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La guerra contra el narco en México sirve de pretexto para el espionaje a periodistas

Infección de malware. Foto de howtostartablogonline.net. Usada bajo licencia CC 2.0

Infección de malware. Foto de howtostartablogonline.net publicada en Flickr. Usada bajo licencia CC 2.0

“En la guerra y en el amor todo se vale”. Este dicho común es quizás el argumento principal en el que el gobierno de México se escuda para vigilar arbitrariamente a los ciudadanos, mediante la utilización de software espía o spyware.

A mediados de junio de 2017, el diario estadounidense The New York Times publicó un reportaje con la investigación realizada por las organizaciones Artículo 19, Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) y SocialTIC destacando que desde 2011, al menos tres agencias del Estado mexicano gastaron cerca de 80 millones de dólares en el spyware Pegasus. Este ha sido utilizado para espiar a ciudadanos, entre ellos periodistas que cubren la lucha contra el crimen organizado, abogados especialistas en derechos humanos y activistas que combaten la corrupción.

México está inmerso en un conflicto armado interno desde que se declaró la guerra contra los cárteles de la droga en el ya lejano año 2006. Decenas de miles de personas (incluyendo integrantes de grupos armados, del ejército y de la población civil) han perdido la vida a raíz del conflicto. Muchas otras han sido desaparecidas, incluyendo a 43 estudiantes en Iguala (Caso Ayotzinapa). Varios abogados involucrados en la representación de víctimas de su desaparición también han sido vigilados con Pegasus.

El programa tiene como propósito infiltrarse en dispositivos móviles y recolectar datos de las comunicaciones, de las imágenes compartidas, de la geolocalización y hasta obtener las contraseñas para acceder a wifi. Así explicó su funcionamiento el sitio Pictoline:

#GobiernoEspía: cómo se usó software del gobierno para espiar periodistas, activistas y defensores de derechos en México. Infografía de Pictoline. Usada con permiso.

#GobiernoEspía: cómo se usó software del gobierno para espiar periodistas, activistas y defensores de derechos en México. Infografía de Pictoline. Usada con permiso.

Opacidad y vulnerabilidad

En ese contexto, la aplicación de recursos financieros a temas de inteligencia y seguridad es incuestionada y de difícil escrutinio. El gobierno gasta millonarias cantidades sin rendir cuentas a la ciudadanía y emplea las “armas” para la “guerra” en contra de ella.

El uso de Pegasus, no obstante, dista mucho de ser novedoso. Desde agosto de 2016, el mismo New York Times informó que dicho spyware (desarrollado por el consorcio NSO Group) es utilizado por el gobierno en México. En septiembre de 2016, el portal mexicano Vanguardia reportó así sobre la compra de este sistema:

La Procuraduría General de la República en la gestión de Jesús Murillo Karam fue la dependencia que compró el software de espionaje Pegasus, el más sofisticado en el mercado y capaz de escuchar, ver, capturar texto, imagen y contactos de cualquier teléfono inteligente.

Hasta ahora, las herramientas que tiene la ciudadanía para transparentar al gobierno han sido fútiles para conocer más detalles sobre Pegasus y para defenderse ante las intromisiones.

En septiembre de 2016, un ciudadano solicitó oficialmente a la Procuraduría General de la República que le entregara los detalles de la contratación para adquirir o utilizar Pegasus. Dicha agencia manifestó que la información es inexistente y que no cuenta con programa de cibervigilancia alguno, lo cual fue convalidado por el órgano garante de la transparencia en México, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAI (el fallo del Instituto puede ser consultado aquí.1)

Confirmación de la vigilancia

En febrero 2017, la organización Red en Defensa de los Derechos Digitales difundió un estudio sobre el caso de espionaje por el gobierno mexicano a dos activistas y un investigador que apoyaban el impuesto a las bebidas azucaradas, arribándose − entre otras − a las siguientes conclusiones:

La evidencia presentada permite concluir lo siguiente:

  • Las tres víctimas recibieron ataques similares en método y fueron recibidos en fechas en las que su trabajo y activismo a favor de la salud pública, en particular la promoción del impuesto a las bebidas azucaradas, era notorio.
  • El malware de vigilancia Pegasus se comercializa exclusivamente a gobiernos.
  • Existe evidencia que apunta a que al menos la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), la Procuraduría General de la República (PGR) y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) han adquirido licencias de uso del malware comercializado por NSO Group.

Sobre los ataques a la privacidad, el activista Vladimir Cortés comentó:

Las acciones de intromisión a la privacidad de los activistas por el derecho a la salud, sugieren que su trabajo no es una amenaza al Estado sino a los intereses privados. Demuestra que el gobierno mexicano ejerce total discrecionalidad para intervenir los teléfonos de las personas sin que existan instancias que regulen esta actividad.

A la luz de estas alegaciones, no es baladí que en mayo de 2017 distintas organizaciones de la sociedad civil hayan expresado su intención de dejar solo al gobierno en una sociedad o colaboración que existía como parte de la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP por sus siglas en inglés) – una iniciativa multinacional que busca promover acciones que contribuyan a la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana, con el fin de fortalecer la gobernanza y combatir la corrupción.

La noticia fue circulada en Twitter por muchos usuarios, entre ellos, Jaime Villasana:

Al manifestar lo anterior, se aclaró que la salida de las organizaciones se dio “como consecuencia de graves señalamientos de espionaje dirigido a defensores de derechos humanos y el incremento de las amenazas a la libertad de expresión en ése país”. El INAI − organismo a través del cual el gobierno participa en la mencionada Alianza − únicamente manifestó que condena el espionaje y respeta la decisión de las organizaciones.

Violencia y espionaje

Así, las amenazas a la libertad de expresión no tienen que ver únicamente con el funesto panorama de amenazas y ejecuciones de muchos periodistas, entre ellos Miroslava Breach y Javier Valdéz, quienes cubrían temas de crimen organizado – y cuyas ejecuciones siguen impunes y sin avances sustanciales en la investigación aun después de varias semanas de haber ocurrido. También se suma ahora el hecho de que periodistas han sido espiados por el gobierno a través de la utilización de Pegasus, entre ellos varios del mainstream como Carmen Aristegui y Carlos Loret de Mola – quien ya desde abril de 2017 señaló abiertamente haber recibido en su teléfono móvil el mensaje a través del cual ahora se sabe que comienza a infiltrarse el malware en los dispositivos afectados.

Sobre esta situación, se pronunció así el caricaturista Patricio:

Ante las invasiones a la privacidad en México, ya sea a través de un malware o spyware vendido al gobierno, activistas, comunicadores y ciudadanos en general se encuentran prácticamente inermes, pues la inviolabilidad de las comunicaciones privadas − como en otras latitudes − se convierte en letra muerta cuando el Estado alega estar librando una guerra, aunque no siempre quede claro con qué objetivos.

La conversación ciudadana respecto a este tema puede ser seguida en Twitter con la etiqueta #GobiernoEspía.

1 Recurso de revisión RRA 3762/16.

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