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¿Sabes de «dinero por llaves»? Muchos inmigrantes mayores de Los Ángeles saben de qué se trata, y lo combaten

Categorías: Norteamérica, Estados Unidos, Economía y negocios, Medios ciudadanos, Migración e inmigración

A Yue Chang Zhou y su esposa les pidieron que dejaran su departamento en un edificio de viviendas individuales después de su venta el año pasado. Con un ingreso fijo y bajo, es probable que no encuentren una vivienda igual de económica en Los Ángeles y la espera por una vivienda subsidiada para mayores puede durar varios años. Foto: Roberto Guerra/PRI.

Esta historia escrita por Ruxandra Guidi [1] apareció originalmente en PRI.org el 15 de mayo de 2017. Se vuelve a publicar aquí como parte de un acuerdo entre PRI y Global Voices.

En las ciudades de Estados Unidos los alquileres aumentan con rapidez.

El auge tecnológico y el repunte de la vivienda transformaron las zonas urbanas en muchas partes del país, lo que aumenta el costo de vida y obliga a los habitantes de pocos ingresos a abandonar sus hogares de muchos años. Entre los más afectados, están los inmigrantes mayores, como Ying Ya Yang de 86 años que vive en una habitación individual de tan solo 30 metros cuadrados.

Por más de quince años, durmió, cocinó y comió en ese espacio pequeño y estrecho. Pero ella dice que le gusta así.

Yang, trabajadora textil jubilada originaria de China, depende del programa Seguridad de Ingreso Suplementario que le otorga 800 dólares al mes. El alquiler es de 350 dólares al mes y ella es consciente de que no va a ser fácil encontrar algo más barato, ni siquiera en Lincoln Heights, barrio de clase trabajadora inmigrante cerca del centro de Los Ángeles.

«Soy muy independiente y autosuficiente», dice Yang. «Mis hijos me ofrecen dinero pero no lo acepto, me gusta cuidarme sola. Y me gusta este lugar porque es perfecto para mí: puedo tomar el autobús para ir a cualquier lado. Se podría decir que quiero quedarme aquí hasta el final de mis días».

Sin embargo, un día la primavera pasada, Yang y sus vecinos, los Zhou, tuvieron visitas inesperadas: un grupo de defensores de la vivienda que hablaban cantonés. A Yue Chang Zhou se lo nota molesto mientras les explica su situación.

«Vinieron y básicamente nos dijeron ‘van a tener que mudarse en seis o siete meses, les vamos a pagar seis meses de alquiler y se van a poder ir'».

Cuando Zhou dice ‘vinieron’ se refiere probablemente al nuevo dueño del edificio. Nunca lo conoció pero sus anteriores vecinos le contaron que el dueño tenía nuevos planes para la propiedad. Los vecinos más jóvenes aceptaron el alquiler de seis meses (alrededor de 2,400 dólares) y se fueron.

Pero ninguna suma de dinero va a hacer que los Zhou o los Yang quieran irse a esta altura de su vida. Y esta reacción de parte de los mayores es muy común.

«Muchos mayores quieren envejecer y morir en sus hogares», dice Phyllis Chiu, maestra jubilada que hace voluntariado en barrios de inmigrantes como Lincoln Heights y el barrio chino de Los Ángeles, que trabaja con un grupo llamado Comunidad del Barrio Chino por el Desarrollo Equitativo. Es uno de los pocos grupos de voluntarios de la ciudad que van de puerta en puerta y hablan con los inquilinos en su idioma nativo sobre los derechos de vivienda.

Phyllis Chiu, defensora de la vivienda que habla cantonés ayuda a inquilinos que enfrentan desalojo en un edificio en el centro de Los Ángeles. La mayoría de la gente con la que Chiu trabaja son inmigrantes mayores. Foto: Roberto Guerra.

«No quieren morir en un hospital, no quieren morir en un hogar de reposo. Y no quieren tener que mudarse», dice Chiu.

El centro de Los Ángeles está progresando; hay nuevos bloques de departamentos y restaurantes. Pero el crecimiento hace que suban los precios en los barrios étnicos cercanos, donde los inmigrantes están instalados desde las décadas de 1950 y 1960.

Según Chiu, muchos de los que quiere ayudar son asiático-estadounidenses que tienen miedo de desafiar a la administración, especialmente en inglés. Sin dar la pelea, terminan desplazados.

A Steven Wallace del Centro de Investigación de Políticas Sanitarias de la UCLA le preocupan los que son desplazados actualmente. Los llama «pobres escondidos»: personas con ingresos sobre el nivel de pobreza federal oficial, pero por debajo de lo que necesitan para llegar a fin de mes.

En Los Ángeles, se estima que 200,000 mayores caen en esa categoría, y por lo general son adultos mayores latinos, afroestadounidenses y asiáticos que viven solos o con su cónyuge.

«En la década de 1930, construimos millones de unidades de vivienda pública en todo el país. En la década de 1960, la Sección 202 construyó montones de establecimientos para mayores», dice Wallace. «Hoy en día es muy difícil conseguir financiamiento, incluso si se trata de una organización sin fines de lucro que quiere construir viviendas de bajo costo, viviendas subsidiadas, viviendas para mayores. Así que hay que hacer algo más».

Es probable que la demanda de vivienda siga en aumento. Pero también aumenta una practica conocida como «dinero por llaves», que, en esencia, significa que los propietarios ofrecen dinero a los inquilinos para que se muden antes de lo que la ley dicta.

A solo cuatro cuadras de donde Yang y los Zhous viven, otro edificio estaba casi vacío. Entre los últimos inquilinos están personas mayores, como José Viramontes de 80 años. Originario de México, Viramontes vive aquí con su pareja hace 36 años.

Hace algunos meses, un nuevo dueño se les acercó. Les pidió que se fueran. Aunque no habla inglés, la pareja firmó un documento que decía que aceptaban 1,500 dolares cada uno para desalojar el lugar.

Entonces apareció un defensor de vivienda con ganas de ayudar.

«Fue un milagro, la clase de milagro que no esperábamos para nada», dice Viramontes. «Por suerte, aquí estamos y ahora solo tenemos que encontrar un nuevo departamento».

Viramontes encontró un abogado que va a llevar el caso a la corte sin costo alguno. Sostienen que la notificación de desalojo fue ilegal y que califican para recibir miles de dólares en asistencia de traslado (hasta veinte mil dólares). Pero encontrar un departamento nuevo y barato no va a ser fácil. Viramontes es ciego y su pareja, Malena, tiene discapacidad física.

«Como último recurso, si no podemos quedarnos en Los Ángeles, vamos a ir al sur de Tijuana. Porque este lugar se volvió muy caro», dice Viramontes.

La historia de Ruxandra Guidi fue posible con el apoyo de la Fundación Eisner y KCRW.