El Netizen Report de Global Voices Advocacy ofrece una instantánea internacional de los problemas, victorias y nuevas tendencias en materia de derechos de Internet en todo el mundo.
La censura en Palestina ha venido en aumento durante las últimas semanas. El 12 de junio, los funcionarios de la Autoridad Palestina (AP) exigieron a los proveedores de internet de Cisjordania el bloqueo de 22 sitios web denunciados, donde la mayoría eran aliados del opositor partido islámico Hamas o, de alguna u otra forma, eran detractores del presidente Mahmoud Abbas. Al parecer, los sitios web sólo están bloqueados dentro de Cisjordania.
Un funcionario de la Fiscalía General, quien prefiere mantenerse en el anonimato, asegura que los sitios fueron bloqueados por violar las “normas de publicación”, pero no se dieron mayores explicaciones. La ley de Prensa y Publicación de 1995 contempla varias restricciones ambiguas sobre la libertad de expresión, entre ellas, una norma que prohíbe que la prensa “contradiga los principios de responsabilidad nacional” o publique material que no sea “coherente con la moral”.
El Centro Árabe para el Avance de los Medios Sociales (7amleh) con sede en Haifa repudió la orden de bloqueo, y sostuvo que “[Nos] parece una medida que contradice por completo todos los tratados y convenios internacionales, y supone una grave violación a los derechos digitales de un sector de la sociedad palestina”.
En la red, los palestinos expresaron su frustración ante el bloqueo y la falta de transparencia en torno a la orden de la Autoridad Palestina. Se lanzó una campaña bajo la etiqueta en árabe #لا_للحجب (“No al bloqueo”) para exigir que la Fiscalía General explique la decisión en una declaración pública.
La ola de censura en la red se produce después del arresto de Nassar Jaradat, joven usuario palestino de Facebook, ocurrido el 8 de junio. La AP acusó a Jaradat de “ofender y difamar a funcionarios públicos” en una publicación de Facebook donde criticaba a Jibril Al Rajoub, destacada figura dentro de la cúpula de la AP. En una reciente entrevista con el noticiero israelí “Reunión con la prensa”, Al Rajoub dijo que el muro occidental de la Jerusalén Oriental ocupada debía “permanecer bajo la soberanía israelí”, declaración que fue repudiada por muchos palestinos.
En su publicación de Facebook, Jaradat dijo sobre las declaraciones de Al Rajoub:
To give what you don’t personally own to those who do not deserve it. This is the essence of deception and the terror of concession.
Regalar lo que no es tuyo a quienes no lo merecen. La esencia del engaño y el terror de la concesión.
Jaradat se arriesga a recibir cualquier condena desde tres semanas hasta dos años de prisión, según las previsiones sobre “difamación, ofensa y humillación” contempladas en el Código Penal jordano de 1960, que todavía rige en Cisjordania.
Activistas exponen el multimillonario mercado tecnológico de la vigilancia en México
Los abogados de derechos humanos, periodistas y activistas anticorrupción mexicanos sufrieron ataques de programas espías adquiridos por el gobierno, según revela una investigación publicada esta semana por varias ONG de México y Canadá. El software fue adquirido por las autoridades mexicanas a la empresa israelí del grupo NSO, bajo el acuerdo explícito de que sólo se utilizaría para investigar a criminales y terroristas. Entre los que sufrieron el ataque se encuentran periodistas, abogados que investigaban la desaparición de 43 estudiantes y un abogado estadounidense que representaba a las víctimas de abusos sexuales por parte de la policía.
El Gobierno negó toda relación con la vigilancia y los operativos de comunicación contra los defensores de los derechos humanos sin autorización previa. Sin embargo, una investigación del Laboratorio Ciudadano de la Universidad de Toronto indica que la selección, los objetivos y la forma de ataque “ofrecen suficientes pruebas de que los ataques se llevaron acabo sin la adecuada supervisión y responsabilidad judicial”.
Twitter censura a simpatizantes del gobierno venezolano
La semana pasada, el Ministerio de Información de Venezuela denunció que Twitter suspendió al menos 180 cuentas pertenecientes a simpatizantes del Gobierno y a medios financiados por el gobierno. El 17 de junio, el presidente Nicolás Maduro hizo una declaración pública donde repudió las suspensiones por ser “expresiones de fascismo” y prometió abrir miles de cuentas nuevas. “La batalla en las redes sociales es muy importante”, afirmó. Si bien las reglas de Twitter prohíben las amenazas violentas, el acoso y el “comportamiento que incita al odio”, la empresa es conocida por aplicar estas normas de manera desigual e impredecible.
Tecnología espía: una amenaza para los transeúntes chinos
Las ciudades chinas de Jiangbei, Jinan y Suqian pusieron en funcionamiento una aplicación de reconocimiento facial para avergonzar y multar a los ciudadanos que cruzan mal la calle. Una vez capturados, su imagen aparece en las pantallas gigantes de las intersecciones, y sus datos personales como imagen en primer plano, nombre, edad, domicilio y número de identificación se cargan en la base de datos de la policía.
Ley anticonspirativa de Japón pone a los ciudadanos bajo el microscopio
El 15 de junio, el Parlamento japonés ratificó la promulgación de una controvertida ley “anticonspirativa”. Se teme que la ambigüedad de la nueva ley, que contempla casi 300 delitos, pueda menoscabar las libertades civiles de Japón al dotar a las autoridades de amplios poderes para la vigilancia, lo cual deja abierta a distintas interpretaciones la pregunta de a quién se puede vigilar. Joseph Cannataci, relator especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a la privacidad, criticó la ley y expresó su preocupación por que pudiera “legitimizar y facilitar la vigilancia gubernamental sobre las ONG que consideran que actúan en contra de los intereses del gobierno”.
Nuevas investigaciones
- Entender la seguridad digital entre los jóvenes palestinos – 7amleh
- Censura en Egipto: Pruebas de los recientes actos de censura del país – Observatorio Abierto de Interferencia en la Red
- Nueva agenda comercial digital: ¿Estamos regalando la internet? – OpenDemocracy