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Mexicanos se oponen a la militarización del país : “Nos están matando las balas, no las drogas”

Imagen ilustrativa publicada bajo licencia Creative Commons (CC0, del Dominio Público). Tomada del sitio web ‘Pexels’.

Cynthia se dirigía a la playa de Matamoros, en el estado de Tamaulipas, al norte de México. Iba en compañía de sus dos hijos, sus hermanos y su esposo. En el camino se encontraron con un retén de militares que pasaron de largo. No les indicaron que se detuvieran.

Sin embargo, unos metros más adelante, los uniformados dispararon contra la parte trasera del vehículo en el que viajaba la familia. Los dos hijos de Cynthia murieron. El de 10 años recibió un balazo en la espalda. El pequeño de cinco años quedó sin vida entre sus brazos.

El testimonio de Cynthia, que desafortunadamente es solo un ejemplo de las numerosas violaciones a los derechos humanos cometidas por militares que se han denunciado durante la ¨guerra contra las drogas”, forma parte de la campaña ciudadana Seguridad Sin Guerra, que busca detener una propuesta de ley que daría más poder al actuar del ejército en México.

Contra la militarización del país

Ciudadanos, organizaciones de la sociedad civil, académicos, periodistas, activistas, familiares de desaparecidos y víctimas de la intervención militar se han unido para impulsar la campaña con la idea de detener el plan del gobierno de normalizar la presencia militar en la seguridad pública.

El sitio web Sinmilitarizacion.mx informa que, de aprobarse la llamada Ley de Seguridad Interior, la intervención del ejército en la vida pública sería mayor. Tendrían permiso para intervenir en manifestaciones pacíficas, investigar, tomar declaraciones, recibir denuncias y detener a presuntos delincuentes – tareas que deben tener la policía y los ministerios públicos. En su lugar, la campaña propone que en vez de aprobar la ley, se prepare mejor a los policías.

A través de la página antes citada también se enumeran las razones que han llevado a la ciudadanía a manifestarse contra la idea de normalizar la presencia del ejército en cada esquina del país. Entre ellas, destaca la que el propio Secretario de la Defensa expresó:

El ejército y la policía no se pueden intercambiar. A las fuerzas militares las entrenan para usar la fuerza contra un enemigo armado y vencerlo. La policía está pensada para enfrentar las amenazas a la seguridad con la menor cantidad de fuerza posible y combatir delitos con la cooperación de la población. Eso es lo que dice también la Constitución.

Por su lado, el filósofo y ex-diputado Fernando Belaunzarán, en un artículo para el Mexican Times se aventuró a vislumbrar las razones que podría tener el gobierno para defender a las Fuerzas Armadas como garantes de la seguridad en el país:

(…) El ejército goza de una confianza del 42%, cuatro veces más que la del gobierno federal que está en 10%. Eso explica que el gobierno haya caído en la tentación de presentarse como ariete en patrioteras respuestas al supuesto honor mancillado de las Fuerzas Armadas por parte de quienes cuestionamos las iniciativas de Ley de Seguridad Interior que están a discusión en el Congreso.

Belaunzarán responde con esto a la defensa que hiciera el presidente Enrique Peña Nieto al ejército y continúa con una advertencia del peligro que significa mantener esta política:

Lo grave no es que el gobierno se equivoque al pensar que los militares le transmitirán prestigio social por convertir al gabinete y al mismo titular del Ejecutivo en sus apologetas sino que, por una parte, elude el tema de fondo que tiene que ver con la insistencia en mantener una desastrosa estrategia de combate al narcotráfico que ha escalado la violencia sin visos de resolver ningún problema, y por la otra desnaturaliza su función al meterlos a la arena electoral, haciéndolos más vulnerables al desgaste público.

“No nos están matando las drogas, nos están matando las balas”

Durante el gobierno de Felipe Calderón (2006-2012) el ejército salió a las calles con el pretexto de pelear una supuesta guerra contra el narcotráfico y las drogas. Desde entonces, la violencia en el país se generalizó y se generó una crisis de derechos humanos. De acuerdo con la campaña, se han reportado más de 30 mil desaparecidos, 166 mil muertos y un aumento del número de grupos criminales (de 8 a 200). Se ha observado además que el ejército tiene un nivel de fatalidad inusual: mata a ocho personas por cada una que hiere. Por tales motivos, organizaciones civiles consideran esta ley como “una amenaza para la democracia”.

Pedro Reyes, un artista plástico que ha trabajado con temas de violencia en el país, forma parte de la campaña y asegura que lo que mata hoy a los mexicanos no son las drogas, sino la “guerra” contra ellas:

En México, por una persona que muere por uso de drogas, 12 personas mueren por la guerra contra las drogas. No nos están matando las drogas, nos están matando las balas.

Como parte de la campaña se invita al público a unirse y firmar la misiva que se enviará a los diputados, encargados de rechazar o aprobar la propuesta de ley el próximo 30 de abril, la cual ha sido considerada por algunos ciudadanos como una “ley golpista“.

En Twitter, las personas han expresado su sentir sobre la iniciativa de ley:

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