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Cómo leyes que regulan emisión de gases de efecto invernadero de California pueden ayudar a comunidades más pobres

Refinerias en el barrio de Wilmington en Los Ángeles. Imagen de Chris Richard, Creative Commons 2.0.

Este artículo, escrito por Chris Richard, se publicó originalmente en Ensia.com. revista que recoge las acciones que se están llevando a cabo para proteger al medio ambiente en todo el mundo. Se reproduce aquí como parte de un acuerdo de intercambio de contenidos.

Era la época de año que debería haber sido perfecta.

Las temperaturas cálidas marcaban la suave vuelta de la primavera. Los prados habían pasado de un gris apagado a un verde intenso. El cielo, que a veces adquiría un tono blanquecino y plomizo, había dado paso a un azul despejado.

En el campo de béisbol John Méndez del barrio de Wilmington en Los Ángeles, el sonido de las prácticas de bateo inundaba el ambiente. Cerca de allí, se encontraban los padres que habían llevado a sus hijos para correr y jugar en el césped verde.

No obstante, ese día fue todo menos idílico en California.

Por encima de la valla exterior se asentaba una plataforma petrolífera. No infundía especial temor. Simplemente, estaba ahí, expulsando enormes cantidades de gases. Este solo era otro instante, otro momento de bombeo, otra ráfaga de aire impregnado de petróleo. Estaba realizando su función: minuto a minuto, día a día, año a año.

La brisa primaveral apestaba.

«Pienso en eso todos los días», afirma Esteban Esqueda, entrenador de los Cubs, equipo de béisbol de niños de entre cinco y seis años, que juega en la liga Shetland.

Wilmington es un barrio obrero que limita con el puerto marítimo con más actividad de Estados Unidos e incluye cuatro refinerías. Cuenta con pozos petrolíferos y tanques de almacenamiento, muchos directamente pegado a las casas.

«Cuando huelo ese olor, me acuerdo de la gente que enferma por su culpa», afirma Esqueda.

Esa es también la preocupación de Sandra Sepúlveda. «Estamos respirando este aire», afirma Sepúlveda, quien ha vivido en Wilmington durante más de una década y tiene dos hijos pequeños. «¿Quién sabe lo que podría estar haciendo a nuestros cuerpos?».

Mientras que los legisladores de California se ponen en marcha para lograr que el estado sea líder en política nacional en la lucha contra las emisiones atmosféricas y el cambio climático, los activistas medioambientales desean que el problema se aborde de forma local.

En septiembre de 2016, el gobernador del estado, Jerry Brown firmó el Proyecto de ley del Senado 32, que obliga a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero del estado en un 40 % para el año 2030, con el objetivo de lograr los niveles de 1990.

El estado ya se había propuesto reducir las emisiones de carbono, con la aprobación en 2006 del Proyecto de ley de la Asamblea 32. Esa legislación histórica obligaba al estado a reducir las emisiones de carbono a los niveles de 1990 para el año 2020.

El Proyecto de Ley de la Asamblea 32 fomentó una serie de nuevas ordenanzas y políticas de conservación del medio ambiente, desde la creación de un programa de control de emisiones en la industria de California hasta incentivos por la compra de paneles solares y vehículos eléctricos o de celdas de combustible.

Los expertos dicen que el Proyecto de Ley del Senado 32 requerirá un cambio más extenso. «El esfuerzo que se le pida a la industria será titánico», según Jim Sweeny, director del Precourt Energy Efficiency Center de la Universidad de Stanford. «Además de eso, tendrías que promulgar regulaciones muy estrictas que obligaran a la gente a reacondicionar sus casas o a cambiar el tipo de auto que tienen. ¿Quién va a pagar por todo eso? ¿Cómo se va a poder permitir eso la clase trabajadora?».

Del mismo modo, personas como Esqueda o Sepúlveda cada vez se preguntan más cómo adaptarse a estas iniciativas para revertir el cambio climático. Hasta este momento, algunos ecologistas de California han defendido con éxito, que las leyes que pretenden reducir los gases de efecto invernadero también benefician a las personas con menos ingresos del estado, especialmente, a los grupos minoritarios, puesto que disminuyen las enfermedades respiratorias en las zonas con alta contaminación. Tradicionalmente, estas comunidades han apoyado medidas más contundentes. Y, aunque Esqueda y otros dan la bienvenida a las medidas que ya se han tomado para frenar el ritmo del calentamiento global, les gustaría ver un mayor avance, sobre todo en sus propios barrios. Además, desean que haya más programas para que los miembros de sus comunidades puedan enfrentar medidas cada vez más estrictas para limitar la emisión de gases de efecto invernadero.

Reducción de la contaminación de monóxido de carbono

El programa de control de emisiones en la industria representa el eje central de los esfuerzos del estado. Este «tope» es un límite estatal para controlar las emisiones de gases de efecto invernadero a ciertas industrias y que será cada vez más estricto. Para poder cumplir con las restricciones estatales, las compañías tienen tres opciones: reducir las emisiones, adquirir créditos de carbono para poder seguir emitiendo gases de efecto invernadero o pagar compensaciones que les permita contrarrestar las elevadas emisiones en unas zonas con reducciones en otras.

No obstante, con la tercera opción, no hay estipulación estatal de que el beneficio sea en California.

Un estudio de la Universidad del Sur de California descubrió que en los dos primeros años de implementación del programa, desde principios de 2013, más de la mitad de las compensaciones se destinaron a proyectos fuera del estado. Mientras tanto, las fábricas que compraban los derechos para continuar emitiendo gases de efecto invernadero liberaban una cantidad similar de contaminantes de monóxido de carbono. Es más, el estudio descubrió que en los primeros años del programa de control de emisiones en la industria, las emisiones aumentaron en las comunidades situadas en torno a las zonas industriales.

Según las leyes de California, los fondos de las subastas de créditos se deben emplear en programas para reducir los gases de efecto invernadero. En 2012, los legisladores estatales aprobaron el proyecto de ley del Senado 535 para asignar un cuarto de los fondos de la subasta a proyectos medioambientales que beneficiasen a las «comunidades más desfavorecidas». En 2016, el proyecto de ley de la Asamblea1550 endureció ese requisito, y obligó a que el 25 por ciento de los fondos de la subasta se invirtieran en esas comunidades.

El estado identifica esas zonas gracias a la ayuda de herramienta de análisis informático que estudia datos medioambientales, sanitarios, socioeconómicos y demográficos, todo el censo de California. Se cree que el dinero se destina a programas medioambientales en las zonas más afectadas. Pero algunos han cuestionado la distribución.

«Mi distrito presenta la peor contaminación atmosférica del estado; aun así, es el distrito que menos financiación recibe del programa para ayudarnos a resolver nuestros problemas», declara la diputada estatal Cristina García. «Esto no puede seguir así».

García, presidenta del Comité de Recursos Naturales, es líder de la campaña organizada por una nueva coalición de legisladores de comunidades altamente contaminadas de California, que tiene como objetivo ampliar los subsidios, apoyándose en la justicia medioambiental.

A finales de abril de 2017, el consejo que dirige García aprobó el proyecto de ley de la Asamblea 378, que formalizaría la regulación por la que se regiría la contaminación atmosférica como parte del programa estatal de control de emisiones en la industria. Se necesitaría la mediación de la Junta de Recursos del Aire de California para fijar individualmente los límites de contaminación atmosférica de las fábricas.

«Nos preocupa especialmente saber si el dinero recaudado en las subastas del programa se está invirtiendo en las comunidades que están sufriendo, de forma desproporcionada, la peor parte de las consecuencias de la contaminación», afirma Kevin de León, presidente temporal del Senado estatal. «Conforme avancemos con el programa de control de emisiones en la industria, es muy importante que estas comunidades cuenten con los recursos que necesitan para combatir estas emisiones nocivas».

Cada vez más, funcionarios electos como de León y García citan ese argumento en los debates sobre la proposición de ley del senado 32. El gobernador Brown defiende que la continuación del programa es vital para alcanzar esos objetivos. Sin embargo, los activistas a favor de la limitación de impuestos sostienen que el programa es inconstitucional porque al principio los legisladores estatales la aprobaron por mayoría simple, y no por mayoría absoluta, que es la forma habitual de introducir nuevos impuestos. Pero, un tribunal estatal de apelaciones ha desestimado ese argumento, y ha afirmado que el programa de control de emisiones en la industria no es ningún impuesto, ya que el hecho de comprar compensaciones o créditos de carbono es una acción voluntaria. Brown espera encontrarse con más obstáculos y busca obtener los dos tercios de las votaciones en la legislatura estatal para aprobar la ampliación del programa.

Una mayoría así es difícil de conseguir. Los legisladores que representan a las comunidades fuertemente contaminadas están usando sus votos como medios de cambio para promover programas que puedan beneficiar a sus electores.

«Las leyes sobre el cambio climático del estado han empezado a conocerse como políticas de “efecto derrame”», afirma el diputado estatal Eduardo García, que consiguió que el año pasado se aprobara la ley que une las nuevas regulaciones de gases de efecto invernadero del estado con unas nuevas medidas de supervisión por parte de los legisladores estatales que exijan un mayor control de la contaminación en torno a zonas industriales, en lugar de centrarse solamente en una reducción de las emisiones a escala estatal.

«Puede que las medidas tomadas antes de las subvenciones medioambientales llegaran a repercutir positivamente, pero no lo suficiente. Hemos dado una vuelta de tuerca a las políticas de “efecto derrame”», afirma Eduardo García.

Vehículos no contaminantes para todos

Otro de los objetivos es conseguir una mayor participación de los ciudadanos en los programas medioambientales para garantizar que todos se beneficien de ellos. En el año 2014, de León fue el artífice de la aprobación de la ley que obligaba al organismo regulador del estado a desarrollar programas que permitieran un mayor acceso a medios de transporte no contaminantes en las comunidades con bajos ingresos. La ley pretende poner en circulación 1,5 millones de vehículos de hidrógeno o eléctricos para el año 2025.

«Si realmente queremos generar un cambio en las emisiones de carbono, que [son] globales, debemos asegurarnos de que las familias se pueden permitir estos vehículos», añade de León.

La ley se está aplicando mediante un programa piloto ofrecido por la organización con sede en California, Community Housing Development Corporation (CHDC) de Richmond, que ofrece subvenciones para vehículos de segunda mano híbridos, eléctricos o de celdas de combustible para los residentes con bajos ingresos de seis condados del norte de California. La directora del programa de la Organización de Promoción de Viviendas Sociales, Vivian Rahwanji, está intentando ampliar el programa a todo el estado.

De modo similar, la organización sin ánimo de lucro Valley Clean Air Now utiliza los fondos del programa de emisiones en la industria para los residentes con pocos ingresos del valle de San Joaquín. Tom Knox, director ejecutivo, afirma que suele ayudar a los clientes a cambiar vehículos antiguos de combustión interna, que son costosos de mantener, por vehículos eléctricos más nuevos y fiables.

Knox predice que se implantará este sistema de intercambios en todo el país.

«No tenemos por qué limitarnos a las zonas costeras de Santa Mónica», añade, refiriéndose a una parte liberal del estado. La cultura y la economía del valle de San Joaquín son mucho más similares a, digamos, Kansas u otras partes más conservadoras del país que los enclaves liberales, afirma.

«La diferencia es que aquí tenemos el programa de control de emisiones en la industria, que ha sido objeto de debate en todo el país», explica. «Pero sea cual sea la procedencia de los fondos, puedo decir que disponer de fondos para estos programas voluntarios de incentivación es muy efectivo».

En Los Ángeles, Bahram Fazeli, director de investigación y creación de políticas en el grupo activista sin ánimo de lucro Communities for a Better Environment, quiere que estos programas crezcan exponencialmente.

«La verdad es que si vas a Sacramento hoy, parece que todo el mundo está promoviendo las leyes del programa de vehículos eléctricos. Sin embargo, todavía le queda algo por avanzar. Necesitamos disponer de programas que cambien las cosas, especialmente en el sur de Los Ángeles», afirma. «Si queremos alcanzar nuestros objetivos para 2030, no podemos continuar haciendo las cosas así».

Amy Vanderwarker, codirectora del grupo activista California Environmental Justice Alliance, quiere trasladar ese mensaje transformacional a un público más amplio. «Lo que realmente esperamos, especialmente en el contexto de la administración federal, es mostrar lo que implica ser los abanderados de la lucha contra el cambio climático en California y en todo el país. Es una política que se centra en temas como la igualdad y la justicia ambiental. Así es como California puede seguir siendo líder, dice.

Respirar aire limpio

Aiko Schaefer, coordinador de la organización del estado de Washington, Front and Centered, coalición de grupos a favor de justicia económica y medioambiental, afirma que el ejemplo de California inspiró a su grupo a apoyar una ley de impuesto de emisiones que incluye apoyo financiero a los barrios más castigados por la contaminación.

«La idea de reinvertir los ingresos tributarios de las emisiones en las comunidades con mayores niveles de contaminación desarrollado en California se está abriendo camino en las políticas estatales de todo el país», Schaefer afirma.

Rafe Anderson, que vive en San Pedro, barrio cercano a Wilmington, asistió a una manifestación por el clima cerca de una refinería de petróleo que ha anunciado sus planes de ampliación. Ve como razonable que la propia compañía se ocupe de la contaminación que genere.

«Si vives aquí, te levanta por la mañana y sales a la calle y, por ejemplo, ves tu auto cubierto de una desagradable capa de polvo y sabes que estás respirando esa sustancia», sostiene. «No me cabe en la cabeza que tuviéramos que decir a estas personas: “vamos a llevar un control del desastre que están causando; pero, no va a ser total”».

A unas manzanas de aquí, cerca del campo de béisbol de Wilmington donde se alza la plataforma petrolífera, Sandra Sepúlveda olía el aire. Era sábado, y en ese momento, los camiones de mercancías que habitualmente se juntan en Harry Bridges Boulevard se habían esfumado para el fin de semana.

No había atascos ese día. No se olían los gases del diésel. Una brisa fresca había eliminado el hedor del pozo petrolífero.

Se podía oler el océano y olía muy bien.

Los partidarios de la combinación de las políticas de conservación del medio ambiente con la justicia social esperan una solución medioambiental que sea permanente y transforme sus comunidades, mucho más que un soplo de aire fresco que dependa de un cambio en el viento.  

Chris Richard es periodista independiente y vive en Los Ángeles. Escribe sobre la justicia penal, la salud y el medio ambiente. Sus trabajos se han publicado en “The California Report”, “The California Health Report″, “Grist” y “The Christian Science Monitor”.

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