Cibercafé de Vietnam. Foto de Ivan Lian vía Flickr (CC BY_NC-ND 2.0)

El Netizen Report de Global Voices Advocacy ofrece una instantánea internacional de los problemas, victorias y nuevas tendencias en materia de derechos de Internet en todo el mundo.

El 26 de abril, funcionarios del gobierno vietnamita informaron que Facebook se comprometió a colaborar en el cumplimiento de la ley para evitar y eliminar de su plataforma los contenidos que infrinjan las leyes nacionales contra los mensajes «ofensivos» y contra el gobierno.

Según un comunicado oficial, la jefa de gestión de políticas globales de Facebook, Monika Bickert, y el ministro de Información y Comunicaciones de Vietnam, Truong Minh Tuan, se reunieron en Hanói y llegaron a un acuerdo para establecer un canal especial que coordine la supervisión y eliminación de contenidos de la plataforma. El comunicado también indicaba que Facebook había acordado ayudar a eliminar cuentas y «contenido falso”, una denominación que podría usarse para marcar información u opiniones poco halagadoras sobre las políticas del gobierno o sus funcionarios.

El último informe de transparencia de Facebook afirma que, entre julio de 2015 y junio de 2016, la empresa no restringió ningún contenido a instancias del gobierno vietnamita. Si el acuerdo se mantiene en pie, es probable que esto cambie en breve.

El acuerdo marcaría un cambio en la turbulenta relación de Vietnam con Facebook. La plataforma de red social estadounidense estuvo enteramente bloqueada en Vietnam entre 2009 y 2010, y desde entonces ha sufrido breves bloqueos en varios momentos de elevada tensión política. Si bien una mejor relación con la empresa evitaría un bloqueo general de la plataforma, la idea de que las entidades gubernamentales trabajen en estrecha colaboración con Facebook sobre asuntos que van desde los mensajes críticos al gobierno hasta la categoría incierta de «contenido falso» es preocupante en un país donde sistemáticamente se silencia la libre expresión y los derechos mediáticos.

Un ejemplo reciente de la intolerancia de Vietnam hacia las coberturas mediáticas críticas es el arresto de Nguyen Van Hoa, un periodista, instructor en seguridad y colaborador de Radio Free Asia que permanece bajo la custodia del estado desde enero por “abusar de las libertades democráticas para atentar contra los intereses del estado”. Hoa realizó un reportaje sobre el desastre ambiental de Vietnam, que incluye capturas en video de una protesta pacífica de octubre de 2016 que reunió a más de 10.000 personas. Los grupos de defensa de derechos humanos y derechos digitales exigen al gobierno vietnamita la liberación inmediata de Hoa.

Según el Índice Mundial de la Libertad de Prensa 2017 de Reporteros Sin Fronteras publicado en abril, Vietnam está por arriba de China en la escala mundial y queda debajo de países como Cuba, Arabia Saudita e Irán.

Arrestan a popular bloguero chino por comentarios en línea

El bloguero chino Wu Bin fue arrestado por funcionarios de seguridad nacional de Shenzhen por unos comentarios que hizo en línea. Wu Bin ha sido objeto de acoso policial durante los últimos años, por supuesta «provocación de peleas» en línea, participación en una concentración por la muerte de un ciudadano chino bajo custodia policial y “difusión de rumores” sobre unas protestas en el pueblo de Wukan. No queda claro qué causó puntualmente el arresto, aunque es cada vez más frecuente que los cibernautas que critican al gobierno sean citados o detenidos por la policía bajo las recientes medidas de “control de estabilidad”.

Tensión por posesión de carne vacuna en India provoca amenazas de muerte en línea contra una activista

Bondita Acharya, defensora de los derechos humanos, recibió amenazas de muerte a través de las redes sociales por condenar el arresto de tres refugiados de Bangladesh el 4 de abril en el estado de Assam, India, por posesión de carne vacuna. Acharya criticó los arrestos señalando que, aunque la Ley de Protección del Ganado de Assam prohíbe la matanza de vacas, no penaliza la posesión o consumo de su carne. Acharya presentó una queja en el Departamento de Investigaciones Criminales de Assam, pero sigue recibiendo publicaciones con amenazas violentas en su contra.

¿Rusia quiere vigilar todo lo que pasa por internet?

Las autoridades rusas contemplan incrementar las regulaciones sobre internet durante los años por venir, y eso incluye solicitar a los proveedores de servicio de internet “decodifiquen” todo el tráfico de internet y lo almacenen durante al menos seis meses de haberse generado. Los funcionarios afirman que también se incluiría la desencriptación forzada del tráfico de internet (aunque es poco probable que lleguen a hacerlo), bloquear el acceso a las herramientas de elusión que permiten a los usuarios rusos visitar los sitios de la lista negra e, incluso, una posible regulación de los puntos de intercambio de internet con otros países y los dominios .ru y .рф. Muchas de estas propuestas son tecnológicamente complejas, hasta insostenibles, de costo prohibitivo y que tienen mucha oposición de las empresas. No obstante, siguen siendo un indicador de las posibles restricciones que vendrán.

Las autoridades francesas buscan globalizar el ‘derecho al olvido’

Dieciocho ONG hicieron presentaciones legales ante la autoridad en materia de protección de datos del Consejo de Estado de Francia (la Comisión Nacional para la Informática y las Libertades, o CNIL) para requerir que los fallos sobre el “derecho al olvido” tengan efecto a escala mundial. Esto afectaría el contenido de internet eliminado de la red por órdenes judiciales, con el argumento de que es perjudicial (para el sujeto afectado) o desactualizado y poco relevante para el interés público. Aunque la política actual rige solo para el contenido en línea como se aprecia en la Unión Europea (y, por lo general, recomienda que sea un bloqueo geográfico), la norma requeriría la eliminación total de dichos contenidos de la internet global.

Según indica la carta, la “orden de la CNIL establece un precedente peligroso, puesto que abre la puerta para que las autoridades nacionales de otros países impongan restricciones globales a la libertad de expresión mediante recursos que se basan exclusivamente en sus leyes internas. La posible carrera hacia el abismo es la mayor preocupación de las partes intervinientes”.

África: ¿Se debe cortar internet a los gobiernos que cortan internet?

Los defensores de la industria de telecomunicaciones de África analizan una propuesta para negar recursos de internet como dominios y anchos de banda a los gobiernos africanos que bloqueen internet. Según señala un miembro del Centro Africano de Redes de Información (AFRINIC), quien contempla la propuesta, el grupo “bloquearía internet del gobierno que bloquee internet”. La propuesta plantea cuestiones sobre el rol de las organizaciones para la gobernanza de internet con respecto a los actores estatales que se encuentran involucrados en una tendencia cada vez mayor a los bloqueos de internet motivados políticamente. Solo en 2016, hubo 18 bloqueos de internet en 11 países, mientras que Camerún cortó internet durante más de cuatro meses en las regiones de habla inglesa.

El gobierno de Trump insiste en debilitar las ya débiles leyes de neutralidad de la red de Estados Unidos

A pocos días de que el nuevo presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), Ajit Pai, dijera que iniciaría los procedimientos para revocar las normas nacionales de neutralidad de la red, un juzgado federal de apelaciones respondió con un rechazo a una solicitud de reconsiderar su decisión de cumplir las normas. Es posible que el grupo comercial que impulsó la solicitud, USTelecom, eleve su apelación a la Corte Suprema. Mientras tanto, la FCC votará el 18 de mayo el inicio de los procedimientos para librarse de estas normas.

Activismo cibernauta

El grupo Seguridad Sin Fronteras lanzó FlexiKiller, una herramienta para determinar si alguien ha instalado el programa espía FlexiSPY en tu computadora y eliminarlo del equipo. En abril, Motherboard publicó un informe sobre FlexiSPY en el que describe este poderoso programa, económico y de fácil acceso, que facilita una vigilancia invasiva de los consumidores.

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