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Comisión de Derechos Humanos de Etiopía admite que manifestantes fueron asesinados, pero no culpa al Gobierno

Octubre 2016, protesta del pueblo oromo en Londres por el asesinato y violaciones de los derechos humanos por parte del Gobierno etíope. Foto: David Holt usuario de Flickr. CC BY 2.0.

La Comisión de Derechos Humanos de Etiopía ha declarado que 669 personas fueron asesinadas durante el levantamiento de 2016, una cifra considerablemente baja con respecto a los números publicados por Human Rights Watch (Observatorio de Derechos Humanos) y Amnistía Internacional.

El informe fue presentado el 18 de abril en un parlamento que está totalmente controlado por el Gobierno. Addisu Gebregziabher, responsable de la Comisión de Derechos Humanos de Etiopía, expuso las conclusiones principales de la comisión en el Parlamento etíope y atribuyó, en gran parte, la responsabilidad del derramamiento de sangre a los grupos de la oposición: «El brote de violencia fue debido a que los manifestantes estaban usando armas de fuego y las fuerzas de seguridad no tuvieron otra alternativa». Gebregziabher informó que la «negligencia» de las fuerzas de seguridad fue un factor influyente aunque secundario.

Sin embargo, varias organizaciones de derechos humanos declararon que, sobre todo, las fuerzas de seguridad fueron las que dispararon a manifestantes desarmados.

Hasta que el movimiento fue reprimido en octubre de 2016, cuando Etiopía declaró el estado de emergencia, miles de personas habían estado manifestándose en todo el país. Las protestas comenzaron en abril de 2014 en Oromía, el más grande de los nueve estados étnicamente federados que componen el país. El motivo de las protestas fue el plan para ampliar los límites territoriales de la capital etíope, Adís Abeba, hacia los pueblos y ciudades de la vecina Oromía. El pueblo oromo ha sido perseguido a lo largo de la historia por quienes ostentan el poder en el país y el plan fue percibido como una nueva privación de sus derechos. Durante los meses siguientes, las protestas se extendieron a otros estados, y los participantes se movilizaron para mostrar su apoyo a las reivindicaciones en contra del Gobierno.

El Gobierno respondió con violencia; según Amnistía Internacional, al menos 800 personas fueron asesinadas mientras que los grupos de la oposición y los activistas elevan la cifra a miles.

El informe, tal y como explicó Gebregziabher, culpa a los grupos de la oposición, a las cadenas de televisión por satélite que transmiten desde el extranjero, especialmente Oromo Media Network, y a las redes sociales de aprovecharse de la actual «falta de buena gobernabilidad» en Etiopía de suscitar la violencia.

El largamente esperado informe de la investigación de la Comisión de Derechos Humanos no se encuentra disponible en su propia página web; tampoco lo encontramos en el boletín de noticias de la agencia Fana Broadcasting Corporate, favorable al gobierno. Sin embargo, Al Jazeera ha incorporado un video sobre el discurso de Gebregziabher ante el Parlamento. La mayoría de los boletines de noticias se basan en el informe presentado ante los parlamentarios, que en gran parte se centra en el número de personas asesinadas y en las pérdidas materiales.

Los boletines de noticias no indican si el informe de la comisión hace referencia a la tortura, las detenciones arbitrarias y las malas condiciones carcelarias. Organizaciones internacionales como Human Rights Watch, Amnistía Internacional y Freedom House señalan la existencia de pruebas que demuestran que esos problemas van en aumento en el país. Del mismo modo, el Consejo de Derechos Humanos de Etiopía, la única organización local de derechos humanos independiente en el país, ha informado que estas situaciones son las que predominan.

Sin embargo, en los informes anteriores publicados por la Comisión de Derechos Humanos de Etiopía, se ha evitado dar información concreta sobre la tortura, las detenciones arbitrarias y las condiciones penitenciarias.

Seyoum Teshome, que pasó al menos cuatro meses en prisión durante las protestas, redactó un artículo en respuesta al informe titulado «Dios nos libre de la opresora Comisión de Derechos Humanos que intimida a los ciudadanos».

Un día antes de la publicación del informe, las autoridades etíopes rechazaron la petición de las Naciones Unidas y de la Unión Europea para enviar investigadores independientes a investigar las presuntas violaciones de los derechos humanos. En una entrevista para BBC África, el primer ministro etíope, Hailemariam Desalegn, afirmó que Etiopía posee instituciones independientes que pueden llevar a cabo dichas investigaciones por su cuenta.

No obstante, un examen más profundo del comportamiento del jefe de la Comisión de Derechos Humanos de Etiopía, Addisu Gebregziabher, revela que tiene importantes vínculos con el gobierno y un interés significativo por mantener el statu quo. Previamente, Gebregziabher ocupó puestos en el Ministerio de Asuntos Federales y fue vicepresidente de la Comisión Electoral Nacional de Etiopía. Esa comisión supervisó las elecciones parlamentarias de mayo de 2015, que ganó el partido gobernante, el EPRDF (por el nombre en inglés del Frente Democrático Revolucionario del Pueblo Etíope). La oposición denunció irregularidades durante las elecciones y en el período previo a la votación.

Desde noviembre de 2015, Etiopía ha estado sumida en un ciclo devastador de protestas y represión. La Comisión de Derechos Humanos de Etiopía publicó en junio las conclusiones de una investigación similar, pero ahí se no hace referencia a los responsables de los asesinatos y se sostiene que las protestas únicamente disminuyeron en octubre de 2016, cuando las autoridades declararon el estado de emergencia. Con las cárceles etíopes repletas de oponentes políticos, es muy probable que este último informe solamente profundice el estancamiento si no logra abordar las causas fundamentales del descontento.

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