Familiares de Fabiola Antiqueo en apoyo de la querella presentada en contra de Carabineros de Chile. Foto usada con permiso.
Eran alrededor de las siete de la mañana del viernes 12 de mayo de 2017 cuando la policía nacional chilena, Carabineros, allanó una residencia estudiantil Mapuche en Temuco [1], la capital de la región de la Araucanía. Compañeros de Fabiola Antiqueo de 18 años, quien estudia artes visuales en la Universidad Católica de Temuco, habían participado aquella mañana en una protesta para apoyar a los presos políticos Mapuches [2] antes de que atacaran su hogar sin advertencia con bombas de gas lacrimógeno.
Ella, como los demás en la residencia, tuvieron que esquivar varios proyectiles, pero su suerte no fue la misma. Ella recibió un impacto directo en su ojo izquierdo. Mientras sangraba, sus compañeros llamaron dos veces a una ambulancia, pero nunca llegó, por lo que tuvo que abordar a un taxi para trasladarse al hospital. Aquel fin de semana lo perdió.
Fabiola Antiqueo. Foto usada con permiso.
Fabiola reveló en entrevista a Global Voices:
En ningún momento, [desde el hospital] hasta el día de hoy; nadie se ha acercado por parte de Carabineros. Nada. Ahora, lo que tenemos certeza, es que van a tratar de sacarse esta culpa. Van a decir que todo fue mentira, que fue un accidente, que estaba de noche, por la luz, que no se fijaron. Eso van a tratar de hacer.
Para conseguir justicia, tendrá que enfrentarse a una de las instituciones más poderosas desde la dictadura de Augusto Pinochet que, junto con las tres cabezas de las fuerzas armadas, rigieron Chile por 17 años hasta 1990.
Aunque el incidente aquel viernes no fue igual al de los enfrentamientos recurrentes impulsados por Carabineros en comunidades rurales de la Araucanía – como el acontecido este pasado 14 de junio de este año, cuando carros militares irrumpieron el orden en una escuela con gas lacrimógeno [3] –, sí es un claro ejemplo del modus operandi de la institución policiaca en la región.
Incluso el Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Zeid Ra'ad Al Hussein, expresó su preocupación el pasado 29 de marzo [4] «por los informes sobre el uso excesivo de la fuerza y otros abusos contra miembros de grupos indígenas».
Tenemos la necesidad de avanzar en la superación del conflicto entre el Estado chileno y el pueblo mapuche.
La Araucanía es una de las regiones más importantes para las principales madereras del país y quienes el pueblo Mapuche quiere expulsadas de su territorio ancestral, o Wallmapu en su lengua nativa Mapudungún.
Dicho conflicto [5] con el principal grupo indígena en el país, que ha persistido por decenas de años [5], está en uno de sus peores momentos. La actual mandataria, Michelle Bachelet, lo categorizó como «errores y horrores» el pasado 22 de junio después de pedir perdón, y anunció un nuevo plan económico-social [6] para ayudar al pueblo indígena.
Como Presidenta de la República, pido humildemente perdón al Pueblo Mapuche y a las víctimas de la violencia rural. Hemos fallado como país.
— Michelle Bachelet (@mbachelet) June 23, 2017 [7]
Por su parte, el ex-presidente y ganador de las primarias presidenciales el pasado 2 de julio, Sebastián Piñera – y que de acuerdo a medios locales tiene estrechos lazos con las empresas que lideran la industria maderera en Chile [8]– dijo que «se requiere mucho más que gestos» y afirmó que Bachelet «no ha sido capaz de ponerle atajo al terrorismo», señalamientos que ha hecho en varias ocasiones e incluso durante los incendios forestales más desastrosos en la historia del país al comienzo de este año [9].
Frente terrorismo en araucania el gobierno debe definir en forma clara y categórica de qué lado está: con los terroristas o con sus victimas
— Sebastian Piñera (@sebastianpinera) January 8, 2017 [10]
En redes sociales se denunció que era un supuesto atentado terrorista de los Mapuches, que junto con «ex miembros de la Farc [sic]» [11] entre otros, se habrían encargado de incendiar plantaciones de eucaliptos y pinos intencionalmente.
Me da vergüenza que un buen número de chilenos, sin ningún antecedente, culpen a los mapuche o extranjeros de los incendios.
— Néstor Aburto ?? (@NestorAburto) February 5, 2017 [12]
Sin embargo, ni un plan económico-social o el nuevo presidente podrán regresarle el ojo a Fabiola. «Y no sé si esperar justicia, porque aquí en Chile es difícil encontrar justicia, sobre todo con estos temas», aclara la joven artista visual.
Derechos humanos y represión policial
Mientras tanto, la Subsecretaría de Derechos Humanos [13], recién creada en septiembre del año pasado bajo el Ministerio de Justicia, se limita a promover políticas públicas.
En una entrevista con Global Voices, Lorena Fries, subsecretaria y dirigente del organismo, revela que la principal complicación en el entramado legal para atacar al problema de raíz es que «de la protección de derechos no nos podemos encargar, porque somos, obviamente, parte del gobierno y del ejecutivo.»
Para ella, sin embargo, han habido grandes avances en materia de derechos humanos desde que Augusto Pinochet [14]fuera abatido en un referendo, a pesar de que muchas de sus leyes siguen siendo la norma.
Y aunque balines de pintura se hayan dejado de utilizar después de que un joven perdiera un ojo hace unos años, la subsecretaria ve bastante improbable que se limite el uso de gas lacrimógeno, a pesar de su semi-letalidad registrada [15] y estudios que apuntan a sus efectos secundarios, incluso abortivos [16].
Actualmente, su uso es muy común en el país y afecta igualmente a manifestantes como transeúntes en prácticamente cualquier protesta, haya sido aprobada o no, pues en Chile, aún se tiene que obtener autorización para protestar.
En el caso de Fabiola, lo que corresponde es que Carabineros haga una investigación que determine cómo se usó y si fue de acuerdo a los protocolos. Y en caso de no haber acatado las normas, serían sancionados, agrega la subsecretaria.
Según Fries, al pueblo Mapuche no se le considera como terrorista. Pero la Ley Antiterrorista creada en 1984 [17] para abatir a frentes izquierdistas que se alzaran en contra de la mano dura del ex-mandatario – y a pesar de que ha sido modificada con los años – se ha invocado innumerables veces en conflictos en la Araucanía [18] durante la administración de los últimos dos mandatarios, Bachelet y Piñera.
Y aunque todavía se registren casos parecidos a los de la era Pinochet, Fries no considera «aceptable comparar la situación actual con la de la dictadura». Y explica:
Una cosa es cuando los crímenes se cometen en un contexto de generalidad y sistematicidad y otra cosa es cuando, en la práctica, personas o funcionarios públicos violan los derechos humanos, que en este caso, las instituciones deben funcionar.
Fabiola, quién aún se está recuperando, opina que las cosas no han cambiado tanto.
Hace más de 10 años que esperamos justicia. Siempre se repite y han muerto tantos. Es tanta la represión que se vive, que no sé cómo decirlo.
En una relatoría de septiembre del 2015 [19], el ex-Relator Especial de Naciones Unidas sobre el derecho a la libertad de reunión y asociación pacíficas, Maina Kiai, indicó sentirse horrorizado al escuchar casos atroces de abuso, incluso sexual, en los que no se ha procesado a nadie.
El sistema actual y la impunidad que abriga, es una de las partes más visibles del legado de dictadura en Chile. La transición fue gradual y no un quiebre radical con el pasado, dejando así trazos del pasado que no caben en el Chile de hoy.
A la fecha, existen muchos casos post-dictadura de abusos en todo el país que retratan una realidad diferente a la que relata la subsecretaria. El ex-Relator Especial Maina Kiai detalla varios, [20]incluyendo de acoso sexual por parte de Carabineros, en los que no se logró ajusticiar a los culpables.
Sin estar en guerra o en conflicto interno, los gastos militares per cápita de Chile son mayores que Colombia en tiempos recientes y llegó a ocupar el tercer lugar sólo detrás de Estados Unidos y Canadá por muchos años en la última década. El presupuesto anual de Carabineros de Chile en 2016 de CLP 1,037,521,050,000 (aprox. USD$1,500 millones) [21] es casi el mismo que la cifra para el Ejército, Armada y Fuerza Aérea juntas o el Ministerio de Justicia entero. (Diseño: Ricardo Martínez)
El caso de Fabiola
En entrevista con Global Voices, los abogados de Fabiola, Jonathan Hidalgo y Sebastián Painemal, sostuvieron que la Fiscalía de la Araucanía [22]ha tramitado «satisfactoriamente» las diligencias pedidas para su denuncia y que son parte de una investigación que encabeza junto con la Policía de Investigaciones. «Sólo faltan dos diligencias: un informe pericial y algunas declaraciones de testigos”. Los delitos que se tramitan son “lesiones graves, gravísimas”.
Por su parte, el Instituto Nacional de Derechos Humanos [23], que tiene la capacidad de presentar denuncias directamente en contra de Carabineros, aplicó los protocolos adecuados de derechos humanos justo después del incidente.
Pero el abogado de su sede en la Araucanía, Marcos Rabanal, explica en entrevista con Global Voices, que a pesar del actuar expedito del Ministerio Público, «un alto mando de Carabineros de la región de la Araucanía insinuó una teoría preocupante del caso ante medios públicos: la lesión de Fabiola podía provenir de sus propios compañeros que habían participado en la movilización».
Rabanal afirma que hace falta una mayor urgencia para este tipo de investigaciones y que realmente haya una convicción de imputar delitos a funcionarios de Carabineros. Y aunque celebra que se hayan hecho las diligencias hasta ahora, considera que es necesario estar muy encima de la denuncia de Fabiola, ya que su experiencia con casos anteriores en la región ha demostrado que la celeridad no significa una rápida imputación al culpable.
Tenemos el caso del joven Brandon Hernández Huentecol [24], que resultó gravemente herido en diciembre del 2016 por una escopeta antidisturbios [25] y estuvo a punto de costarle la vida. Las diligencias se hicieron rápidamente, pero al día de hoy no se ha formalizado la investigación a pesar que la identidad del funcionario está establecida desde los inicios. Tratándose de funcionarios policiales, creemos que se demora demasiado si se compara con delitos que se imputan a personas naturales o personas Mapuche.
Y agregó:
No podemos quitar la presión del caso de Fabiola. Mientras no exista determinación de responsabilidades, esto no queda concluido. Esperamos que [el caso de Fabiola] se traduzca prontamente en una imputación concreta a funcionarios determinados y no se diluya en el tiempo.
Mientras no se formalice la investigación, no hay derecho que la víctima pueda hacer valer y el delito sigue en impunidad, dice el abogado del INDH. Y aunque se logre ese importante paso, otras interrogantes se abren camino hasta obtener justicia definitiva.
Y aunque Fabiola no es abogada, su punto de vista se asemeja al de Rabanal.
Nos gustaría pillar a la persona que me disparó. Aunque obviamente la institución [Carabineros] lo va a encubrir y todo, yo sé que se va a saber quién fue la persona. Pero tampoco voy a esperar a que le den de baja, porque aquí en Chile pareciera que a cada Carabinero que mata le dan una medalla. Los protegen.
Para Rabanal, hay necesidad de asignar a fiscales especiales dentro del Ministerio Público exclusivamente para este tipo de casos, ya que han surgido conflictos al investigar a Carabineros, y explica que existe «exceso de celo, cuidado o temor» al juzgar a la institución policiaca.
Hasta hace pocos años, la jurisdicción para juzgar a un Carabinero en un caso como el de Fabiola era total competencia de los Tribunales Militares [26], herencia de la dictadura y que en la práctica, parece aún obstaculizar los procesos judiciales.
Para Fabiola, su prioridad es volver a la universidad.
Prefiero preocuparme por eso más que por lo otro. Y estar tranquila. Tengo que tomar la batuta nomás como persona, como artista y como víctima. Es momento de concientizar realmente a la gente.
Y aunque se siente apoyada por toda su familia, compañeros y amigos, Fabiola no sabe qué será de su agresor. «Justicia yo no puedo esperar, porque sé que no va a llegar».
Afiche de la campaña que busca justicia para Fabiola Antiqueo. Compartida en redes sociales.