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¿Están investigando en Trinidad y Tobago la prestación de vivienda del presidente como se prometió?

Categorías: Caribe, Trinidad y Tobago, Activismo digital, Derecho, Gobernabilidad, Medios ciudadanos, Política
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Segundo párrafo: «Se me indica que la Ley de Libertad de Información, que rige la soliicitud de su cliente, no se aplica al presidente en virtud de la sección 5 (1) (a) y excluye, en parte o en todo, la revelación de esa información. Por lo tanto, rechazamos respetuosamente su solicitud». Captura de pantalla de una parte de la carta enviada al abogado de Rhoda Bharath sobre una petición para obtener información de la Oficina del Presidente.

Rhoda Bharath, la catedrática universitaria de Trinidad y Tobago que, allá por septiembre de 2016 [2], llevó las prestaciones presidenciales por vivienda a la atención del público, publicó un nuevo video en Facebook Live [3] para brindar una actualización de las novedades —o la falta de novedades.

Los usuarios de redes sociales [4] del país han estado al tanto de las actualizaciones periódicas de Bharath, y la conversación en la red ha conseguido mantener la presunta mala administración de la oficina pública en el centro de atención, aun cuando los principales medios y grupos de la sociedad civil [5] parecen no seguir insistiendo con el tema.

Los Servicios Policiales de Trinidad y Tobago (TTPS por su nombre en inglés) anunciaron el 15 de enero que una unidad anticorrupción comenzaría a investigar [6] la recepción del presidente Anthony Carmona de una prestación mensual por vivienda, de 28.000 dólares trinitenses (unos US$4.182). El presidente recibió este dinero mientras vivía en una residencia estatal, lo que no está permitido. Desde entonces, el pueblo no ha sabido nada del estado de la investigación ni de ninguno de sus hallazgos.

El jefe de policía, Stephen Williams, declaró en enero que la investigación no era una investigación penal. En su último video de Facebook Live, Bharath bromeó con que, hasta donde sabe, «lo único […] que investiga la policía en Trinidad y Tobago son los delitos». También le recordó a los usuarios de las redes que estaba buscando consejo legal profesional e independiente [5] basado en las pruebas que había reunido, y señaló que la investigación policial empezó «después de que un consejero de la reina insistiese en que el presidente debía ser investigado».

La aparente falta de progreso en la investigación ha renovado la falta de confianza [7] de algunos internautas en la policía.

El presidente Carmona ha insistido públicamente [8] que la Comisión de Revisión de Salarios [9] autorizó su recibí para la prestación de vivienda basándose en un informe oficial. No obstante, el SRC, (SRC, por su nombre en inglés) ha dicho desde entonces que no concedió tal permiso [10].

En su último video, Bharath hizo nuevos descubrimientos en varias áreas de interés. El 11 de enero de 2017, hubo una audiencia de un Comité Selecto Conjunto (JSC) en el que los miembros de la Oficina del Presidente —incluyendo al contador Gregory Serrette [11]— estuvieron presentes. Bharath, que sintonizó la emisión de la audiencia, apuntó que reveló «mucha insensatez en los gastos y la contratación […], hasta diciembre de 2016, dos miembros de la residencia presidencial estuvieron en nómina en la Oficina del Presidente». Como resultado, le pregunta al presidente Carmona que aclare si estaba utilizando los dólares de los contribuyentes para contratar a miembros de su familia, e incluso para pagar sus gastos de viaje.

Bharath también quiere que Serrette salga a la palestra, y sostiene que al menos un miembro de su familia ha estado trabajando en la Oficina del Presidente.

We in Trinidad and Tobago like to pretend that nepotism is not a big deal […] in fact, it is against the law. The Integrity in Public Life Act specifically says that you're not meant to use your position in public office to benefit friends and family members.

En Trinidad y Tobago nos gusta fingir que el nepotismo no es para tanto […], en realidad, va contra la ley. La ley de Integridad en la Vida Pública dice específicamente que no debes utilizar tu puesto público para beneficiar a amigos y miembros de tu familia.

Hay algo más en el radar de Bharath en lo que respecta a la investigación policial —«algún vínculo» entre el presidente y el jefe de policía Williams— lo que para ella sugiere un posible conflicto de intereses. En 2009, la esposa de Williams, la magistrada Avason Quilan, enfrentó acusaciones de mala administración [12]. El tema fue investigado [13] por un tribunal comprendido por un hombre «ni más ni menos que el, por aquel entonces, juez Carmona». Quinlan fue subsecuentemente libre de culpa.

A la luz de estos acontecimientos, Bharath dijo que tiene «serias dudas con respecto a si la investigación se llevará a cabo de forma abierta, transparente y honesta».

En Facebook, el usuario Brian Chambers comentó [14]:

Interesting observation concerning the CoP's wife, I think there are good grounds for the Integrity Commission to get involved but do not hold you breath on that ever happening.

Interesante observación sobre la esposa del jefe de policía, creo que hay buenos motivos para que la Comisión de Integridad se involucre, pero no esperes que ocurra.

La Comisión de Integridad del país, por su parte, se ha visto asediada [15] por una sorprendente falta de integridad.

Poco después de la correspondencia [1] oficial que recibió el abogado de Bharath, que «rechazaba respetuosamente» revelar la información que Bharath había pedido en base a que la sección 5. (1) (a) de la Ley de Libertad de Información [16] (FOIA por su nombre inglés) del país excluye al presidente, Bharath hizo una clara distinción entre el presidente en sí, y su oficina:

The Office of the President is run by members of the civil service; they are audited by the auditor general and can be called before parliament to answer questions, which essentially means that they can be asked questions by us.

La Oficina del Presidente está dirigida por miembros del servicio público; son auditados por el auditor general, y pueden ser convocados ante el Parlamento para responder preguntas, lo que esencialmente significa que podemos preguntarles nosotros.

Con respecto a esa cláusula, en Facebook, la usuaria Barbara Jenkins comentó [17]:

That can't be correct. If it is the constitution is fatally flawed inviting just what we're witnessing now.

Eso no puede ser correcto. Si lo es, la Constitución es extremadamente defectuosa, e invita precisamente a lo que estamos viendo ahora.

Ahora que al presidente Carmona le faltan 11 meses para terminar mandato, y sin actualizaciones públicas de la investigación policial, Bharath argumentó que el problema de la prestación por vivienda «está vinculada a un mayor problema delictivo en el país».

If you have a situation where the highest office holder in the land cannot be held accountable, refuses to answer any questions, and the police force who we have to reply on to investigate, solve crime and make people answerable […] if they're not doing their jobs, well…

Si tienes una situación en la que al mayor funcionario del país no se le pueden pedir responsabilidades, este se niega a responder preguntas, y la fuerza policial de la que dependemos para investigar y resolver los crímenes y hacer que las personas se responsabilicen por sus actos […] si ellos no hacen su trabajo, bueno…