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El pacto de poder que acosa a las universitarias en Paraguay

La Plataforma de Universitarias Feministas (PUF) realizó una protesta el día en que Cristian Kriskovich juró en el Senado como miembro del Consejo de la Magistratura. Algunos senadores también se retiraron de la sesión en rechazo del cuestionado docente. Fotografía de Rodrigo Centurión, perteneciente al Archivo PUF y tomada de Kurtural con permiso.

La siguiente es una versión re-editada de uno de los episodios de la serie “El país de las mujeres”, publicada originalmente por Kurtural en su sitio web. 

El profesor insistía a Belén Whittingslow, su estudiante, para que se encontraran. Le sugería que se vistiera con un uniforme de jugadora de hockey para ir a verle. Decía que le parecía sexy. Whittingslow rechazaba los encuentros y le pedía que solo fueran amigos. “Ofrecerle amistad a quien pide amor es como solo darle un beso en la mejilla a quien quiere cogerte salvajemente contra la pared”, le respondía Cristian Kriskovich, un abogado blindado con poder que enseña Derecho en la Universidad Católica “Nuestra Señora de la Asunción” (UCA), una de las más prestigiosas de Paraguay y donde el acoso a las universitarias es un secreto a voces.

Whittingslow lo denunció cuando se enteró de que en un claustro de profesores, él afirmó que ambos mantenían una relación. La Fiscalía, que tomó el testimonio de ella y los mensajes que había recibido, vio indicios de acoso sexual. Tras varios cambios de fiscales, el caso llegó al fiscal Fabián Centurión, quien desestimó la denuncia. Pese a que Kriskovich había admitido que envió mensajes a Whittingslow, el fiscal decidió no hacer el peritaje de su teléfono celular. Para él, el docente “cortejó y galanteó” a Whittingslow y no había delito alguno que investigar.

Un día después de que el fiscal Centurión desestimara la denuncia, Whittingslow fue imputada por presunta compra de notas. “Ya no pude matricularme en otra universidad, tuve que terminar la carrera en el interior. Perdí otros tres años. Durante mucho tiempo tuve miedo de salir a la calle, y ni siquiera ahora puedo leer algo que haya dicho Kriskovich. En este tiempo engordé 28 kilos y tuve un prolapso en una válvula del corazón. Ni a mi peor enemigo le deseo pasar por esto”, cuenta Whittingslow.

Kriskovich le pide ahora 450.000 dólares por daños a su imagen. Ella dice que al menos tres de sus compañeras que también fueron expulsadas por el caso de compra de notas son inocentes, pero fueron imputadas tras negarse a tener sexo con Kriskovich. “Imaginate lo que cuesta pagar a los abogados durante todo este tiempo. Hay muchas compañeras que son del interior, que son becadas, y no van a tener la plata para ir a juicio”, dice Whittingslow. También opina que ellas querían ahorrarse el martirio que vive Whittingslow por enfrentar en los juzgados a un hombre con el poder de Kriskovich.

Estado, Iglesia y academia: Un pacto de impunidad para el acoso.

Las universitarias hicieron una acción de protesta contra el arzobispo Edmundo Valenzuela. El representante de la Iglesia había dicho que “debemos cuidar de no hacer de una piedrita una montaña”, en respuesta a una denuncia por acoso sexual de un cura en la ciudad de Limpio. Fotografía de Rodrigo Centurión, perteneciente al Archivo PUF y tomada del sitio de Kurtural con permiso.

Además de docente, Cristian Kriskovich tiene estrechos vínculos con la Iglesia Católica y es un abogado influyente en el Poder Judicial. En el caso de Belén Whittingslow, la Iglesia cerró filas en torno a él. Edmundo Valenzuela, arzobispo de Asunción y máxima autoridad de la UCA que ejerce como puente entre la Universidad y la jerarquía eclesiástica, fue el primero en proteger a Kriskovich.

Kriskovich además forma parte del órgano encargado de juzgar a los jueces acusados de delitos o de mal desempeño de sus funciones: el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados; y es miembro del Consejo de la Magistratura, institución que elige jueces y fiscales en Paraguay. Durante el juramento de Kriskovich en su cargo en dentro del Consejo de la Magistratura, a comienzos de marzo de este año, varios senadores abandonaron la sala de sesiones en repudio a las acusaciones por acoso sexual a Belén Whittingslow. Cinco días después, el Consejo de la UCA reiteró su respaldo a Kriskovich.

“A la Iglesia le interesa tener a un representante dentro del Poder Judicial, a través de la Universidad Católica, para que no se juzguen delitos que involucran a curas, incluidos los casos de pedofilia y abusos sexuales. Por eso mantienen a Kriskovich en la Universidad”, denuncia Juan Martín Barba, abogado de Whittingslow.

Una cuota diaria de acoso para las universitarias

En la UCA, el acoso a estudiantes es un secreto a voces. “A menudo no es percibido como violencia. Está naturalizado tanto por las víctimas como por los acosadores. Ellas perciben que acosar es parte de la cuota de poder que tienen los docentes”, explica Ana Portillo, quien fue docente de un seminario de género en la UCA en 2016.

Portillo propuso a las estudiantes del seminario el ejercicio de identificar las situaciones sexistas que eran cotidianas en la universidad. Las estudiantes contaron que cada día, al ir a clase, escuchaban comentarios machistas de parte de los profesores, en clave de burlas e insultos.

“¿En qué se parece una mujer a un asado? En que las dos sangran, se les da vuelta, y se les come”, dijo un profesor de Epistemología. “Hoy es mi alumna, mañana puede ser mi amiga, y pasado mañana quién sabe”, comentó un docente de Filosofía. “Chicas, chicas, dejen de tocarse que me están dando ideas”, lo dijo un profesor de Introducción a la Teoría Social. Este último también es autor de frases como “si querés damos clase con las luces apagadas”, “vi un lindo culo rengueando”, o “¿te pusiste a pensar qué lindos hijos podríamos tener nosotros?”.

Portillo dice que hay muchas barreras que impiden a una estudiante reconocerse como víctima de acoso y denunciarlo: la idea de que la responsabilidad de “frenar” a los docentes es de las estudiantes, el temor a manchar su reputación, el escaso apoyo de los compañeros, o incluso el hecho de que la mayor parte de las autoridades universitarias sean varones, y que por tal pueden ser cómplices del docente denunciado.

A pesar de la impunidad, Báez cree que el acoso debe ser denunciado. “Si no denunciamos, es más fácil esconderlos y que pasen desapercibidos”, dice. Ella admite que se animó a denunciar solo cuando Morínigo dejó de ser su profesor. “Fue todo un conflicto interno, porque él es un profesor de renombre, que tiene trabajos muy válidos, mucha producción, y yo tenía miedo de quedar marcada, de que me bajaran las calificaciones o el promedio”.

La respuesta de las estudiantes : Un protocolo de prevención y atención

El borrador de un protocolo de prevención y atención a los casos de violencia de género fue elaborado y presentado en 2016 por las estudiantes a las autoridades de la UCA. Aún no tuvieron respuesta. Fotografía de Juanjo Ivaldi. Publicada en el sitio web de Kurtural y tomada con permiso.

Ante la falta de respuesta a las denuncias realizadas y de herramientas para reaccionar contra el acoso dentro de la universidad, las integrantes de aquel seminario sobre género realizado en la UCA en 2016 redactaron un protocolo de prevención y atención a los casos de violencia de género. El borrador del protocolo se basa en normativas que ya poseen otras universidades en diferentes países del mundo, como la Universidad de la República de Uruguay. De 63 universidades de Latinoamérica consultadas en 2016 por el medio Distintas Latitudes, solo 12 cuentan con protocolos contra la violencia sexual.

En otra encuesta realizada por el mismo medio a 173 universitarios de 14 países, el 67% de ellos dijo que conocía al menos un caso de acoso sexual en su universidad.

Las estudiantes del seminario sobre género realizado en la UCA presentaron el borrador del protocolo al Rectorado para su estudio.

Siguen esperando respuesta.

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