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Reino Unido es uno de los mayores proveedores de armas en el mundo – y está intentando prohibir los boicots a las armas

Protesta contra el comercio de armas a Israel, 21 de noviembre de 2014. Fuente: sitio web de BDS Movement.

La industria armamentista del Reino Unido está catalogada como una de las más grandes a nivel global, solo detrás de Estados Unidos. Se ha implicado en atrocidades y abusos en contextos varios, lo que se hizo evidente recientemente con las bombas de racimo que proporcionó a principal cliente, Arabia Saudita, en su guerra en Yemen. La Campaña contra el Comercio de Armas (CAAT, por su nombre en inglés) ha llevado a juicio al gobierno británico por esas acusaciones en múltiples ocasiones:

Por qué estamos ante un tribunal para decir que el Reino Unido debe dejar de armar a sauditas; 3500 niños asesinados o heridos en Yemen.

Junto a los ejemplos frecuentemente mencionados de Arabia Saudita, Bahréin e Israel, las armas fabricadas en Reino Unido han sido vendidas también en masa en México, donde los asesinatos, las desapariciones masivas y el desplazamiento masivo de civiles en la guerra contra el narcotráfico han convertido al país en uno de los más violentos del planeta. Las licencias de exportación de productos para uso militar y de seguridad que confirió Reino Unido a Turquía, valoradas en 466 millones de libras esterlinas entre 2013 y 2016, han sido utilizadas para reprimir de manera brutal y generalizada a la sociedad civil y a los kurdos.

Por medio de convenciones de mercado “libre” como la exhibición de Seguridad y Vigilancia (S&P), y eventos privados como la Feria Internacional de Equipo de Defensa y Seguridad (DSEI), el Reino Unido permite que las compañías locales e internacionales exhiban algunas de las armas más letales del mundo. Además es el hogar de unos de los principales proveedores de programas de vigilancia del mundo, Gamma Group.

La red “Stop the Arms Fair!“, grupo de activistas que intentó detener la feria DSEI a realizarse en septiembre de 2017, resaltó recientemente el papel del Reino Unido en la venta frecuente de equipo de vigilancia y armas a gobiernos conocidos por sus abusos de derechos humanos, entre estos Arabia Saudita, Bahréin, Etiopía y Venezuela.

En la feria de armas “privada” del Reino Unido, venden equipo de vigilancia y gases venenosos a torturadores.

El periodista Cahal Milmo escribió recientemente en inews.co.uk:

The Government has approved more than 152 licences to export non-lethal arms abroad since 2010, including some £182,000 of tear gas or irritant ammunition due to be sent to Saudi Arabia in 2015 and crowd control ammunition worth £6.1m cleared for sale to the United Arab Emirates in 2014.

El gobierno ha aprobado más de 152 licencias para exportar armas no letales desde 2010, incluidos algunos gases lacrimógenos de 182 000 libras esterlinas, o munición irritante, que envió a Arabia Saudita en 2015, y munición para controlar multitudes valorada en 6,1 millón de libras que autorizó para su venta a Emiratos Árabes Unidos en 2014.

A medida que negocia su salida de la Unión Europea, Reino Unido centra su atención en expandirse en este campo, según el libro verde post Brexit y uno de los ministros responsables de salir de la Unión Europea, el parlamentario David Jones.

En febrero de este año, Reino Unido se mostró decidido en su posición cuando anunció sus planes de prohibir a los ayuntamientos, a las fundaciones del Servicio Nacional de Salud (NHS), entidades públicas y algunos sindicatos de estudiantes universitarios que boicoteen, despojen o sancionen una industria o Estado, “a excepción donde el gobierno ya haya impuesto sanciones formales jurídicas, embargos o restricciones”.

Reino Unido quiere prohibirle a las entidad públicas que boicoteen, despojen o sancionen una industria o Estado.

La ley antiboicot se basa en el esfuerzo constante del Ministerio de las comunidades y administración local de prohibir a las entidades financiadas con fondos públicos que boicoteen países o licitaciones de proveedores con sedes en el extranjero, con fundamentos éticos. Esto afecta a las políticas de los fondos para la adquisición de bienes y servicios, pues varias entidades públicas se rigen por políticas de adquisición ética que les impide invertir o comprar productos específicos. Esto también afecta la manera en que esas organizaciones invierten en planes de pensiones, donde los fondos se combinan para formar “fondos comunes” o “fondos soberanos”. Los ministros de gobierno han advertido que infringir esta ley conllevará sanciones “severas“.

Como respuesta a esa nueva norma, uno de los sindicatos más grandes del Reino Unido, UNISON, enfatizó: “La política de inversión debería ser un asunto de los miembros del plan y de quienes toman decisiones, no para que el gobierno intervenga”. El año pasado, la Asociación de Pensiones y Ahorro Vitalicio, que representa a más de 1300 planes de pensión, expresó también que esas normas podrían obstaculizar los intereses de los afiliados a los fondos de pensión.

Protesta “detengan la feria de armas” para evitar que Reino Unido arme a Israel, 7 de septiembre, 2015. Fuente: Facebook.

Muchas campañas reconocen el papel histórico y crucial que han tenido los ayuntamientos para promover los derechos humanos y fortalecer procesos que tienen un efecto en las normas internacionales. En las décadas de 1960 y 1970, más de cien autoridades locales en el Reino Unido optaron por prohibir mercadería proveniente de Sudáfrica; en 1981, el Consejo de Strathclyde dejó de invertir en fondos de pensión en compañías que tuvieran filiales en ese lugar.

Un ejemplo más reciente fue en 2014, cuando el consejo municipal de la ciudad de Leicester aprobó una política para boicotear productos provenientes de los asentamientos israelíes ilegales en Cisjordania, en un esfuerzo de proteger los derechos del pueblo palestino. En 2015, el concejo municipal de la ciudad de Birmingham amenazó con no renovar su contrato de eliminación de desechos con la compañía francesa Veolia, a menos que esta desistiera de su trabajo en Cisjordania.

En respuesta a esas acciones el secretario de comunidades Sajid Javid dijo: “tomaremos medidas drásticas contra esos boicots inadecuados e innecesarios de una vez por todas”. El secretario de estado, Matthew Hancock, agregó que la prohibición del boicot “ayudará a evitar daños y políticas exteriores locales contraproducentes que debilitan nuestra seguridad nacional”.

“Tomaremos medidas drásticas en contra de esos boicots inadecuados e innecesarios de una vez por todas”.

Ryvka Barnard, directora de campaña para la organización activista War on want con sede en el Reino Unido, afirma que el gobierno británico ha convertido explícitamente su blanco de acoso al Movimiento de Boicot, Desinversión y Sanciones (BDS), que, entre otras cosas, exige el cese de la ocupación israelí en tierra palestina, y a los movimientos anticomercio de armas, como parte de las medidas represivas generalizadas a los derechos humanos y la elección del consumidor.

Ryvka Barnard, War on Want: el gobierno ha atacado explícitamente a los movimientos BDS y anticomercio de armas, parte de las medidas represivas generalizadas a las libertades.

Permitir abusos de los israelíes

La ley sobre la prohibición de boicots presuntamente sigue el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP) de la Organización Mundial de Comercio, que se centra en el acceso al mercado internacional, para tratar con proveedores sin miedo ni favoritismo. El acuerdo ha “abierto a la competencia internacional (es decir, a proveedores adscritos al acuerdo que ofrecen bienes, servicios o servicios de construcción) actividades de adquisición valoradas en 1,7 billones de dólares estadounidenses anualmente”. Puede que para el Reino Unido sea difícil de reconocer, pero War on Want enfatiza que este acuerdo “absolutamente permite los boicots/exclusión de compañías con base en sus prácticas, no basándose arbitrariamente en sus países de origen”.

Las normas británicas actualmente están orientadas a los combustibles fósiles, productos de tabaco, productos fabricados en asentamientos israelíes que ocupan Cisjordania y compañías involucradas en el comercio de armas. Aun así, Andrew Smith de CAAT manifiesta que esas restricciones podrían tener repercusiones graves para todos los grupos.

El motivo principal para prohibir el boicot en el Reino Unido es eliminar la presión ejercida por un embargo bilateral de armas sobre Israel promovido por los grupos como War on Want, y la de los consejos para boicotear los productos provenientes de los asentamientos israelíes. Por tal razón, la ley antiboicot obligará a las instituciones financiadas por el Estado a someterse a los intereses de su política exterior; una estrategia esclarecedora a la luz de su comercio de armas, particularmente cuando se trata de Israel.

La ley antiboicot obligará a las instituciones del Estado a someterse a los intereses de su política exterior.

Las solicitudes de licencias de exportación de armas británicas presuntamente son “evaluadas de manera individual contra criterios estrictos“, para asegurar que estas no sean utilizadas en agresión externa, represión interna u otro comportamiento delictivo. No obstante, los términos para clasificar un arma como tal son turbios.

En la práctica, aparentemente solo se realiza una revisión mínima. Los criterios de evaluación se prestan para interpretaciones amplias, por lo tanto, muy pocas licencias han sido anuladas o revocadas. Barnard enfatizó que el Reino Unido no posee un control adecuado sobre la venta de armas: a pesar de que resaltó a Israel como un país que suscita preocupación mediante su proceso de evaluación, en 2016 autorizó exportaciones de armas de más de 100 millones de libras a ese país.

El comercio bilateral de armas entre Reino Unido e Israel

Este comercio es beneficioso y extremadamente rentable para ambos Estados.

Con un sector militar conformado por más de 200 compañías privadas y públicas, y promocionando armas “probadas en combate en territorio palestino ocupado”, Israel se ha convertido en el principal exportador de drones en el mundo. En 2012 fue catalogado como el sexto exportador más grande de armas; el valor de sus exportaciones se duplicó de 3,5 mil millones de dólares en 2004-2007 a 7,1 mil millones de dólares de 2008 a 2011.

Israel vende armas al Reino Unido valoradas en millones de libras, y la firma de seguridad informática Elbit Systems le proporcionó tecnología teledirigida de 110 millones de dólares para utilizar en Afganistán e Iraq. Al mismo tiempo, la milicia y las compañías israelíes dependen de las compañías británicas de defensa especializada para obtener armas de “doble uso” que pueden emplear en despliegues militares y civiles.

CAAT, War on Want y la Campaña de Solidaridad Palestina (PSC) documentaron esta relación en un informe que realizaron en conjunto titulado “Armando al apartheid: la complicidad del Reino Unido en los crímenes cometidos por Israel en contra del pueblo palestino”.

Este informe incluye detalles sobre el papel de G4S, una de las compañías de seguridad más grandes en el mundo, cuya sede se encuentra en Reino Unido. Acusada de complicidad en una variedad de abusos, en 2014, la compañía terminó algunos aspectos de su trabajo con Israel; no obstante, la campaña en contra de G4S en Israel apenas está empezando.

Protesta contra G4S realizada por War on Want, 10 de marzo, 2016. Fuente: Facebook.

En 2005, el Ministerio de Defensa adjudicó un contrato de alianza estratégica valorado aproximadamente en un mil millones de libras esterlinas a UAV Tactical Systems Ltd (U-TacS), una empresa de Thales UK y Elbit Systems. Esto aseguró el desarrollo del dron para vigilancia Watchkeeper WK450 del Reino Unido; War on Want advierte que este está basado en un modelo que fue “probado en el campo” palestino ocupado durante los ataques en Gaza.

Reino Unido también autoriza licencias a compañías que venden piezas de armas a Israel, incluyendo el dron Hermes. La Fuerza de Defensa Israelí utiliza este dron para vigilar y bombardear a los palestinos en Gaza. Esto fue particularmente evidente durante la operación Margen Protector en 2014, donde mataron a aproximadamente a 1460 palestinos.

El dron Hermes, utilizado como tecnología de vigilancia mejorada para identificar objetivos y dirigir misiles y ataques de bomba, ha sido descrito por la fuerza aérea israelí como “el pilar de sus misiones de selección de blancos y reconocimiento“.

El Reino Unido no solo le proporciona a Israel drones y tecnología teledirigida, piezas para armas, control de armas, equipo de selección de blancos y municiones, sino también prendas a prueba de balas, munición para arma pequeña y vehículos blindados, muchos de los cuales son utilizados para acosar, asesinar y reprimir a los palestinos.

Es evidente que si la ley antiboicot avanza como está planificado, se van a limitar las libertadas públicas. Convertir los llamados pacíficos a boicotear y liquidar en delito amendrentará a los organismos públicos y les negará su oportunidad de desvincularse del comercio de armas profundamente enraizado y extenso entre Reino Unido e Israel. Y como preguntó Peter Frankental, director del programa para las relaciones económicas del Reino Unido de Amnistía Internacional:

Where’s the incentive for companies to ensure there are no human rights violations…when public bodies cannot hold them to account by refusing to award them contracts?

¿Dónde está el incentivo para asegurar que las compañías no cometan violaciones de derechos humanos… cuando las entidades públicas no pueden hacerlas responsables por rehusarse a adjudicarles contratos?

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