El régimen sirio está librando una guerra de documentos con sus ciudadanos

Esta historia fue estcrita originalmente para SyriaUntold ^[1] en colaboración con Open Democracy. Se reproduce aquí como parte de un acuerdo de asociación.

Una de las más antiguas manifestaciones de la corrupción del gobierno sirio ha sido siempre el bloqueo y manipulación de documentos oficiales. Con demasiada frecuencia, los disidentes políticos se han visto despojados de sus derechos civiles, licencias profesionales y propiedades personales ^[2]. Hasta ahora, los ciudadanos están obligados a pagar sobornos a servidores civiles o se arriesgan a que sus papeles se retrasen interminablemente.

Rula trabajaba en el departamento de marketing de una de las principales empresas de ropa al por menor en Siria cuando Bashar Al-Asad llegó a la presidencia en el año 2000. “Mi puesto me mostró la escala de corrupción y fraude que controlaba el país. Por ejemplo, si una empresa pagaba anualmente 500,000 SYP [cerca de 10,000 dólares en ese momento] por impuestos, pagaría 5 millones en sobornos que terminaban en los bolsillos de empleados estatales. Esa es la proporción. Y puedes hacer lo que quieras. Cualquier cosa, siempre que pagues”, dijo Rula a SyriaUntold en Dubái, donde vive actualmente.

En años recientes, en que la opresión política alcanza nuevos niveles, incluidos crímenes de guerra ^[3] y la proliferación de armas prohibidas ^[4], la corrupción ha aumentado y se usa como herramienta de guerra contra la oposición, y una enorme fuente de ingresos generados por la guerra a expensas de la población en general.

Vida y muerte

Después del inicio del levantamiento en 2011, el régimen empezó a usar tácticas más penosas para chantajear a las personas. Primero, por razones políticas, luego por extorsión financiera también. Cuando el régimen abrió fuego en las manfestaciones, mató a detenidos bajo tortura o bombardeó barrios civiles, las afligidas familias enfrentaron una doble tragedia: además del duelo por sus seres queridos, el régimen retenía información sobre el destino de los arrestados, probablemente muertos en custodia o en hospitales. Eso evitaba que las familias tuvieran certeza alguna de la muerte de sus seres queridos.

Pero incluso cuando las fuerzas de seguridad decidieron informar de la muerte, a menudo retenían los cadáveres y documentos oficiales que pertenecían a las víctimas, hasta que las familias firmaran declaraciones ^[5] donde acusaban a “bandas de terroristas armados” de haber matado a sus parientes. Esto ocurría ya en 2011, dos años antes de que se formara el grupo islámico militante Estado Islámico. Cuando la escala de las muertes aumentó, los sobornos se convirtieron en procedimiento rutinaria a cambio de entregar esa prueba documentada, lo que creó una floreciente industria paralela de funcionarios de seguridad que pasaban por alto las matanzas sistemáticas.

Sin embargo, como esto ocurría extrajudicialmente, en los calabozos de seguridad con mediadores civiles que manejan los pagos de los sobornos que están de acuerdo en todo verbalmente, también hubo muchos casos donde los documentos entregados fueron manipulados.

El caso más famoso fue el de la joven Zainab al-Hosni ^[6] de Homs. A fines de julio de 2011, Zainab desapareció y su familia pensó que las fuerzas de seguridad la habían arrestado. Dos meses después, una morgue estatal envió a la familia un cadáver mutilado y les dijeron que era el cuerpo de su hija, pero solamente se les permitió llevárselo después de firmar la habitual acusación de “bandas armadas”. La familia estaba furiosa. La oposición y los medios internacionales rápidamente difundieron la noticia ^[7] como mayor pueba de crímenes del régimen.

Unos días después, se propaló un video ^[8] en televisión estatal siria con una entrevista con la muchacha, donde afirmaba que estaba viva y en buen estado, para desacreditar a los medios de oposición a pesar de la evidencia entregada a su familia. La identidad del cuerpo mutilado sigue siendo un misterio ^[9] hasta ahora.

La manipulación de documentos también tiene muchas consecuencias legales que impiden que las familias sigan con sus vidas. Por ejemplo, las «viudas» no saben si siguen casadas o no años después del arresto de sus esposos. No se pueden divorciar legalmente ^[10] o volver a casarse hasta que los tribunales reconozcan ^[11] que sus esposos están desaparecidos ^[12], y este proceso puede tomar hasta cuatro años. Recibir este reconocimiento oficial a menudo depende de la capacidad de la mujer de cumplir con pedidos de jueces corruptos.

También, de acuerdo con leyes sirias ^[13], una madre no puede emitir documentos oficiales, como pasaportes, para sus hijos, aunque tenga su custodia legal, o si sigue casada con el padre. En ausencia del padre, un hombre de la familia del padre puede emitir esos documentos si ofrece razón suficiente para la ausencia del padre. Los empleados del gobierno son quienes consideran si hay razón suficiente, y su flexibilidad también está sujeta a sobornos.

Ghada, 57 años, perdió a su hijo en un bombaerdeo del régimen en el asedio a Homs (2012-14). Ya lo buscaba el régimen por su activismo. Como resultado, su familia no pudo enterrarlo en el cementerio familiar.

Pero ese no fue el único problema. “Solamente tengo otro hijo, que iba a ser reclutado en el servicio militar si no podíamos emitir un certificado de defunción para el hermano fallecido”, explicó. Según la ley de reclutamiento siria, los hijos únicos están exonerados ^[14] del servicio obligatorio.

“Tomó meses de trabajo hasta que finalmente logramos obtener su certificado de defunción”, algo que le costó varios cientos de dólares en 2013. Ahora, el costo a menudo es de miles, dependiendo de la necesidad del documento y la capacidad financiera del ciudadano chantajeado.

Educación

Ni los escolares se libraron de ser usados como fichas de cambio en esta guerra por documentos oficiales.

Aunque el régimen continuó ^[15] pagando sueldos a los profesores en colegios públicos en territorio a manos de la oposición, a veces se ha negado a reconocer la legitimidad de los exámenes nacionales. Esto fue particularmente perjudicial para estudiantes de noveno y duodécimo grados [niveles bajo y alto de secundaria] que rinden exámenes de calificación a nivel nacional para que se les otorgue un certificado oficial de graduación que les permita continuar con sus estudios.

El régimen esparce la narrativa de que no pudieron verificar que se hubieran seguido los procedimientos adecuados para evitar trampas y fraudes en zonas controladas por la oposición. Particularmente, esas prácticas están en aumento hasta en las zonas que tiene el régimen, junto con una demada sin precedentes de certificados académicos falsificados ^[16], que ha motivado que muchos países rechacen calificaciones académicas emitidas en Siria después de 2011.

En algunos casos, como resultado de negociaciones exitosas con las partes en control de cada zona, se aceptaron las pruebas o se permitió a los estudiantes salir de sus barrios sitiados para rendir las pruebas. Sin embargo, en otros casos ^[17], estudiantes y profesores deben soportar amenazas y pagos adicionales para llegar a los territorios en poder del régimen.

Mohammad, 32 años, maestro de noveno grado en el sitiado este de Ghoutah, habló del doloroso viaje en el que llevó a sus alumnos a comienzos del verano de 2015. “Nos tomó 27 horas cruzar los interminables puntos de control a través del asedio hacia Damasco. Esta ruta me tomaba 20 minutos antes”.

El viaje fue más arriesgado para el propio Mohammad, que ha perdido a dos hermanos en los últimos cuatro años, y se ha convertido en único hijo de sus ancianos padres. La posibilidad de que lo recluten siempre está presente.

Donde Mohammad tuvo suerte, Umm Ghyath, de 50 años, no la tuvo. Como trabajadora administrativa de una secundaria pública en la parte rural de Alepo, controlada por la oposición, acompañó a niñas de noveno grado a rendir sus exámenes a la ciudad de Alepo, pero la revisaron en un punto de control en el camino de vuelta. Le encontraron una gran cantidad de efectivo.

“Les expliqué que eran los sueldos de jubilación de colegas profesores que no pudieron hacer el riesgoso viaje a Alepo a cobrar. Les mostré las autorizaciones legales que me habían entregado para usar sus tarjetas de débito, pero [los guardias] dijeron que esos trabajadores retirados eran buscados miembros del Ejército Sirio Libre, me confiscaron el dinero y me arrestaron”.

“Les dije: ¿Cómo puedo saber si son biuscados o no? ¿Por qué les siguen pagando sus sueldos si son miembros del Ejército Sirio Libre? Son jubilados”. Estuvo incomunicada en una sede de seguridad durante tres semanas, solamente para que la liberaran sin acusarla. Nunca le devolvieron el dinero.

En las universidades, la situación no es mejor. Ramia Shami tuvo que irse de Siria luego de sus exámenes finales, pero antes de que la constancia de su graduación estuviera lista para ser emitida. Le dio a su madre autorización legal para que siguiera el proceso en su nombre y dejó el país para siempre. Luego de nueve meses de intentarlo, finalmente se dieron por vencidas en obtener el certificado.

“No pude pedirle que siguiera más en este agotador juego sin sentido”, dijo Ramia. Explicó que a su madre le pidieron que presentara su diploma de secundaria para que le emitieran el respectivo diploma, aunque ya lo había presentado para inscribirse en la universidad cuatro años antes.

Aunque su madre explicó a los empleados de la Universidad de Damasco que el diploma original se había perdido pues estaba en la casa de Ramia, ahora en una inaccesible zona controlada por los rebeldes, se negaron a emitirle su constancia de graduación. La situación se hubiera podido resolver con sobornos, pero no quisieron pagar. “¡Cuatro años de estudio perdidos así como así!”, se lamentó.

Autorizaciones legales

Dado que casi un tercio de los sirios ha abandonado el país, las autorizaciones legales ^[18] de los ciudadanos que viven en el extranjero que permiten a sus representantes actuar en su nombre se han vuelto una manera esencial de procesar todos sus documentos y asuntos en el país.

Como resultado, la corrupción del régimen ha aprovechado esta oportunidad. Se introdujo una nueva autorización de seguridad ^[19] como prerrequisito para emitir muchos documentos oficiales, incluidas autorizaciones legales ^[20] proclamadas por embajadas sirias, con lo que se bloquea el derecho de los ciudadanos sirios que viven en el extranjero pues se les considera políticamente no gratos o no pueden (o no qiueren) pagar sobornos.

Nada, 36 años, que está en Europa estudiando un doctorado desde hace tres años, nos contó de la lucha de su madre para salvar su casa en Homs. Nada firmó un acuerdo para un proyecto inmobiliario público hace más de una década, y desde entonces ha pagado cuotas mensuales. Tras varios años de retraso, en 2016 la casa estuvo lista finalmente.

Sin embargo, Nada había estado activamente involucrada en hablar públicamente sobre las atrocidades del régimen. “Mi madre apoya al régimen, y no me habla desde hace casi dos años por esto”. Aun así, la ironía vino cuando su madre debió enfrentar la corrupción y malversación del régimen, y quedó impedida de actuar en nombre de Nada para recibir su casa debido a le habían negado la habilitación de seguridad.

“Solamente queríamos darle buen uso”, explicó la candidata al doctorado. “Ahora hay muchas personas sin hogar en Homs que la necesitan. Ahora no la puedo arrendar, ni vender ni hacer nada con la casa”. Teme que la falta de seguridad hará que afiliados del régimen confisquen su casa y la usen para ellos.

Ciudadanía y circulación

Para el resto del mundo, el aspecto más preocupante de este despotismo burocrático se relaciona con los pasaportes ^[21]. El régimen siempre ha usado los pasaportes como herramienta de control de la circulación global. Controlar los pasaportes significa controlar quién sale del país y cómo, quién puede viajar al extranjero y quién no, quién se ve obligado a pedir asilo y a quién se le despoja de su ciudadanía y se convierte en apátrida.

Una gran proporción de sirios que se mudaron a países vecinos como Turquía, Jordania o Líbano, salieron sin pasaportes, ni ningún otro documento, después de huir de sus casas bombardeadas donde muy probablemente sus documentos habían sido destruidos.

Esto también quiere decir que estos sirios están varados en cualquier país que los acepte, sin poder salir legalmente. Esta situación demostró ser muy rentable para los contrabandistas, que se convirtieron en la única opción de estas personas de salir de los países que los acogían.

Intentar emitir pasaportes nuevos en embajadas sirias en países anfitriones fue imposible durante varios años. Desde 2011 y durante todo 2012, las embajadas del régimen ^[22] en Jordania, Turquía y muchos otros países ^[23] no funcionaban regularmente. Además, desde 2013, el régimen endureció las condiciones de seguridad para la emisión de pasaportes, e implementó revisiones para verificar que los solicitantes no estuvieran “acusados” de disidencia por lo que les pedían que entregaran los pasasportes antiguos, a menudo perdidos.

Duriante este periodo, muchos sirios se vieron obligados a pedir asilo en sus países de residencia, no por razones financieras o permisos de residencia, sino porque la falta de documentos de identificación válidos motivó que su residencia, de otra manera legal, fuera imposible en esos países.

Los mercados negros ^[24] para pasaportes falsos o robados surgió como consecuencia, y a menudo incluyen a funcionarios corruptos del régimen. Para complicar más las cosas, los mercados se expandieron más allá de las necesidades de los sirios que no pueden obtener los pasaportes a los que tienen derecho por parte de un régimen, e incluyeron a solicitantes de asilo de varios países que querían beneficiarse del asilo humanitario ofrecido a ciudadanos sirios.

Por ejemplo, en Alemania, Nader, de 42 años, nos contó su experiencia como intérprete voluntario en un centro de refugiados en el verano de 2015: “Como muchos llegaron sin documentos, o con documentos falsos, algunos colegas alemanes nos pedían que usáramos pistas con el dialecto para evaluar si la persona era siria o no”. A Nader no le gustaba esta tarea. “El acento de los sirios de Dayr az-Zawr es muy parecido al de los iraquíes”, explicó. No solamente era difícil, sino que a Nader le parecía étnicamente difícil, pues las personas de ambos lados de la fronteras sirio-iraquí podrían estar huyendo de la misma opresión de ISIS o de bombardeos aéreos de la coalición liderada por Estados Unidos.

Finallmente, bajo presión internacional y necesidad financiera de moneda extranjera ^[25], el régimen cedió en 2015 y volvió a emitir pasaportes ^[26] para ciudadanos sirios, incluidos los buscados por activismo o recultamiento. El costo por obtener un documento oficial de viajes se duplicó, y se cobraba en dólares para los solicitantes en el extranjero. A finales de marzo, volvió a duplicarse ^[27], y llegó a los $800 para un procesamiento acelerado, a diferencia de los menos de $100 que costaba antes de 2011.

Sin embargo, esto no siginficó el final de los chantajes contra los activistas, pues los controles de seguridad siguen complicando aleatoriamente el proceso con algunas personas, lo que a veces causa meses de demora. A menudo, se pide a los solicitantes que envíen sus pasaportes antiguos antes de recibir el nuevo, lo que los deja a merced del régimen y los obliga a pagar los sobornos que sean necesarios además de los costos oficiales.

Complacencia internacional

Más recientemente, el régimen está usando un nuevo método, relacionado con conformidad internacional: disacreditar pasaportes como robados a cancelados. Ese fue el caso de la laureada periodista y activista Zaina Erhaim ^[28], a quien las autoridades británicas le confiscaron el pasporte ^[29] en el aeropuerto a su llegada a Londres en septiembre de 2016.

Cuando pidió una explicación, varada en el aeropuerto con su bebé recién nacida, el personal del Ministerio del Interior le mencionó de manera imprecisa que su pasaporte había sido “denunciado como robado”, con poca explicación de la naturaleza de esas “denuncias”.

Esta respuesta llegó como una sorpresa para la periodista, pues no le preguntaron si en realidad era o no Zaina Erhaim. Las autoridades británicas habían aceptado la acusación de que ella había robado su propio pasaporte. Al comentar sobre este episodio, un portavoz del Ministerio del Interior dijo ^[30] a The Guardian: “Si un gobierno extranjero denuncia el robo o pérdida de un pasaporte, no tenemos más opción que confiscarlo”.

Las autoridades de Estados Unidos también parecen estar conformes con el control del régimen de documentos oficiales, como en el caso de Khaled al-Khatib, director de fotografía del documental corto ganador del Óscar «Los cascos blancos ^[31]«. A Al-Khatib le concedieron una visa de visitante a Estados Unidos para asistir la ceremonia de premiación. Sin embargo, le impidieron abordar el avión en Turquía en febrero y las autoridades turcas le dijeron que su visa había sido “cancelada”.

Las autoridades estadounidenses tenían la opción de no aplicar los requisitos del pasaporte y permitirle abordar el vuelo, pero eligieron no hacerlo, a pesar de conocer bien los antecedentes del régimen en perseguir a los disidentes.

La explicación del funcionario del Departamento de Seguridad Nacional para bloquear a al-Khatib es recibieron “información despectiva ^[32]” sobre él, término muy amplio que podría incluir irregularidades con el pasporte así como a problemas de seguridad. Cuando se le pidieron aclaraciones, un funcionario de oficina de Siria del Departamento de Estado de Estados Unidos dijo a SyriaUntold que “para viajar a Estados Unidos, los viajeros de Siria deben tener una visa y un pasaporte válidos”. Esta respuesta automática ^[33] ha sido la única concedida a los medios por autoridades estadounidenses.

Se usaron pseudónimos por razones de seguridad, con excepción de Zaina Erhaim y Khalid al-Khatib.