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Dos años después de violenta incursión, un pueblo libanés sigue sin internet móvil

Categorías: Medio Oriente y Norte de África, Líbano, Derechos humanos, Libertad de expresión, Medios ciudadanos, Tecnología, GV Advox
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Vista de la ciudad de Arsal ubicada cerca de la frontera siria, octubre de (Nabil Hassan).

Este artículo fue escrito [2] originalmente en árabe por Elham Barjas y apareció publicado en el sitio de Social Media Exchange [3] (SMEX). Nadine Saliba lo tradujo [4] al inglés para el mismo sitio web.

Los habitantes de la ciudad libanesa de Arsal han estado sin acceso a las redes móviles 3G y 4G desde hace casi dos años. Esta medida, tomada por razones de seguridad según funcionarios del Gobierno, ha puesto una significativa carga financiera sobre los habitantes de la ciudad.

En agosto de 2014, combatientes del frente al-Nusra (afiliado a al-Qaeda) y el Estado Islámico en Iraq y Siria (ISIS) hicieron una incursión en Arsal [5]y secuestraron a 27 soldados libaneses y un miembro de las fuerzas de seguridad libanesas, y los mantuvo como rehenes en las colinas de Arsal.

Según activistas locales de la sociedad civil, el acceso a 3G y 4G fue cortado por el operador móvil de telecomunicaciones Alfa and touch después de la incursión, lo que afectó a 160,000 habitantes de la ciudad fronteriza del noreste, que consiste en personas del lugar y refugiados sirios. En los dos últimos años, Arsal ha estado aislada físicamente del resto del país con puntos de control y medidas de seguridad reforzadas. Estar sin internet móvil no solamente ha incomodado a los habitantes –también los ha dejado con acceso reducido a servicios de emergencia e información cuando más los necesitan.

Khaled Rifai, presidente de un conglomerado de organizaciones de la sociedad civil en Arsal, averiguó “en nombre de la comunidad” con las dos empresas de telecomunicaciones en 2016. Le dijeron que “la decisión la tomó le Estado libanés y por lo tanto no está en manos de [las empresas de telecomunicaciones]”. Luego contactó al ministro de Telecomunicaciones, Boutros Harb, que confirmó que el bloqueo de este servicio es una decisión de seguridad tomada por la dirigencia del ejército dirigida a sirios que viven en Arsal. Harb también afirmó que el asunto «tampoco estaba en sus manos”.

Otras personas de la zona también ha llamado a Alfa and touch para protestar por el bloqueo y pedir una explicación. El activista Bassem Atrash cuestionó a los representantes de atención al cliente de las empresas en 2015 y 2016, y le dijeron que desconocían el asunto. En una entrevista con SMEX, Atrash citó a un representante que le dijo: “¿De verdad? ¿Internet está cortado en Arsal?”.

Sospecha que fingieron ignorancia, en un intento de evitar tener que explicar por qué las redes siguen inaccesibles. Atrash también ha observado que los servicios 3G y 4G se reconectan automáticamente en cuanto sale de Arsal y va a ciudades vecinas.

A pesar de la falta de información del Gobierno y de las empresas de telecomunicaciones locales, es concebible que las autoridades estén buscando limitar la capacidad de grupos extremistas violentos de comunicarse entre sí. Su táctica se ha usado en varias partes del mundo, a menudo como respuesta a intensificadas amenazas a la seguridad –como ataques de insurgentes en la península del Sinaí de Egipto [6] y el ataque contra la pastelería Holey Artisan [7] en Bangladesh en julio de 2016 –y en detrimento de la población local.

Consecuencias de un bloqueo de internet

Los bloqueos de internet son cada vez más considerados como arma de la intención de gobiernos de reprimir el acceso a la información y los medios. Access Now, grupo internacional que defiende los derechos digitales en todo el mundo, define un bloqueo de internet [8] como “una interrupción intencional de internet o comunicaciones electrónicas, que las vuelve inaccesibles o inutilizables para una población específica o dentro de un lugar, a menudo para ejercer control sobre el flujo de información”. Durante su campaña a nivel mundial #KeepItOn (Déjalo funcionar) contra apagones de internet, SMEX advirtió [9] que en “tiempos de disturbios políticos, un bloqueo de internet podría llevar a un aumento en la violencia y actos de represión y a la vez hacer casi imposible llegar a servicios esenciales y conectarse con los seres queridos”.

Ciertamente, Arsal ha presenciado repetidos enfrentamientos entre el ejército libanés y grupos militantes extremistas desde 2014. Esto ha dejado a los habitantes sujetos a actos de violencia y sin poder transmitir noticias al mundo exterior. Crisis Group, organización que brinda análisis [10] de conflictos, ha informado de acusaciones de abusos de derechos humanos de funcionarios de seguridad. Esos informes se vuelven más difíciles de corroborar y verificar cuando la mayoría de los afectados no pueden comunicarse fácilmente con otros.

Los bloqueos también tienen consecuencias económicas negativas. Una investigación [11] realizada por Bahrain Watch en 2016 descubrió un patrón de interrupciones de internet en la aldea bahreiní de Duraz, que el grupo sospecha se vinculan con protestas en la aldea de 20,000 personas. La investigación reveló que los proveedores de internet estaban cobrando cuotas excesivas que llegaban a $279,000 al mes de suscriptores de internet solamente en Duraz.

“Por supuesto, este es un estimado conservador de los daños económicos”, añade el informe, “pues no toma en cuenta pérdidas adicionales derivadas del bloqueo, como estudiantes que no pueden completar sus tareas, y empresarios que no pueden procesar pagos de tarjeta de crédito”.

Las conexiones fijas de internet son costosas

Desde la incursión, los habitantes de Arsal que quieren navegar en línea solamente tienen una opción: subscribirse a IDM, el único proveedor de servicio de internet con licencia estatal en la zona. Esto significa que no pueden acceder a internet, salvo en su casa o lugar de trabajo, y que no tienen acceso cuando se mueven por la ciudad.

También significa que están sujetos a aumento de costos. Como expresa Atrash, a pesar de no tener servicio constante, “activo el servicio mensualmente porque visito estas aldeas dos o tres veces por semana y lo uso ahí”. El plan más barato de IDM, que ofrece 2M-10GB, cuesta $12 al mes, además de los pagos de instalación. En contraste, los planes móviles de 24 o 48 horas (que dan acceso a aplicaciones de mensajería instantánea) llegan a costar $1, lo que permite a quienes trabajan con tarifas por hora comunicarse con sus seres queridos en caso de una emergencia. En el norte del Líbano, donde los índices de pobreza [12] están entre los más altos del país, los servicios de IDM son simplemente muy costosos para muchos habitantes.

A diferencia de muchas personas, Atrash puede pagar un plan mensual. Paga “50,000 libras libanesas al mes (cerca de $33) por un servicio de internet muy débil que a veces se corta por una hora o más, sobre todo durante las tormentas”, dice.

El bloqueo también interrumpe otros aspectos de la vida de los habitantes y activistas de Arsal. “Algunos, especialmente los estudiantes, deben ir a pueblos vecinos para tener acceso a internet”,  explicó Tarek al-Hujeir. Un exasperado Rifai, presidente del conglomerado, también compartió sus frustraciones. “A veces debo dejar de trabajar e ir a mi casa solamente para enviar un correo electrónico”. Por su parte, Mahmoud Fleiti, habitante de la zona, observó que las “personas se han acostumbrado a esta realidad”.

¿Es legal según la ley libanesa?

El Estado libanés está tomando estas medidas a pesar de una resolución [13] del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas  adoptado en julio de 2016, que pide la promoción y protección de derechos humanos en línea. A través de la resolución, el Consejo condena las «medidas para evitar o interrumpir intencionalmente el acceso o difusión de información en línea en violación del derecho internacional de derechos humanos y pide a todos los estado que se abstengan y cesen esas medidas”.

Privar a las personas de acceso a internet simplemente porque viven en un lugar determinado es también una violación a la Constitución libanesa, que estipula la igualdad como un principio. El preámbulo de la Constitución establece que el Líbano se “basa en el respeto a las libertades públicas, sobre todo la libertad de opinión y creencia, y respeto a la justicia social e igualdad de derechos y obligaciones entre todos los ciudadanos sin discriminación”.

A pesar de la ausencia de una disposición que garantice explícitamente el derecho a acceder a internet, la Ley de Telecomunicaciones 431 (2002), que regula las telecomunicaciones, establece que el servicio de internet es parte de los servicios públicos de telecomunicaciones. Esta ley establece que los proveedores de estos servicios deben garantizar su acceso a todos los ciudadanos y habitantes en todas las regiones. El acceso a internet, como servicio público, está consagrado en la ley. Esto pone en duda la base legal sobre la cual el Estado libanés puede privar a todo un pueblo de un servicio público básico en la era digital.

Sin base legal para afectar la vida de 160,000 personas ante la falta de comunicación clara de funcionarios del Gobierno, los habitantes quedan vulnerables y más aislados en este remoto pueblo fronterizo.

Nota del editor: SMEX contactó a dos empresas de telecomunicaciones del Líbano’y la oficina del ministro de Telecomunicaciones, Jamal al-Jarrah, para sus comentarios, pero no recibió respuesta al momento de la publicación.