El Netizen Report de Global Voices Advocacy ofrece una instantánea internacional de los problemas, victorias y nuevas tendencias en materia de derechos de Internet en todo el mundo.
Al parecer, el riesgo de trabajar para el interés público, ya sea como periodista, activista o defensor de la transparencia y responsabilidad gubernamentales es cada vez mayor en todo el mundo.
El 5 de julio, la policía de Turquía irrumpió en un taller sobre tecnologías de la información que tenía lugar en Estambul, arrestó a dos instructores y a ocho de los más reconocidos defensores de los derechos humanos del país y confiscó sus equipos electrónicos, como computadoras y teléfonos celulares. Aún no hay cargos contra los detenidos, quienes permanecerán encerrados mientras evalúan sus casos. Entre los arrestados se encuentra la directora de Amnistía Internacional Turquía, Idil Eser.
El presidente de la organización, Taner Kilic, estuvo en prisión preventiva hace menos de un mes. De inmediato tras el arresto de los capacitadores, Amnistía Internacional emitió una declaración en su nombre:
(Idil Eser's) incommunicado detention and that of the other human rights defenders attending a routine training event, is a grotesque abuse of power and highlights the precarious situation facing human rights activists in the country. Idil Eser and those detained with her must be immediately and unconditionally released.
Su arresto e incomunicación (de Idil Eser) y el de los otros defensores de los derechos humanos que se encontraban en un evento de capacitación de rutina constituye un grotesco abuso de poder y pone en evidencia la precaria situación que viven los activistas de derechos humanos en el país. Idil Eser y el resto de los detenidos deben ser liberados de inmediato y de forma incondicional.
Dos días antes, el gobierno militar de Myanmar acusó a tres periodistas digitales independientes bajo la Ley de Asociaciones Ilícitas, que penaliza la membresía de «asociaciones ilícitas», y podría recibir una condena de hasta tres años de prisión. Los periodistas fueron arrestados a fines de junio en el estado de Shan, al norte del país, mientras recopilaban información sobre operativos de narcotráfico en una región controlada por el grupo étnico armado Ejército de Liberación Nacional Ta’ang, que ha mantenido un largo conflicto político con el gobierno federal. La audiencia de los periodistas está prevista para el 11 de julio de 2017.
Los periodistas trabajan para The Irrawaddy y Democratic Voice of Burma, que se encuentran entre los pocos medios independientes que informaban sobre temas políticos cuando Myanmar todavía se encontraba bajo un régimen militar. The Irrawaddy es socio de contenidos de Global Voices.
Kyaw Zwa Moe, editor de la edición en inglés de The Irrawaddy, advirtió que el arresto de los tres periodistas pudo haber causado un efecto paralizador en la sociedad:
The arrest and charges demonstrate that either Myanmar’s military leaders don’t understand the nature and purpose of the media, or that this was a deliberate act intended to frighten journalists away from covering sensitive issues that could lead to criticism of the armed forces.
El arresto y los cargos demuestran que, o bien los líderes militares de Myanmar no entienden la naturaleza y propósito de los medios, o que esto fue un acto deliberado para amedrentar a los periodistas y evitar que cubran temas sensibles que pudiesen provocar críticas contra las fuerzas armadas.
Los políticos opositores mexicanos fueron los principales objetivos de los software espías
En junio, los grupos de derechos digitales mexicanos presentaron numerosas pruebas de que su gobierno adquirió y utilizó software espía de la empresa israelí NSO Group para vigilar a periodistas, activistas y defensores de los derechos humanos. Un nuevo informe técnico del Laboratorio Ciudadano de la Universidad de Toronto reveló que, entre los objetivos, también se encontraban tres políticos de la oposición, todos miembros del socialmente conservador Partido Acción Nacional (PAN). El presidente mexicano Enrique Peña Nieto dijo que las alegaciones eran «falsas» y pidió a la fiscalía general que investigara los cargos. Nueve de las personas objeto de vigilancia presentaron cargos ante las autoridades.
En Venezuela, la censura en medios sociales llega a su punto máximo en medio del malestar general
En Venezuela, Facebook, Twitter, YouTube e Instagram fueron bloqueados la noche del 28 de junio, junto con otras plataformas de medios sociales. Los bloqueos se implementaron a través de los servidores DNS del proveedor estatal de servicios de internet CANTV, y se restablecieron más tarde la misma noche. En respuesta, los venezolanos intercambiaron consejos técnicos para eludir los bloqueos, como el uso de servicios gratuitos de VPN y cambiar la dirección DNS. Al parecer, los bloqueos siguen un patrón similar a otras instancias de censura, como la inclusión en una lista negra de 41 sitios durante el mes de mayo, y se llevan a cabo en medio de una ola de protestas opositoras que desafían la grave crisis económica, alimentaria y sanitaria de Venezuela.
Senador filipino quiere prohibir las ‘noticias falsas’
A fines de junio, el senador filipino Joel Villanueva presentó un proyecto de ley que penalizaría la “difusión maliciosa de noticias falsas”. El proyecto de ley define como falsas noticias a “las que busquen causar pánico, divisiones, caos, violencia y odio, o las que hagan propaganda para manchar o desacreditar la reputación de alguien”. Se contemplan penas severas de cárcel para quienes publiquen “falsas noticias” e incluso para quienes las difundan, lo que podría criminalizar a usuarios de redes sociales que tal vez no entiendan por completo las implicaciones del simple hecho de compartir un artículo con sus amigos.
Ley mordaza de España aporta mucho dinero a los reguladores
En España, se cumplen dos años desde que entró en vigencia una controvertida ley que restringe las libertades de expresión y reunión. La Ley de Seguridad Ciudadana, conocida popularmente como “Ley Mordaza”, y las reformas relacionadas al código penal del país establecen fuertes multas para varios delitos, como difundir fotos o videos de funcionarios policiales, “faltar el respeto” a un policía, utilizar los medios sociales para convocar a protestas y participar de manifestaciones «no autorizadas». Durante los primeros 18 meses desde su promulgación, el Estado español emitió unas 286.000 multas, con las que recaudó más de 131 millones de euros. En el dividido Parlamento de España se encuentra en marcha un plan para reformar la ley, aunque los activistas y los expertos dicen que los cambios que se proponen no abarcan la protección de la libre expresión.
Juzgado de Brasil favorece la sátira
En una decisión histórica, la Corte Suprema de Justicia de Brasil falló a favor del sitio web satírico Falha de Sao Paulo y puso fin a una batalla judicial que duró siete años. El sitio parodiaba con su nombre y contenidos al periódico Folha de S. Paulo. El título es un juego de palabras con “folha” («periódico» en portugués) y “falha” (que significa «fracaso»), y el sitio se creó para llamar la atención sobre la supuesta cobertura sesgada de las elecciones de 2010. La familia Frias, dueños de Folha de S. Paulo, pidió una medida cautelar luego de estar en línea durante 17 días, lo que inició una extensa batalla judicial por la libertad de parodiar bajo la ley de derecho de autor brasileña. Finalmente, el juzgado dictaminó que la ley de patentes permite la parodia y el derecho a la irreverencia y el entretenimiento. Los creadores del sitio aún no decidieron si volverán a poner la página en línea.
Nuevas investigaciones
- El panorama cambiante de la censura global de internet – The Internet Monitor