Captura de pantalla del video de YouTube publicado en el canal KiniTV sobre la conferencia de prensa donde un político malasio critica al fiscal general del país.

Directivos de dos sitios web de noticias independientes en Malasia enfrentan acusaciones de ciberdelitos por publicar el video donde un político critica al fiscal general del país.

El Gobierno acusó a Steven Gan, editor en jefe de KiniTV y a Premesh Chandran, director ejecutivo de Malaysiakini, de violar la Ley de Comunicaciones y Multimedia de 1998, que penaliza “el uso no adecuado de instalaciones de la red para transmitir intencionalmente contenidos que son ofensivos, amenazadores, obscenos, falsos e indecentes con la intención de molestar, maltratar o amenazar a otra persona”.

La acusación se relaciona con el video que KiniTV publicó el 27 de julio de 2016 de un político que critica a la oficina del fiscal general por no haber podido identificar el rol del primer ministro del país en un escándalo de corrupción que involucra a 1MDB, banco de inversiones de propiedad del Estado. El político, un antiguo miembro del partido de gobierno, pidió la renuncia del fiscal general. El video se tomó durante una conferencia de prensa.

KiniTV es una televisora de internet que transmite noticias sobre política malasia. Es parte de Malaysiakini, sitio web de noticias independiente con una gran base de subscriptores que ya antes ha enfrentado reiteradamente dificultades regulatorias y ataques técnicos, a menudo relacionados con su cobertura política.

Si los declaran culpables, Steven Gan y Premesh Chandran podrían enfrentar una condena de un año de prisión y podrían estar sujetos al pago de una multa de 50,000 ringgit malasios (unos USD $11,500). Una multa adicional de 1,000 ringgit malasios (USD $230) por día también les puede ser impuesta por cada día que el delito continúe luego de la condena.

Esta no es la primera vez que el sitio web de un medio malasio ha sido señalado por las autoridades por informar del escándalo de corrupción de 1MDB. En 2015, se suspendió la licencia de varios sitios web de noticias por informar sobre el caso 1MDB.

El problema de la corrupción ha desencadenado una crisis política en Malasia pues implica al primer ministro, acusado de embolsarse USD $700 millones a través de 1MDB.

En reacción a las acusaciones de ciberdelitos presentados contra Steven Gan y Premesh Chandran, el Centro para el Periodismo Independiente exhortó al Gobierno a dejar de acosar a los medios:

CIJ calls for these charges to be dropped and for the government to cease all harassment and intimidation of the media and journalist. Media practitioners including journalists and directors of media companies should not be penalized for reporting content of interest to the public.

El Centro para el Periodismo Independiente pide el desistimiento de las acusaciones y que el Gobierno cese todo acoso e intimidación de medios y periodistas. Los profesionales de medios, incluidos periodistas y directores de empresas de medios no deberían ser penalizados por informar de contenido de interés al público.

El grupo también pidió una reforma a la ley, que a menudo se usa para amenazar a los reporteros:

The law also places the burden of proof on the accused to show they have taken reasonable precautions to prevent the so-called offence.

La ley también pone la carga de la prueba a los acusados para mostrar que han tomado precauciones razonables para evitar el supuesto delito.

El grupo de derechos humanos Artículo 19 advirtió que el caso podría tener efecto paralizador y reprimir otras voces discordantes en Malasia:

The increasing use of this law to target independent media and any online criticism of the government is seriously concerning, and also a clear violation of international human rights law on freedom of expression.

The use of this provision in conjunction with Section 244(1) to target an independent online news portal is a worrying development, and will likely have a chilling effect on media and other independent voices in Malaysia.

El creciente uso de esta ley para atacar a los medios independientes y toda crítica en línea al Gobierno es seriamente preocupante, y también una clara violación de la ley internacional de derechos humanos sobre libertad de expresión.

El uso de esta disposición conjuntamente con la sección 244(1) para atacar un portal independiente de noticias en línea es una novedad preocupante, y probablemente tendrá un efecto paralizador en los medios y otras voces independientes en Malasia.

En una columna sobre Malaysiakini, el escritor P Gunasegaram lamentó el hecho de que las autoridades estén atacando agresivamente a los sitios web de noticias independientes que critican al Gobierno:

It is strange that nobody gets prosecuted for producing fake news or for slanting news but there is prosecution of those who merely produced the unvarnished, plain and bare news.

When government officials, mainstream media editors and ruling party politicians talk about fake news on the Internet, the intention appears to smear all operating there with one broad brush for their own propaganda purposes, ignoring the real contributions that news portals and blogs have made to uncovering truths which would never have appeared in the government-controlled mainstream media.

Es extraño que nadie sea procesado por producir noticias falsas o por noticias sesgadas, pero hay enjuiciamiento para quienes simplemente produjeron la noticia llana, plana y simple.

Cuando funcionarios de gobierno, editores de medios convencionales y políticos de partido de gobierno hablan sobre noticias falsas en internet, parece que la intención es manchar a todos los que ahí operan con una sola brocha ancha para sus propios fines de propaganda, e ignorar la verdadera colaboración que portales de noticias y blogs han hecho para descubrir verdades que nunca hubieran aparecido los medios convencionales controlado por el Gobierno.

La audiencia judicial de Steven Gan y Premesh Chandran está programada para el 15 de junio. Los dos han manifestado que presentarán una recusación constitucional como respuesta, pues creen que la ley es una violación al compromiso del país de defender la libertad de los medios.