El primer ministro tunecino Youssef Chahed habla con la prensa durante la Asamblea Mundial de Normalización de la Telecomunicaciones de 2016 y que tubo lugar en Túnez. Fotografía de UIT, publicada en Flickr bajo una licencia Creative Commons (CC BY 2.0).
Ha ocurrido una gran victoria para los medios de comunicación tunecinos: su gobierno ha suspendido [1] las pautas en las que se imponía a los funcionarios cómo debían comunicarse con la prensa.
Esas pautas, emitidas por el primer ministro Youssef Chahed en la circular número 4 el 15 de enero de 2017, prohibían [2] a los funcionarios hablar con la prensa y revelar información oficial a menos que tuviesen la autorización de sus superiores:
احتراما للواجبات المحمولة على كل الأعوان العموميين في علاقتهم بوسائل الإعلام، الواردة في مدونة سلوك وأخلاقيات العون العمومي، فإنه يتعين عليهم الإمتناع عن الإدلاء بأي تصريح أو مداخلة وعن نشر أو إفشاء معلومات آو وثائق رسمية، عن طريق الصحافة أو غيرها من وسائل الإعلام، حول مواضيع تهم وظيفته أو الهيكل العمومي الذي يعمل به، بدون الإذن المسبق والصريح من رئيسه المباشر
Por respeto a las obligaciones de los funcionarios en su relación con los medios de comunicación, tal como se indica en el código de conducta y ética del funcionario, [los funcionarios] deben abstenerse de realizar declaraciones o intervenciones, o revelar información o documentos oficiales en la prensa o por cualquier otro medio, relacionadas con sus funciones o las estructuras públicas en las que trabajan sin autorización previa y expresa de su jerarquía.
A pesar de haberse creado de conformidad con la legislación vigente que regula las unidades de información y comunicación de ministerios e instituciones gubernamentales, grupos y organizaciones que promueven la libertad de prensa han criticado las pautas. Además de pedir al Gobierno el retiro inmediata de las pautas, los periodistas locales y los sindicatos de medios de comunicación han aprovechado para presionar al gobierno a revisar el Decreto 4030 del 4 de octubre de 2014 [3] relacionado con el código de conducta y ética de los funcionarios.
El decreto prohíbe a los funcionarios realizar declaraciones o revelar información a la prensa si no tienen la autorización de sus superiores o de los directores de las instituciones públicas en las que trabajan. Las pautas estaban redactadas de conformidad con el decreto mencionado.
Si no se suspenden las polémicas pautas ni se revisan el Decreto 4030, el Sindicato Nacional de Periodistas Tunecinos junto con otros sindicatos que representan a los profesionales de los medios ha amenazado con realizar actos de protesta entre las que se incluyen una manifestación programada para el 28 de febrero y una huelga [4] en los medios.
Sin embargo, en una reunión entre representantes del Gobiernos y sindicatos que representan a periodistas y profesionales de los medios realizada el 27 de febrero, el gobierno decidió [1] suspender las pautas y modificar el Decreto 4030 para el 3 de marzo.
Desde 2011, con la destitución de Zine el-Abidine Ben Ali, que estuvo en el poder durante 23 años, Túnez ha adoptado medidas en favor de la libertad de expresión con el objetivo de mejorar la transparencia del gobierno y reducir la corrupción. En 2016, se ratificó el derecho constitucional de acceso a la información con la aprobación [5] por parte del Parlamento de una ley sobre libertad de información (Ley 22 del 24 de marzo de 2016 [6] sobre acceso a la información). A fines de febrero, el Parlamento aprobó una ley [7] que protege a los denunciantes que revelan pruebas de corrupción. Sin embargo, estas reformas suelen tardan en ponerse en acción.
Parece que los periodistas y los grupos que defienden los derechos fundamentales en Túnez tienen que continuar su lucha para conseguir reformas democráticas. Como dijo [1] el presidente del Sindicato de Periodistas Neji Bghouri: «Las organizaciones profesionales continuarán realizando su trabajo para detener cualquier medida que prohíba la libertad de prensa».