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Senador filipino propone penalizar las “noticias falsas” — ¿Podría terminar en censura?

Los que difundan noticias falsas por medios sociales también serían responsables según el proyecto de ley. Foto en Flickr de Stanley Cabigas (CC BY 2.0).

El seandor filipino Joel Villanueva presentó un proyecto de ley a fines de junio que penalizaría la “distribución maliciosas de noticias falsas”. Los grupos de medios han advertido que puede llevar a la censura.

El proyecto de ley de Villanueva con el número 1492 en el Senado, o “Ley que penaliza la distribución maliciosa de noticias falsas y otras infracciones relacionadas” define las noticias falsas como “las que busquen causar pánico, divisiones, caos, violencia y odio, o las que hagan propaganda para manchar o desacreditar la reputación de alguien”.

El proyecto determina penalidades para quienes publiquen “noticias falsas” y hasta para quienes las difundan, con lo que se penaliza potencialmente a los usuarios de medios sociales que pueden no entender las consecuencias de simplemente compartir un artículo con sus amigos.

Las sentencias de prisión según la propuesta de ley depende de la posición de la entidad que publique o difunda las llamadas “noticias falsas”. Un persona declarada culpable de publicar o difundir noticias falsas puede enfrentar penas de prisión de hasta cinco años. La sentencia de un funcionario gubernamental sería del doble al de otra personas. Y una entidad de medios o plataforma de medios sociales que difunda noticias falsas podría quedar detenida hasta por 20 años.

Villanueva explicó la razón detras de las penalidades:

The effect of fake news should not be taken lightly. Fake news creates impression and beliefs based on false premises leading to division, misunderstanding and further exacerbating otherwise strenuous relations.

El efecto de las noticias falsas no debería ser tomado a la ligera. Las noticias falsas crean impresión y creencias basadas en falsas premisas que llevan a división, malos entendidos y mayor intensificación de relaciones agotadoras.

Agregó que la aprobación de la ley “animará a los ciudadanos, sobre todo a los funcionarios públicos, a ser más responsables y cautelosos al crear, distributr o difundir noticias”.

El profesor de periodismo Danilo Arao revisó el proyecto de cuatro páginas y resumió sus objeciones:

Definition of “false news or information” under Sec. 2 is so broad that it includes practically anything perceived to cause, among others, panic and hate (obviously hard to define)…

Media organizations could be subjected to censorship under Sec. 3 of the proposed law because even fair commentary or investigative reports that are perceived to tarnish the reputation of a public official could be flagged as “false news”.

Definición de “noticia o información falsa” según la sección 2 es tan amplia que incluye prácticamente todo lo que se percibe que causa, entre otros, pánico y odio (obviamente difícil de definir)…

Los medios de comunicación podrían estar sujetos a censura según la sección 3 de la ley propuesta porque hasta un comentario justo o informes de investigación que se perciben como que dañan la reputación de un funcionario público podría ser catalogado como “noticia falsa”.

Arao también refutó la necesidad de que una ley especial mencione a los funcionarios públicos, y razona que se asume que ya siguen un código de conducta.

En una entrevista de televisión, un portavoz del Centro para Libertad y Responsabilidad de Medios dijo que le legislación propuesta es innecesaria porque la ley de difamación de Filipinas ya aborda los asuntos planteados por el senador.

Un miembro de la Cámara de Representantes propuso que en vez de penalizar las noticias falsas, el Congreso debería trabajar para aprobar una ley de libertad de información pendiente que dice ayudará a contrarrestar la difusión irresponsable de información falsa en medios y en internet.

AlterMidya, red de medios independientes, criticó el proyecto de Villanueva como “irresponsable, innecesario y peligroso intento de imponer una forma de censura a la libertad de expresión y la libertad de prensa”:

How does one distinguish between a false report based on an honest mistake and one maliciously spread through print, broadcasting and online?

It would endow the bureaucracy with the arbitrary power to declare any media issuance contrary to government interests as fake news, while approving, loudly or otherwise, even the most fraudulent report from either private or State media so long as it favors whatever regime is in power.

¿Cómo se puede distinguir entre un informe falso basado en un error honesto y uno difundido maliciosamente por medios impresos, al aire o en línea?
Daría a la burocracia el poder arbitrario de declarar cualquier emisión en la prensa contraria a los intereses del Gobierno como noticia falsam mientras que aprobaría, a toda voz o de otra manera, hasta el informe más fraudulento de medios privados o estatales en tanto sea favorable al régimen que esté en el poder.

El veterano periodista Luis Teodoro recordó al senador que hay mejores manera de combatir las noticias falsas:

Accountability in the exercise of the right to communicate is best enforced, not by the State, but by the media community itself as well as by a public media-literate and responsible enough to detect and not to spread fake news.

La rendición de cuentas en el ejercicio del derecho a comunicar la aplica mejor no el Estado, sino la propia comunidad de medios y un público conocedor de los medios y suficientemente responsable como para detectar y no difundir noticias falsas.

Jarius Bondoc, columnista del peridócio Philippine Star, advirtió que si el proyecto se convierte en ley, podría ser mal usado por las autoridades que quieren silenciar a los críticos:

The bill is prone to abuse. A bigot administration can apply it to suppress the opposition. By prosecuting critics as news fakers, the government can stifle legitimate dissent. Whistleblowers, not the grafters, would be imprisoned and fined for daring to talk. Investigative journalists would cram the jails.

El proyecto es propenso a ser mal usado. Un gobierno prejuicioso puede aplicarlo para reprimir a la oposición. Si se procesa a los críticos como falsificadores de noticias, el Gobierno puede reprimir el desacuedo legítimo. Los informantes, no los trabajadores, serían encarcelados y multados por atraverse a hablar. Las cárceles estarían atiborradas de periodistas de investigación.

No es la primera vez que un legislador filipino ha presentado un proyecto que busca abordar el impacto negativo de las noticias falsas. Este año, el presidente de la Cámara de Representantes propuso regular a los medios sociales para evitar la difusión de  cuentas falsas einformación falsa.

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