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Pruebas de drogas para beneficiarios de asistencia social en Australia plantea preocupaciones por discriminación y privacidad

Categorías: Oceanía, Australia, Derechos humanos, Medios ciudadanos, Política
drug testing [1]

Combinación del autor: imágenes cortesía de Wikimedia (JonRichfield, CC BY-SA 3.0) y Pixabay (Creative Commons CC0).

El Gobierno australiano va a presentar pruebas de drogas a beneficiarios de asistencia social. Esta medida bien puede resultar siendo popular entre los votantes. En una encuesta en línea realizada desde 2015 por isideWith.com [2], el 59% de más de 35,000 encuestados respondió ‘Sí’ a la pregunta «¿Los beneficiarios de asistencia social deberían pasar pruebas de drogas?’.

Sin embargo, ha recibido muchas críticas en línea de los australianos que lo ven como un refuerzo de los estereotipos que rodean la pobreza y el desempleo o como una violación a la privacidad de las personas.

Centrelink [3] es la agencia gubernamental responsable de los pagos de asistencia social y muchos otros servicios humanos. La prueba incluirá a 5,000 nuevos receptores de buscadores de trabajo y prestaciones juveniles, que serán enviados a pruebas aleatorias por drogas ilegales. Se elegirán tres lugares.

A quienes tengan resultado positivo se les incautará sus pagos y deberán enfrentar otras restricciones. La incautación incluye restringir algunos bienes y servicios en los que se puede gastar los pagos, como comida y alojamiento.

Hubo mucho cinismo en Twitter, como con Clancy Benson:

El título «Pruebas de drogas para asistencia social» solamente está diseñada para titulares y para reforzar estereotipos negativos.

No todos estaban en contra de la idea:

No puedo entender las quejas sobre pruebas de drogas para los subsidios. ¿Se dan cuenta de que el subsidio es nuestro dinero, que se usa para comprar drogas?

Se tiene que pasar una prueba de drogas para obtener un empleo en estos tiempos. ¿¿Por qué los contribuyentes deben pagar para que los drogadictos se queden sentados sobre sus traseros??

Maggie Gardener respondió con críticas a un plan de pruebas en Florida, Estados Unidos:

Una prueba que va muy lejos: En oposición a las pruebas de drogas para beneficiarios de asistencia social
Entre los últimos únicos estados con legisladores que proponen exigir pruebas de drogas para beneficiarios de asistencia pública están Ohio, Kansas y Nueva Hampshire.

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Kev Hearn: experiencia en Estados Unidos no ha sido buena. Lee este artículo [11]. Solamente es bueno para las empresas de pruebas de drogas.

El artículo de 2013 de Sobre Ebriedad, el blog de un estudiante de derecho y activista de salud pública, sostiene que «el único estado en haber implementado pruebas de drogas para el programa Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF por su nombre en inglés), perdió dinero».

Josh Butler de Huffington Post Australia [13] resumió un meme que sugiere que se incluya a otros beneficiarios de dinero del estado, sobre todo los parlamentarios:

La abrumadora respuesta de Twitter al plan de hacer exámenes de droga en beneficiarios de asistencia social: hagan exámenes de drogas a los políticos y su personal también.

Otros atacaron lo que ven como hipocresía del gobierno:

¿Pruebas de bebidas y de drogas para beneficiarios de asistencia corporativa, también?

En un giro extraño, las autoridades planean identificar zonas de alto uso de drogas con pruebas al sistema de aguas residuales. El tesorero australiano, Scott Morrison, ha confirmado [18] que se usarán estas pruebas.

Hugh Rundle, que se describe como un paseante (alguien que camina observando a la sociedad), respondió:

De todas las cosas horribles del Gobierno australiano, hacer pruebas a las aguas residuales para encontrar beneficiarios de asistencia social a quienes hacer pruebas de drogas debe ser la más rara.

Algunos comentaristas vieron la imagen completa de una llamada guerra contra los beneficiarios de asistencia social. En su artículo ‘¿Qué rayos ha estado inhalando el tesorero de Australia, Scott Morrison?’ para el blog North Coast Voices [21], Clarence Girl atacó la «falta de conexión con la realidad» del tesorero. También criticó los requisitos más estrictos en los buscadores de empleo como un «ejercicio en el pensamiento de la tierra de los locos» y «cruel».

A las personas que buscan trabajo de entre 30 y 49 años se les ha aumentado su requisito anual de actividad de 30 horas por cada quince días a 50 horas. La actividad incluye trabajo a medio tiempo, estudiar, ser voluntario y otras formas de participación. Para quienes buscan trabajo que tienen entre 55 y 60 ahora solamente pueden cumplir con 15 horas con voluntariado en vez de las 30 horas completas de su requisito. Entre quienes tienen 60 y edad de pensionistas les ham impuesto un requisito de actividad de 10 horas por cada 15 días, y que puede ser vountariado. La edad de pensión es actualmente 65 años con aumentos graduales para llegar a 67 años en 2023. La ficha técnica del Gobierno Reforma de la Asistencia Social – Presupuesto 2017 [22] resume estos y otros cambios, como la prueba de drogas.

Sean Kelly de la revista noticiosa The Monthly refutó [23] la explicación [24] del primer ministro Malcolm Turnbull de que la política de prueba de drogas es sobre el «amor». Sostuvo que la verdadera motivación era un llamado populista:

[…] in this case: the government wanted headlines about cracking down on bludgers (and it got them). It cynically decided it would pick on the unemployed – those among us who are vulnerable to poverty, homelessness and mental health problems – because they can’t fight back.

[…] en este caso, el Gobierno quería titulares sobre represión contra los holgazanes (y los encontró). Cínicamente decidió que molestarían a los desempleados –los que somos vulnerables a la pobreza, a no tener hogar y problemas de salud mental– porque no pueden responder.

Por su parte, en Australia Bulletin, Jessica planteó algunas «preguntas no contestadas [25]» sobre la política:

The data-driven profiling of welfare recipients raises a number of ethical questions the government should answer.

Among them:

Can the security of the data be adequately protected?
Will the information be used solely for its original purpose?
What procedures will there be to challenge your selection for a drug test?

Los perfiles con datos de beneficiarios de asistencia social plantean una serie de preguntas éticas que el Gobierno debe contestar.

Entre otras:

¿Se puede proteger adecuadamente la seguridad de la información?
¿La información se usará solamente para su objetivo original?
¿Qué procedimientos habrá para refutar que te elijan a una pruebas de drogas?

Fue una de las pocas voces en línea que expresó preocupación sobre la creciente intrusión en nuestra privacidad:

Many of our actions are now observable, searchable and traceable, and surveillance is more intrusive and extensive than ever. But the impact of this can fall more heavily on disadvantaged communities.

So-called “random” drug testing is just another example of this worrisome trend.

Muchas de nuestras acciones ahora se pueden observar, buscar y la vigilancia es más invasiva y extensa que nunca. Pero el impacto de esto puede ser mayor para las comunidades necesitadas.

Las llamadas pruebas de drogas «al azar» son simplemente otro ejemplo de esta preocupante tendencia.

El tuit de Lynlinking captó el abrumador ánimo en línea.

No es de sorprender que una de las ideas más ridículas que ha emanado de nuestros legisladores en tiempos recientes se haya generado en una de las políticas más fracasadas de la historia – la «guerra contra las drogas», que ya tiene 50 años.
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¿Qué están fumando en Camberra? Pruebas de drogas a beneficiarios de asistencia social va contra los más vulnerables.