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Kirguistán refuerza protecciones contra la violencia doméstica

Violencia doméstica. Imagen de Wikimedia commons.

Esta publicación es un artículo de nuestro sitio web asociado EurasiaNet.org escrito por Nurjamal Djanibekova. Se reproduce con autorización.

En una decisión sin precedentes, Kirguistán adoptó legislación diseñada para ofrecer mayores protecciones a las víctimas de abuso doméstico.

Kirguistán ya tenía leyes vigentes que penalizaban la violencia en el hogar, pero la legislación aprobada por el presidente Almazbek Atambayev el 28 de abril constituye un sustancial e importante ajuste.

Una nueva disposición establece que la policía debe responder a todo caso denunciado de violencia doméstica. Esto significa que cualquier persona puede presentar denuncias, aunque sean solamente testigos y no parte directa de la violencia.

De acuerdo con la antigua ley, la policía no podía iniciar una investigación y acusar penalmente hasta que víctima hubiera presentado una denuncia. Muchas víctimas de cónyuges violentos tienen un comprensible miedo a iniciar acción policial por temor a aguantar mayor maltrato. Hasta en casos donde el maltrato haya sido captado en cámara, la policía se rehusaba a tomar acción, casi como una regla.

“Considerando que casi todos los policías son hombres, las víctimas de violencia no presentan denuncias, y cuando las presentan, por lo general las retiran al día siguiente”, tal como dijo a EurasiaNet.org Zulfiya Kochorbayeva, experta en asuntos de género que participó en la redacción de la legislación.

Según Kochorbayeva, es particulamente importante que toda mujer que haya sido víctima de violencia doméstica reciba ahora una orden de protección. Este documento le asegurará protección a la víctima de la violencia denunciada y ayudará a evitar represalias intimidatorias por parte del autor o sus parientes por un mínimo de tres días. En caso que una víctima que se sienta en peligro transcurrido el periodo de tres días, pueden informar a la policía y pedir que la orden se extienda a un mes.

“Hasta ahora, para obtener una orden de protección, las mujeres debían probar en un juzgado que había ocurrido violencia doméstica. Hemos simplificado el procedimiento tanto como se pudo y liberado a la víctima de la carga de la prueba. Es para que los parientes del esposo no puedan presionar a la víctima a retirar su denuncia. Sabrán que esa es la ley”, dijo Kochorbayeva.

Kochorbayeva manifestó también que la orden de protección se emitirá a los oficiales de policía inmediatamente después de la presentación de una denuncia y que el periodo entre la denuncia inicial y las audiencias judiciales será tan corto como sea posible.

La nueva ley también protegerá a los parientes de las víctimas, específicamente penalizará cualquier intento de intimidarlos.

Los menores que sufran de maltratos en casa tendrán ahora derecho a ser derivados más rápidamente a especialistas en bienestar infantil. Y si, por ejemplo, los médicos detectan evidencia de maltrato físico mientras realizan revisiones médicas en los colegios, ahora deben informar inmediatamente sus sospechas. Antes, esas derivaciones estaban sujeras a la aprobación de los padres, lo que era una disposición absurda pues ningún padre se iba a autodenunciar a las autoridades.

La legislación incluso incorpora el concepto de “violencia económica”, por el cual el abusador explota su rol dominante en un arreglo conyugal para privar a su pareja de encontrar trabajo y la obliga a quedarse en casa contra su voluntad.

Los padres que obligan a sus hijos a mendigar o a faltar al colegio por cualquier razón también infringirán la ley. Según una investigación de UNICEF, entre los 2,000 niños encuestados, cerca del 70 por ciento dijo que en algún momento han sido víctimas de maltrato o descuido por parte de sus padres.

El problema de la violencia en la familia es muy profundo en Kirguistán. Según cifras oficiales, una de cada cuatro mujeres que haya estado casada ha sido objeto de abuso violento. En el 98 por ciento de los casos, la violencia la ejerce el esposo o excónyuge.

Esta revisión de la ley ha tardado mucho en llegar. Los activistas de derechos humanos pedían cambios ya desde 2009, pero la iniciativa fue dejada de lado en medio del caos político de 2010 que ocurrió durante y después del derrocamiento del gobierno.

Recién en 2016 el Parlamento retomó el asunto y aprobó la ley revisada.

Sin embargo, como Human Rights Watch documentó meticulosamente, el problema con las leyes y su falta de implementación se agrava tradicionalmente con una indiferencia social y escasez de recursos para las víctimas de maltrato físico, sexual o emocional.

En 2003, luego de una campaña de recolección de firmas, Kirguistán adoptó una ley contra la violencia en la familia. Según una evaluación de Naciones Unidas, la legislación significó una considerable mejora a la protección de derechos y libertades para la mujer. Permitía a las víctimas presentar denuncias, solicitar órdenes de protección de hasta 15 días y apelar a las cortes de ancianos del lugar.

Pero los obstáculos en el camino para presentar una denuncia —que ahora los activistas esperan que se hayan disipado— hacían que la legislación fuera inútil.

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