extenderse a todos los empleados del sector público, algunos estaban preocupados por el prejuicio subyacente contra los Tutsis.

El Gobierno de Burundi parece haber establecido el control sobre la crisis, sin embargo, el reciente intento de asesinato del Ministro de comunicaciones, Willy Nyamitwe y el asesinato del Ministro de ambiente Emmanuel Niyonkuru, muestran que la seguridad y la paz todavía es inestable.

A medida que la crisis de seguridad política continúa, la escasez de alimentos y las dificultades económicas empeoran, los gestos de buena voluntad de la oposición y el gobierno; como la reapertura de los medios independientes, podrían ayudar a suavizar la confrontación y avanzar hacia un compromiso productivo.

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