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Migrantes venezolanos enfrentan prejuicio y burocracia en el norte de Brasil

Zona de frontera entre Brasil y Venezuela. Foto de Rodrigo Borges Delfim, publicada con autorización.

El periodista Rodrigo Borges Delfim es editor de Migramundo, socio de Global Voices. Su viaje a Roraima estuvo financiado en parte por los lectores a través de una campaña de financiamiento colectivo.

Hoy son miles los venezolanos que viven en Roraima, estado del norte de Brasil que ha llegado a los titulares internacionales como un refugio para quienes huyen de la crisis económica de Venezuela. Mientras los funcionarios de Roraima se han quejado de falta de apoyo del gobierno federal, los migrantes dicen que han pasado por prejuicios de parte de los brasileños, y han sufrido por la burocracia del estado.

“No estamos aquí para jugar. Nos insultan porque hablamos español. Sufrimos discriminación porque somos venezolanos”, dijo Merlina Ferreira a Migramundo. Ella es una piscóloga que vive en Boa Vista, ciudad capital de Roraima, desde hace un año. Es una de los 30,000 venezolanos que se han instalado en Roraima desde comienzos de 2016, según datos del gobierno estatal.

Esta ola de migrantes incluye a indigenas warao, el segundo mayor grupo étnico indígena en Venezuela. Muchos sobreviven de la venta de mercadería o de mendigar dinero en las calles.

Grandes cantidades de venezolanos desplazados han llegado a la ciudad fronteriza de Pacaraima, vecina de la ciudad venezolana de Santa Elena de Uairén, y de ahí llegaron a Boa Vista. Muchos no tienen acceso a un refugio permanente y deben dormir al aire libre.

Los migrantes no han pasado desapercibidos para los medios brasileños, donde se pueden encontrar informes de muestras de solidaridad y de prejuicio de la población local.

En marzo, en un intento de entender mejor la situación, el Ministerio Público Federal de Brasil envió una delegación de 40 representantes de diferentes agencias del gobierno y ONG a Roraima. La delegación estaba conformada por personas de todo Brasil.

“Debemos tener una perspectiva humanitaria, pero también debemos profundizar, pues estas personas son sujetos de derechos. Las soluciones no pueden ser a corto plazo, debemos pensar en soluciones que sean permanentes”, dijo el fiscal federal Prosecutor João Akira Omoto, que encabezó la delegación.

Durante tres días, la delegación habló con migrantes y funcionarios de numerosas agencias locales y estatales, y también visitaron un refugio temporal en las afuerzas de Boa Vista, antes de detenerse en la ciudad de Paracaima (donde no hay refugios para los migrantes).

Al final de la misión, la oficina del fiscal realizó una audiencia pública con migrantes y autoridades federales, estatales y locales.

Migrantes venezolanos e indígenas reunidos con delegados de la misión organizada por el Ministerio Público Federal de Brasil. Foto de Rodrigo Borges Delfim, publicada con autorización.

El gobierno de la ciudad de Boa Vista y el gobierno estatal de Roraima se quejaron de la falta de recursos para manejar el influjo de personas de Venezuela. Los funcionarios estatales sostuvieron que era un problema para el gobierno federal, y también se quejaron de que los migrantes llegaban sin documentos adecuados. Es más, los migrantes indígenas de Venezuela por lo general no portan ningún documento.

“No puedo registrar a migrantes en situación irregular en nuestro sistema de salud. Sin este registro, por ejemplo, no puedo recibir más financiación así que pongo en riesgo la atención médica al resto de la población. No tenemos los recursos para encargarnos de su atención acá”, declaró la procuradora general de Boa Vista, Marcela Medeiros, a Migramundo.

“Lo que estamos haciendo acá es ayuda humanitaria”, dijo Suely Campos, gobernadora de Roraima. “No dejaremos a mujeres y niños vulnerables en la calle. Como hay un componente indígena en esto, el asunto es más profundo aun. Es por eso que queremos que el gobierno federal nos ayude”.

Zona fuera del refugio temporal entregado a los migrantes en las afueras de Boa Vista. Cuando la delegación visitó el refugio, 193 personas estaban registradas, en su mayoría indígenas waraos, que llegaban a 136. Foto de Rodrigo Borges Delfim, publicada con autorización

Miedo por la delincuencia

A las personas del lugar no les gusta el influjo de migrantes venezolanos, que a menudo atestan las plazas públicas para vender mercadería y mendigar dinero. La policía local dice que la avalancha de migrantes ha estado acommpañada de un aumento en los robos, atracos y hasta homicidios, aunque se necesitan estudios formales antes de poder entender plenamente esta correlación.

El procurador José Gladston Viana Correia, uno de los delegados, pidió cautela a los funcionarios locales para que no saquen conclusiones apresuradas por el alza del índice de delitos. “Necesitamos datos para probar si esas sospechas son ciertas”, afirmó.

El procurador federal João Akira Omoto refuerza esta afirmación y dice que “la policía federal no ha encontrado registros de actividades delictivas realizadas por venezolanos hasta diciembre de 2016 en Roraima. Es necesario que esta información se aclare antes de hacerla pública. Lo que se hace público no coincide con los registros oficiales”.

Según Gustavo da Frota Simões, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Federal de Roraima, las alarmantes estadísticas de delincuencia informadas por los medios en un ambiente de miedo pueden ayudar a crear una sensación de que los venezolanos están “invadiendo” Brasil.

“La manera como los periódicos locales informan de la migración venezolana revela falta de comprensión del asunto y con tintes de xenofobia. El inmigrante, o ‘el venezolano’ es siempre el ‘autor del delito’ —el que causa aumento en la prostitución, abuso de drogas y otros males”, dice Simões.

Simões dice que cree que los problemas mencionados por las autoridades existian mucho antes de la llegada de inmigrantes venezolanos: “Tal como lo ven, las autoridades locales están usando este estado de emergencia como excusa para negociar deudas públicas y recibir más fondos, y para justificar defectos que han ocurrido desde antes de la llegada de los venezolanos”.

Relatos de primera mano de prejuicio y discriminación fueron generales entre los cerca de 50 migrantes venezolanos que asistieron a la audiencia pública en el auditorio de la Universidad Federal de Roraima, en Boa Vista.

“No somos un problema. La situación en nuestro país es muy difícil, por eso estamos aquí”, dijo un venezolano llamado Bruno Florián.

“Queremos ser parte de la solución. Sufrimos mucha discriminación aquí. A las mujeres las califican a todas como ‘prostitutas’”, agregó otro hombre llamado Freiomar Villena.

Migrantes indígenas venezolanos reunidos en una plaza en la ciudad fronteriza de Pacaraima. Foto de Rodrigo Borges Delfim.

En un limbo legal

Aunque los venezolanos pueden entrar libremente a Brasil con su identificación, los que tienen la intención de instalarse y trabajar en el país pasan por dificultades en lo que se refiere a obtener documentos como el carnet de trabajo (Carteira de Trabalho), que permite a los extranjeros buscar trabajo legal.

Muchos venezolanos, e inmigrantes de otros países, deben quedarse en un limbo legal de presentar documentos y esperar una solicitud de asilo. En Brasil, mientras esperan que su solicitud se procese, los solictantes de asilo pueden obtener documentos como número de seguridad social, pasaporte y carnet de trabajo.

El proceso de revisión puede tomar meses y hasta años. Mientras tanto, los migrantes pueden trabajar y residir libremente en el país, con acceso a todos los servicios públicos. Según el Comité Nacional para refugiados, Conare, la agencia responsable de las solicitudes de asilo, la cantidad de solicitides de venezolanos se disparó de 341 en 2015 a 2,230 el año pasado.

Los extranjero solamente califican como refugiados si pueden probar que han sufrido persecución o violación de derechos humanos en su país natal, y los funcionarios brasileños dicen que la mayoría de solicituides de asilo de venezolanos no cumplen esos requisitos.

El año pasado, Conare concedió condición de refugiados solamente a cinco venezolanos.

Para eludir este obstáculo, el Consejo Nacional de Inmigración (CNIg) permitió recientemente que todo aquel que ingrese al país por tierra solicitara “residencia temporal”, si son de países con los que Brasil no tiene acuerdos bilaterales de libre residencia —que incluye a Venezuela. Sin embargo, para hacer uso de este programa, las personas deben pagar altas tasas que llegan a R$400 (U$S127) por cada uno.

Los migrantes sin esos medios solamente pueden tener esperanzas en que el Congreso Nacional apruebe una nueva ley de migración está bajo consideración. La legislación aumentaría la provisión de visas humanitarias (actualmente, solamente se conceden a sirios y haitianos) para incluir a venezolanos.

Mientras tanto, las autoridades locales de Brasil están haciendo lo que pueden para abordar las necesidades de sus comunidades y de los recién llegados. Durante la audiencia pública cerca de Boa Vista, varios funcinarios admitieron sus errores al tratar de brindar asistencia a los migrantes, y prometieron hacerlo mejor en el futuro.

“Nuestra expectativa ahora es que tengamos un esfuerzo conjunto y que las entidades públicas realmente respondan a la sociedad civil”, dijo Ana Carolina Bragança, procuradora en Roraima a Migramundo. Ella ayudó a organizar la audiencia pública.

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