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Netizen Report: En India y Jamaica, las mujeres enfrentan amenazas por resistirse a la misoginia en línea

Foto cortesía de Tambourine Army, utilizada con autorización.

El Netizen Report de Global Voices Advocacy ofrece una instantánea internacional de los problemas, victorias y nuevas tendencias en materia de derechos de Internet en todo el mundo.

A fines de mayo, The Guardian publicó una serie de documentos filtrados que señalan las políticas y prácticas internas de Facebook para regular el contenido de su plataforma. Entre las muchas revelaciones, las historias dejan en claro que el acoso sexual y de género, que van desde amenazas de violencia sexual hasta “porno vengativo”, siguen siendo un problema endémico tanto en la plataforma como en la vida real.

Facebook también ha sido cada vez más un espacio donde los usuarios documentan de primera mano sus experiencias con incidentes de ese tipo, lo que también puede traer consecuencias, especialmente para las mujeres.

Un ejemplo reciente salió a la luz cuando Varsha Dongre, funcionaria pública de India y superintendente adjunta de la penitenciaría de Raipur, fue suspendida y transferida a una penitenciaría remota (a 350 km de su puesto actual) por hablar en Facebook sobre las violaciones a los derechos humanos contra las niñas indígenas adivasi. En la publicación escribió:

I have seen 14-16-year-old Adivasi girls being stripped naked in police stations and tortured. They were given electric shocks on their wrists and breasts. I have seen the marks. It horrified me. Why did they use third degree torture on minors?

He visto cómo desnudan y torturan a niñas adivasi de entre 14 y 16 años en las comisarías. Les aplicaron descargas eléctricas en las muñecas y pechos. Vi las marcas. ¿Por qué usan tortura de tercer grado con menores?

La orden donde solicitan su suspensión sostiene que hizo declaraciones irresponsables, citó “hechos falsos” y se retiró de su puesto sin aprobación. El Gobierno indio se ha vuelto el blanco de duras críticas de parte de las organizaciones internacionales de derechos humanos debido a la tortura y abusos de la policía de India contra las mujeres adivasi. Esto es parte de un conjunto mayor de duras medidas contra grupos indígenas y su resistencia a la deforestación de sus tierras.

Otro ejemplo reciente es el de la activista jamaiquina Latoya Nugent que fue acusada bajo la ley de delitos informáticos, tras nombrar públicamente (en medios sociales) a unos presuntos perpetradores de violencia sexual. Nugent forma parte de la Brigada Pandereta, grupo de mujeres y sobrevivientes de violencia sexual que se valen de internet para compartir sus experiencias. La fiscalía retiró todos los cargos presentados contra Nugent el 17 de mayo.

Activista opositor de Etiopía sentenciado a seis años por sus publicaciones de Facebook

Yonatan Tesfaye, activista de medios sociales y defensor de la oposición, fue sentenciado a seis años de prisión el 24 de mayo luego de pasar más de un año en un cárcel de Adis Abeba en espera de su juicio. La evidencia principal contra Tesfaye, que fue condenado por violar la conocida la Proclama Antiterrorismo, llegó en la forma de varias publicaciones en Facebook que según la corte equivalen a incitación a la violencia en medio de un actual movimiento de derechos de tierra donde han muerto varios manifestantes a manos de la policía etíope. La captura de pantalla de abajo viene de una traducción al inglés (del Proyecto Etíope de Derechos Humanos) de las acusaciones presentadas contra Tesfaye. La publicación de Facebook citada aquí es una de las muchas que se presentó en el proceso:

El 4 de abril de 2008, en una publicación titulada “No nos engañarán”, dijo que creerle al Frente Democrático Revolucionario del Pueblo Etíope ¡es como atrapar una nube! ¡A menos que el régimen autoritario se desmorone! ¡Necesitamos un sistema democrático! ¡Establezcamos un gobierno del pueblo! ¡Establezcamos un gobierno de transición! No más engaño.

Sitios de noticias malasios enfrentan acusaciones de ciberdelitos por publicar video de acto público

Los jefes de dos sitios de medios independientes en Malasia, KiniTV y Malaysiakini, enfrentan acusaciones de ciberdelitos por publicar el video de un político que criticaba al fiscal general. El video fue publicado en 2016, e incluye a un poíitico que criticaba a la oficina del fiscal general por no lograr identiicar el rol del primer ministro en un escándalo de corrupción en torno al 1MDB, banco de inversiones de propiedad estatal. Tienen programada una audiencia para el 15 de junio. Si los declaran culpables, pueden enfrentar periodos de prisión de hasta un año y multas de 50,000 ringgit malasios (cerca de US$11,500). Los funcionarios malasios suspendieron las licencias de varios medios de comunicación por informar sobre el escándalo del 1MDB, donde el primer ministro está acusado de malversar $700 millones a través del banco.

Azerbaiyán censura medios por promover la violencia (o cubrir la corrupción)

Azerbaiyán bloqueó cinco medios de comunicación independientes, tres sitios de noticias en línea y dos estaciones de televisión satelital, con afirmaciones de que “suponen una amenaza” a la seguridad nacional de Azerbaiyán pues muestran contenido que supuestamente promueve la violencia y el odio, y viola la privacidad. Las recientes informaciones de los medios incluían noticias de protestas públlicas, índices de suicidio en Azerbaiyán y los tratos financieros de la fundación privada de la vicepresidenta, que además es la primera dama. La orden también establece causales para procesar a trabjadores de esos medios.

La policía tailandesa irá tras lectores de publicaciones de Facebook que insulten a la monarquía

Las autoridades tailandesas han estado en desacuerdo con Facebook en las últimas semanas sobre más de 300 artículos de contenido en la red que los funcionarios dicen que insultan al rey de Tailandia, lo que viola la bastante dura ley de lesa majestad del país. En abril, recomendaron a los usuarios de Facebook que dejaran de seguir a tres destacados escritores conocidos por sus críticas al rey. Ahora, según el Bangkok Post, planean ir también contra los usuarios que simplemente vean el contenido de esta naturaleza. La Oficina Central de Investigaciones de Tailandia dijo al Post que la decisión fue “provocada por limitaciones policiales en rastrear a quienes producen contenido ilegal publicado en medios sociales como Facebook y YouTube”.

Finalmente, absuelven a biólogo colombiano de acusaciones de infracciones a la propiedad intelectual

El 24 de mayo, una corte colombiana absolvió al biólogo Diego Gómez acusado de infringir la propiedad intelectual en un caso que toca una fibra sensible entre los defensores de los derechos digitales en el continente americano. Un compañero estudiante demandó a Gómez en 2013 por publicar su tesis de maestría en el Scribd, sitio web para publicar documentos. A pesar del hecho de que Gómez solamente tenía la intención de difundir los hallazgos del trabajo con sus compañeros de clase, y de que no obtuvo ganancia al hacerlo, a sus 29 años pudo haber enfrentado una sentencia máxima de ocho años de prisión.

La demanda procedió gracias a protecciones legales mínimas para uso educativo de material con propiedad intelectual en Colombia. Las leyes de propiedad intelectual en Colombia fueron reformadas en 2007 a pedido de Estados Unidos, como parte del Tratado de Libre Comercio entre los dos países.

Con medios sociales bloqueados, los cachemires recurren a la plataforma local KashBook

Una red social local llamada KashBook ha aumentado su popularidad en el valle de Cachemira donde el Gobierno indio ha prohibido docenas de medios sociales, incluido Facebook. Elaborado por Zeyan Shafiq, de 16 años, que describió a KashBook como “la respuesta a la mordaza de medios sociales”, el sitio fue lanzado en 2013, pero está gozando de un renacimiento ante la ausencia de otras plataformas. El sitio web está en la lista negra en Cachemira ocasionalmente, lo que hizo que Shafiq y su socio Uzair Jan transfirieran el sitio web a un nuevo servidor, arreglo que al menos temporalmente permite a los usuarios recuperar el acceso.

Nueva investigación

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