Sin título. Imagen del usuario de Flickr Hinata-sennin. Licencia: CC BY 2.0.

El viernes 24 de febrero de 2017, la fiscalía del distrito Yokohama emitió una acusación por varios delitos, que incluyen cargos múltiples de asesinato e intento de asesinato en contra de Satoshi Uematsu. Uematsu, de 27 años, es un extrabajador del centro asistencial Tsukui Yamayuri-en (Jardín de lirios Tsukui) para discapacitados intelectuales en Sagamihara, prefectura de Kanagawa, que asesinó a 19 residentes del centro e hirió a otros 27 en la madrugada del martes 26 de julio de 2016. Esta acusación fue emitida después de que lo declararan mentalmente apto para enfrentar juicio el 20 de febrero.

La fecha para el juicio aún no se ha fijado, aunque se ha reportado que existe la posibilidad de que Uematsu enfrente un juicio de jueces legos. Según Asahi, «la investigación de siete meses, incluiodos cinco de evaluaciones psiquiátricas, dieron como resultado: 19 cargos por asesinato; 24 cargos por intento de asesinato; dos cargos por detención ilegal que causó daño; tres cargos por detención ilegal; un cargo por entrar ilegalmente a la instalación; y un cargo por violar la ley de control de armas de fuego y espadas».

La historia ha sido informada por todos los periódicos más importantes en Japón, no obstante, quizá lo preocupante de esto es la manera en que algunos, sino la mayoría de la prensa japonesa, han abordado el tema. Gran parte de la atención se ha centrado en el trastorno mental de Uematsu –fue diagnosticado con trastorno de la personalidad narcisista (NPD)– y en proporcionar posibles motivos que expliquen por qué cometió el crimen. Como Yomiuri Shimbun informó en un editorial el 25 de febrero, «el hombre permaneció bajo custodia durante cinco meses por una evaluación mental. Esto se dio probablemente así porque los fiscales asumieron un enfoque más cauteloso dado que el incidente fue inusualmente atroz».

Este incidente, desde el punto de vista de la cantidad de fallecidos y heridos, es el peor asesinato masivo que se haya dado en Japón desde la Segunda Guerra Mundial, por lo tanto, partiendo desde esa perspectiva, fue ciertamente un crimen «inusualmente atroz». Lo que no queda claro es por qué un crimen «inusualmente atroz» podría necesitar ‘un enfoque más cauteloso’. Sin lugar a dudas, el procedimiento estándar de recabar evidencia, interrogar al sospechoso y presentar la evidencia ante los fiscales con la esperanza de un juicio no cambia simplemente por la cantidad de muertos y heridos. El único elemento que en realidad vuelve este incidente inusual es que la mayoría de las víctimas eran discapacitadas. Otro aspecto que encuentro preocupante es la evidente necesidad de los medios por hallar una explicación más profunda para las acciones de Uematsu, considerando que él mismo hizo evidente cuál fue su motivación. Dijo, según se informa, al oficial de policía cuando se entregó luego de cometer el crimen, «Yo lo hice… Es mejor que los discapacitados desaparezcan».

Con esto no sugiero que los medios japoneses estén completamente equivocados en utilizar este incidente para acentuar el pobre historial del país en lidiar con la salud mental. Uematsu fue internado involuntariamente en un hospital a finales de febrero de 2016, y solo permaneció allí unos cuantos días antes de ser dado de alta. Albergar la esperanza de que este incidente haga que el país desarrolle una ‘intervención temprana’ efectiva para enfermos mentales es un sentimiento que debe respetarse, pero enfocarse únicamente en la salud mental del sospechoso le resta importancia a las víctimas, muchas de las cuales no serán nombradas, aparentemente a solicitud de los familiares. Sin embargo, existen algunos dentro de los medios japoneses, como Kazuhiro Nozawa, un editor para Mainichi Shimbun, que piensan que el tono de la cobertura habla del estigma japonés en relación a tener una discapacidad o tener un hijo con una discapacidad.

«El sospechoso en el caso Sagamihara», escribe Nozawa, «observó a los agotados guardianes de los residentes discapacitados en Yamayuri En, pensó que los discapacitados ‘solo pueden ocasionar desdicha’, por lo tanto, llegó a la conclusión que a estas personas deberían de aplicarles la eutanasia. Pese a que su idea es absurdamente retorcida, no se puede negar que la compasión que le generaron los guardias de los discapacitados forma parte de la base de su idea. Los reportajes del incidente en su mayoría se basan en la compasión hacia los guardias de las víctimas».

El interés de los medios por la posible enfermedad mental del sospechoso y la compasión hacia las familias de las víctimas desvía la atención de las víctimas discapacitadas, así como del equipo administrativo del centro asistencial Tsukui Yamayuri y su parte de responsabilidad en los asesinatos. De acuerdo con Kyodo News, la administración de la Prefectura de Kanagawa realizó una investigación sobre el incidente, donde concluyó que el proceder del centro fue «extremadamente inapropiado» al no compartir información que pudo haber afectado las vidas de sus residentes. El informe también aseveró que «si la información hubiese sido compartida con la prefectura, el daño podría haberse evitado… Si hubieran informado a la prefectura, se hubiera podido apoyar con equipo o personal de seguridad. Hubo un problema en el manejo de la crisis».

A pesar de este informe condenatorio, los medios no parecen criticar la forma en que operaba la institución, y el mismo equipo administrativo a cargo en el momento del incidente aparentemente conserva su puesto, lo cual es inusual. A manera de ilustración, debo comparar la manera en que los medios japoneses han brindado cobertura al incidente en Sagamihara con el ‘incidente de Dentsu‘. Dentsu es una importante compañía de publicidad japonesa cuyo presidente, Tadashi Ishii, renunció a su cargo en diciembre de 2016, un año después de que uno de sus empleados, Matsuri Takahashi, cometiera suicidio como consecuencia de la sobrecarga laboral. En ese caso, la protesta pública y la presión mediática jugaron un papel importante para forzar al presidente de la compañía a renunciar. Al parecer, no se ha ejercido una presión similar sobre la administración del centro asistencial Tsukui Yamayuri.

Al final, nadie desea causarle más aflicciones a las familias de las víctimas. No obstante, si el gobierno japonés sinceramente desea mejorar la vida de las personas discapacitadas, tras el incidente en Sagamihara, las actitudes hacia los discapacitados necesitan cambiar en el país; particularmente el estigma a los discapacitados debe ser eliminado. Cómo afirma Suzanne Kamata, una antigua residente de Japón y madre de una hija con una discapacidad: «el primer paso hacia la normalización es la visibilidad. ¿Cómo podemos lamentar la pérdida de aquellos que les es negada su humanidad? Muéstrenos sus caras. Revelen sus nombres».

Michael Gillan Peckit es un académico que reside en Kobe y autor del libro electrónico Historia de un gaijin: Relatos de un hombre discapacitado británico en Japón.