[1]Caricatura de Eduardo Sanabria (Edo). Usada con permiso.
Tras un mes de protestas continuas contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro, su anuncio el pasado lunes 1° de mayo de 2017 de convocar lo que denominó una “constituyente popular” que reemplazaría la Constitución vigente – aprobada en 1999 como piedra fundacional del plan de gobierno de Hugo Chávez – fue recibida con descontento por los más diversos sectores.
Escribiendo para el sitio de noticias en línea Aporrea [2], Moisés González, quien se considera a sí mismo militante del chavismo, afirma que la convocatoria abre dos caminos: el de la eliminación de la denominada “constitución bolivariana”, o el de la búsqueda de “fórmulas que violen los principios democráticos que mantuvieron legítima la Revolución”. González afirma que:
Ambas opciones colocan entre la espada y la pared la continuidad del proceso democrático iniciado por Chávez en 1999. Ambas opciones limitan la posibilidad de la izquierda de reorganizarse y purgar sus filas para una recuperación verdadera de la Revolución Bolivariana. Ambas opciones colocan el país en bandeja de plata a la política reaccionaria. Ambas opciones pudieron evitarse con la publicación de un cronograma electoral y la aceptación de elecciones y demás posibilidades democráticas presentes en la mejor Constitución del continente.
Por otra parte, el investigador Eduardo Febres afirma en su cuenta de Twitter su apoyo a la decisión gubernamental:
Desconfío profundamente de la dirigencia madurista. Pero estoy de acuerdo con la propuesta de salida a la crisis que planteó hoy.
— Eduardo Febres (@eduardofebres) May 2, 2017 [3]
Las declaraciones iniciales de Maduro no fueron claras en cuanto al alcance y los métodos de la iniciativa de convocatoria, lo cual originó diversas interpretaciones por parte de políticos, juristas y ciudadanos en general.
En el portal Prodavinci [4], José Ignacio Hernández evaluó los aspectos legales de la medida, en términos de su adecuación al texto constitucional:
Tomando en cuenta todo esto, podemos entonces valorar el riesgo de esa propuesta: la ilegítima designación de una “asamblea nacional constituyente popular”, en violación al derecho al sufragio directo, secreto y universal, permitiría afectar el funcionamiento de todos los Poderes Públicos y aprobar una nueva Constitución, todo ello, al margen de la democracia.
Por ello, en el fondo, el anuncio de convocar a una “asamblea nacional constituyente popular” no es más que la continuación del golpe de Estado permanente, ahora, en un nivel incluso superior.
La medida ha sido calificada de arbitraria, considerándola una respuesta radical a la presión puesta sobre Maduro a raíz de las protestas que ha visto el país casi a diario desde que el pasado 30 de marzo disolviera la Asamblea Nacional; [5] y una suerte de “huida hacia adelante [6]” que pretende cambiar las reglas del juego y permitirle prolongar su tiempo en el poder.
En caso de convocarse, la Asamblea Constituyente suspende todo tipo de elecciones, y supedita a sus órdenes el resto de los poderes constituidos.
Eugenio Martínez, reconocido periodista, afirma:
El chavismo convoca la unica eleccion que puede ganar: una eleccion de ANC manipulando bases comiciales y sistema de elección
— Eugenio G. Martínez (@puzkas) 1 de mayo de 2017 [7]
El caricaturista Roberto Weil refleja este escenario al dibujar a un Nicolás Maduro en jaque que decide cambiar el tablero:
Weil en el clavo: pic.twitter.com/LCAMq7b4N1 [8]
— Álvarez Gales (@alvarezgales) May 2, 2017 [9]
Una medida confusa y a contra-reloj
El abogado y escritor Gonzalo Himiob Santomé escribe [10] en su perfil de Facebook su interpretación sobre el significado político de la medida:
En mi criterio, la intención de Maduro detrás de la maniobra, indiscutiblemente inconstitucional, es la de simular apego a los mecanismos democráticos y supuesto «respeto» a la soberanía popular para, en primer lugar, ganar tiempo, y en segundo lugar, para tener a la mano y bajo control una instancia que estará por encima de todos los poderes constituidos (Fiscalía, y Asamblea Nacional, entre otros) para entonces poder gobernar sin la incomodidad y obstáculos que le impone nuestro modelo de Estado.
Según las palabras de Maduro en su alocución del lunes, el proceso de formación de la Asamblea implicaría la elección de hasta 500 representantes, la mitad de los cuales serían electos por vía de representación sectorizada, es decir, por categorías sociales que, se presume, derivarían de estructuras como los consejos comunales, que no se encuentran previstas en la Constitución y que resultan del control social y político del gobierno. El periodista y activista Jeanfreddy Gutiérrez escribe [11]:
Así que el disfraz de elegir 200 o 250 constituyentistas de los 500 propuestos por Nikolav para la Constituyente «popular, obrera y comunal» busca ahorrarse el referendo consultivo necesario (si la gente quiere o no ir a este proceso) y disfrazar de «democracia popular» una elección en segundo grado que viola la universalidad del voto y de la elegibilidad: es decir, que cualquiera pueda votar o ser elegido.
El martes 2 de mayo, los profesores de la cátedra de Derecho Constitucional de la Universidad Central de Venezuela se pronunciaron [12] contra la iniciativa, reiterando que el voto debe ser universal, libre, directo y secreto; y que si bien el Presidente tiene la potestad de la iniciativa constituyente, no puede convocar directamente a la elección sin un referendo previo.
Al día siguiente, en un acto a puertas cerradas, el Presidente Maduro leyó y firmó el Decreto 2.830 [13], por el cual pretende “activar” la convocatoria al proceso que denomina “Asamblea Nacional Constituyente Ciudadana”. Tal como se preveía, el decreto señala que los integrantes de dicha asamblea serán elegidos
en los ámbitos sectoriales y territoriales bajo la rectoría del Consejo Nacional Electoral, mediante el voto universal, directo y secreto (…).
Esto confirma, como señalaba José Ignacio Hernández, que la votación no será universal [14], sino que será:
un sistema de elección por “sectores”, permitiendo a cada sector definido por el Gobierno (la clase obrera, por ejemplo), designar, dentro de su seno, a los representantes ante la asamblea constituyente. Al menos, como se dijo el 1° de mayo, para la mitad de los constituyentes, lo que garantiza al Gobierno controlar a esta fraudulenta asamblea nacional constituyente.
Lea otros artículos de nuestra cobertura especial ¿Qué está pasando en Venezuela? [15]