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La guerra contra el narco en México sirve de pretexto para el espionaje a periodistas

Categorías: Latinoamérica, México, Censura, Derechos humanos, Gobernabilidad, Libertad de expresión, Noticias, Periodismo y medios, Política, Privacidad, Vigilancia
Infección de malware. Foto de howtostartablogonline.net. Usada bajo licencia CC 2.0

Infección de malware. Foto de howtostartablogonline.net [1] publicada en Flickr [2]. Usada bajo licencia CC 2.0

“En la guerra y en el amor todo se vale”. Este dicho común es quizás el argumento principal en el que el gobierno de México se escuda para vigilar arbitrariamente a los ciudadanos, mediante la utilización de software espía o spyware.

A mediados de junio de 2017, el diario estadounidense The New York Times publicó [3]un reportaje con la investigación realizada por las organizaciones Artículo 19, Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) y SocialTIC [4] destacando que desde 2011, al menos tres agencias del Estado mexicano gastaron cerca de 80 millones de dólares en el spyware Pegasus [5]. Este ha sido utilizado para espiar a ciudadanos, entre ellos periodistas que cubren la lucha contra el crimen organizado, abogados especialistas en derechos humanos y activistas [6] que combaten la corrupción.

México está inmerso en un conflicto armado interno [11] desde que se declaró la guerra [12] contra los cárteles de la droga en el ya lejano año 2006. Decenas de miles [13] de personas (incluyendo integrantes de grupos armados, del ejército y de la población civil) han perdido la vida a raíz del conflicto. Muchas otras han sido desaparecidas, incluyendo a 43 estudiantes en Iguala (Caso Ayotzinapa [14]). Varios abogados involucrados en la representación de víctimas de su desaparición también han sido vigilados con Pegasus [5].

El programa tiene como propósito [15] infiltrarse en dispositivos móviles y recolectar datos de las comunicaciones, de las imágenes compartidas, de la geolocalización y hasta obtener las contraseñas para acceder a wifi. Así explicó su funcionamiento el sitio Pictoline:

#GobiernoEspía: cómo se usó software del gobierno para espiar periodistas, activistas y defensores de derechos en México. Infografía de Pictoline. Usada con permiso.

#GobiernoEspía: cómo se usó software del gobierno para espiar periodistas, activistas y defensores de derechos en México. Infografía de Pictoline [16]. Usada con permiso.

Opacidad y vulnerabilidad

En ese contexto, la aplicación de recursos financieros a temas de inteligencia y seguridad es incuestionada y de difícil escrutinio. El gobierno gasta millonarias cantidades sin rendir cuentas a la ciudadanía y emplea las “armas” para la “guerra” en contra de ella.

El uso de Pegasus, no obstante, dista mucho de ser novedoso [17]. Desde agosto de 2016, el mismo New York Times informó [18] que dicho spyware (desarrollado por el consorcio NSO Group [19]) es utilizado por el gobierno en México. En septiembre de 2016, el portal mexicano Vanguardia reportó [20] así sobre la compra de este sistema:

La Procuraduría General de la República en la gestión de Jesús Murillo Karam fue la dependencia que compró el software de espionaje Pegasus, el más sofisticado en el mercado y capaz de escuchar, ver, capturar texto, imagen y contactos de cualquier teléfono inteligente.

Hasta ahora, las herramientas que tiene la ciudadanía para transparentar al gobierno han sido fútiles para conocer más detalles sobre Pegasus y para defenderse ante las intromisiones.

En septiembre de 2016, un ciudadano solicitó oficialmente a la Procuraduría General de la República [21] que le entregara los detalles de la contratación para adquirir o utilizar Pegasus. Dicha agencia manifestó que la información es inexistente y que no cuenta con programa de cibervigilancia alguno, lo cual fue convalidado por el órgano garante de la transparencia en México, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAI (el fallo del Instituto puede ser consultado aquí [22].1)

Confirmación de la vigilancia

En febrero 2017, la organización Red en Defensa de los Derechos Digitales difundió [23] un estudio sobre el caso de espionaje por el gobierno mexicano a dos activistas y un investigador que apoyaban el impuesto a las bebidas azucaradas [24], arribándose − entre otras − a las siguientes conclusiones:

La evidencia presentada permite concluir lo siguiente:

  • Las tres víctimas recibieron ataques similares en método y fueron recibidos en fechas en las que su trabajo y activismo a favor de la salud pública, en particular la promoción del impuesto a las bebidas azucaradas, era notorio.
  • El malware de vigilancia Pegasus se comercializa exclusivamente a gobiernos.
  • Existe evidencia que apunta a que al menos la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), la Procuraduría General de la República (PGR) y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) han adquirido licencias de uso del malware comercializado por NSO Group.

Sobre los ataques a la privacidad, el activista Vladimir Cortés comentó [25]:

Las acciones de intromisión a la privacidad de los activistas por el derecho a la salud, sugieren que su trabajo no es una amenaza al Estado sino a los intereses privados. Demuestra que el gobierno mexicano ejerce total discrecionalidad para intervenir los teléfonos de las personas sin que existan instancias que regulen esta actividad.

A la luz de estas alegaciones, no es baladí que en mayo de 2017 distintas organizaciones de la sociedad civil hayan expresado [26] su intención de dejar solo al gobierno en una sociedad o colaboración que existía como parte de la Alianza para el Gobierno Abierto [27] (OGP por sus siglas en inglés) – una iniciativa multinacional que busca promover acciones que contribuyan a la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana, con el fin de fortalecer la gobernanza y combatir la corrupción.

La noticia fue circulada en Twitter por muchos usuarios, entre ellos, Jaime Villasana:

Al manifestar lo anterior, se aclaró [33] que la salida de las organizaciones se dio “como consecuencia de graves señalamientos de espionaje dirigido a defensores de derechos humanos y el incremento de las amenazas a la libertad de expresión en ése país”. El INAI − organismo a través del cual el gobierno participa en la mencionada Alianza − únicamente manifestó [34] que condena el espionaje y respeta la decisión de las organizaciones.

Violencia y espionaje

Así, las amenazas a la libertad de expresión no tienen que ver únicamente con el funesto panorama de amenazas y ejecuciones de muchos periodistas, entre ellos Miroslava Breach [35] y Javier Valdéz [36], quienes cubrían temas de crimen organizado – y cuyas ejecuciones siguen impunes y sin avances sustanciales en la investigación aun después de varias semanas de haber ocurrido. También se suma ahora el hecho de que periodistas han sido espiados por el gobierno a través de la utilización de Pegasus, entre ellos varios del mainstream como Carmen Aristegui y Carlos Loret de Mola – quien ya desde abril de 2017 señaló abiertamente [37] haber recibido en su teléfono móvil el mensaje a través del cual ahora se sabe que comienza a infiltrarse el malware en los dispositivos afectados.

Sobre esta situación, se pronunció así el caricaturista Patricio:

Ante las invasiones a la privacidad en México, ya sea a través de un malware o spyware vendido al gobierno, activistas, comunicadores y ciudadanos en general se encuentran prácticamente inermes, pues la inviolabilidad de las comunicaciones privadas − como en otras latitudes − se convierte en letra muerta cuando el Estado alega estar librando una guerra, aunque no siempre quede claro con qué objetivos.

La conversación ciudadana respecto a este tema puede ser seguida en Twitter con la etiqueta #GobiernoEspía [8].

1 Recurso de revisión RRA 3762/16.