[1]Poder Judicial de la República de Trinidad y Tobago. Imagen de Mark Morgan, CC BY 2.0.
Con una de las mayores asistencias registradas, los miembros de la organización profesional Asocación de Derecho de Trinidad y Tobago (LATT) se reunieron el 2 de junio de 2017 y aprobó una moción de no confianza [2] contra el presidente de la Corte Suprema, Ivor Archie [3].
Los miembros votaron en cinco resoluciones –pérdida de confianza al presidente de la Corte Suprema y en su puesto como presidente de la Comisión del Servicio Judicial y Legal (JLSC), pérdida de confianza en el propio JLSC y, finalmente, un pedido de renuncia del presidente y los miembros del JLSC.
El JLSC es una comisión de servicio independiente establecida de acuerdo a la sección 110 de la Constitución [4] del país. Entre otras cosas, goza de autoridad para asesorar al presidente en el nombramiento de jueces (además del presidente de la Corte Suprema), sancionar a quienes ejercan alto cargos legales y hasta para dejar sin efecto esas designaciones.
Los miembros de LATT que votaron a favor de aprobar las resoluciones, en algunos casos duplicaron a los que votaron en contra. Uno de los más respetados abogados [5], Martin Daly, interpretó el voto –en gran parte, una acción simbólica, pues el presidente de la Corte Suprema no es miembro de LATT– como un «punto de inflexión para la rendición de cuentas».
Designación en la Corte Suprema retrasa justicia para prisioneros
Todo el asunto [6] empezó en abril de 2017, después de que el JLSC anunció la designación de varios nuevos jueces a la Corte Suprema, incluida Marcia Ayers-Caesar, la primera magistrada suprema del país.
A pesar de la acogedora bienvenida que recibió [7] Ayers-Caesar, las cosas se aclararon rápidamente cuando se reveló que no había declarado a la comisión casos no resueltos atrasados. Varias personas acusadas de delitos que estaban en prisión a la espera de juicio ante ella crearon disturbios [8] en la zona de celdas del tribunal cuando les dijeron que su designación a la Corte Suprema tendría como resultado un retraso en sus causas.
El sistema de justicia de Trinidad y Tobago ya está complicado, los acusados a veces se quedan en prisión preventiva durante años sin que se vean sus procesos.
En consecuencia, Ayers-Caesar renunció [9], pero los efectos colaterales fueron inmensos. El 27 de abril, en un esfuerzo por contener los daños [10] a la reputación de JLSC, el presidente de la corte –que también preside el órgano– emitió una declaración de prensa de respuesta [9] a la admisión de Ayers-Caesar, donde dijo que «no logró manejar la transición de la magistratura a la Corte Suprema de una manera que asegurara que las dificultades injustificadas no pasaran a los interesados». Luego agregó que tanto él como la JLSC «no habían sido informados de todo el alcance de su obligación» antes de su juramento como jueza.
Cuando la corte de la opinión pública no se creyó la premisa del desconocimiento de JLSC de la carga pendiente de Ayers-Caesar, el presidente de la corte emitió una segunda declaración, donde sostuvo que la magistrada le dijo en una conversación telefónica «que no tenía otros asuntos pendientes».
‘Podría reducir seriamente la confianza del público en la administración de justicia’
En ese punto, el JLSC pidió una auditoría «para determinar el verdadero estado de las cosas». La auditoría reveló una realidad muy diferente –la lista de juicios pendientes de Ayers-Caesar aumentó de tres a más de 10, y la cantidad total de casos superaron los 50. Se convocó a una reunión de emergencia el 27 de abril:
The JLSC was unanimously of the view that the discrepancy […] was large enough to call into question one of the bases upon which Mrs. Ayers-Caesar had been selected — her case management ability — and [that] it could seriously erode public confidence in the administration of justice and, by extension, the whole selection process.
El JLSC tuvo la opinión unánime de que la discrepancia […] era suficiente como para cuestionar las bases sobre las que se seleccionó a la señora Mrs. Ayers-Caesar —su capacidad para manejar casos— y que podría reducir seriamente la confianza del público en la administración de justicia y, por extensión, de todo el proceso de selección.
Mientras muchos de los medios tradicionales y sociales calificaron la situación como «crisis judicial», el abogado Justin Phelps, que fue entrevistado [11] en un popular programa matutino, evaluó el asunto como un error administrativo, no un error en la función judicial. Ampliando la explicación de su visión de Global Voices, dijo que aunque el presidente de la corte y el JLSC pueden haber caído bajo los parámetros de la debida diligencia, no hubo infracción moral ni legal del cargo que hubiera garantizado un llamado a las renuncias. Phelps boicoteó [12] la noción de no confianza, y tomó la posición de que no era válida para la actividad de LATT.
Aunque la declaración de JLSC admitía que «la situación era suficientemente grave para iniciar una investigación disciplinaria», al final, a Ayers-Caesar se le permitió renunciar [13] de la Corte Suprema y regresar a la magistratura y atar cabos sueltos. Esto, según el abogado [14] y exsenador opositor temporal Gerald Ramdeen [15] que planteó el criterio de evaluación antes de que estallara el escándalo, era ilegal [16], y hasta llegó [17] a amenazas con acciones legales [18].
¿Cuánto sabían el presidente de la corte y el JLSC?
A partir de ahí, la trama se complicó. Solamente después de que el presidente de la corte se reunió con Ayers-Caesar el 28 de abril que el JLSC prestó atención a que, el 22 de marzo de 2017, había dejado de lado 16 casos pendientes, algo que el presidente de la corte admitió que es «inusual».
Finalmente, en un tercer comunicado de prensa, el JLSC expresó que a los futuros jueces se les pregunta cuándo pueden asumir e cargo, y dijo que recibiría consultas con la asociación legal para mejorar el proceso de designación:
It would be impractical for the JLSC to delve into the case files of a successful applicant from the Magistracy. […]
There is no electronic case management information system in the magistracy, records are kept manually. […] It is the professional responsibility of every judicial officer, irrespective of the nature of the record keeping system, to keep track of his/her case load.
No sería práctico que el JLSC indagara en los expedientes judiciales de un postulante exitoso de la magistratura. […]
En la magistratura, no hay sistema electrónico de infiormación de m gestión de casos, los registros se conservan de manera manual. […] Es responsabiidad profesional de todo funcionario judicial, sin importar la naturaleza del sistema de archivo, estar al tanto de su carga procesal.
Un abogado que asistió a la reunión de LATT y prefirió no ser identificado, dijo que en las acaloradas discusiones antes de la votación, se sugirió que Ayers-Caesar bien podría haber haber confundido al presidente la corte y JLSC –y de ser el caso, equivaldría a un abuso del cargo, por el que podría ser procesada.
Sin embargo, la percepción del público fue que el presidente de la corte y el JLSC estaban eludiendo alguna medida de responsabilidad en lo referente a supervisión. No hubo mucha solidaridad con Ayers-Caesar.
I'm uninterested in how hurt she is. Did she tell the #JLSC [19] the truth about her caseload and can she prove that she did?#imprudentjurist [20] pic.twitter.com/jbIvZ9yDQB [21]
— rhoda bharath (@rhodabharath) May 13, 2017 [22]
No me interesa si se siente herida. ¿Les dijo la verdad el JLSC sobre su carga laboral y puede probar que fue así?
Para cuando el abogado –y exfiscal general– Ramesh Lawrence Maharaj intervno [23], usuario sde Facebook sugirieron [24] que la situación se estaba poniendo «cada vez más y más curiosa». Ayers-Caesar le había pedido ayuda legal con respecto a las declaraciones de JLSC y posteriores acciones sobre su designación, y en una conferencia de prensa, Maharaj dijo que el presidente de la corte «hubiera tenido acceso a toda la información referida a la carga laboral de magistrados y juces» y que era deber de JLSC «obtener esta información si la consideraba relevante».
El abogado que Global Voices entrevistó opina diferente:
This is where it gets muddy. Where did the responsibility for Ayers-Caesar's backlog fall? If you were applying for a job, your prospective employer would ask you about your notice period, and you'd let them know you were available to start immediately or in a month, or whatever the case might be. It's not the employer's job to then ask, ‘Do you have any other loose ends that you need to see about before you take the job?’
Ahí es donde se pone confuso. ¿Dónde cae la responsabilidad por los casos atrasados de Ayers-Caesar? Si postulas a un trabajo, tu posible empleador te preguntaría sobre tu plazo de preaviso, y le dirías cuándo estarías disponible para empezar inmediatamente o dentro de un mes, o cualqueira fuera el caso. No es trabajo del empleador preguntar después: ‘¿tienes cabos sueltos de los que tal vez te quieras encargar antes de asumir el trabajo?’.
‘Esto… tiene consecuencias para el resto del Poder Judicial’
La situación puede haber significado un serio golpe a la confianza en el Poder Judicial. Martin Daly preguntó: [25] «¿Cómo podría el JLSC haber buscado restablecer a alguien que presuntamente engañó para acceder un cargo juidicial?». La comentarista política Rhoda Bharath, que defiende activamente [26] que el presidente del pais se sincere sobre su recibo de una controvertida asignación de vivienda, dijo en Facebook [27]:
This had clear implications for her returning to her post as Chief Magistrate. Who wants to appear before a Magistrate that has been publicly outed as being dishonest? […]
This also has implications for the rest of the Judiciary. […]
Have other promoted magistrates or judges lied about their caseloads to be promoted?
How is the JLSC going to ensure this doesn't happen again?
Esto tuvo claras consecuencias en el regreso a su puesto como magistrada jefa. ¿Quién quiere comparecer ante una magistrada que fue destituida públicamente por ser deshonesta? […]
También hubo consecuencias para el resto del Poder Judicial. […]
¿Otros magistrados o jueces ascendidos han mentido sobre su carga procesal para ser ascendidos?
¿Cómo va a asegurar el JLSC que esto no vuelva a pasar?
El tira y afloja, característico de esta controversia, ha dejado incrédulos a muchos usuarios de redes sociales. En Facebook, la usuaria Patricia Worrell emitió [28] un irónico anuncio de servicio público:
The show Law & Order has been discontinued in TnT [Trinidad and Tobago] for the time being…In its place we introduce a tragicomedy: ‘The law's an Ayers’.
Por ahora, no están transmitiendo el programa de La ley y el orden en Trinidad y Tobago. En su lugar, hemos presentado la tragicomedia: ‘La ley es un Ayers’.
Dejando las bromas a un lado, destituir a un magistrado en ejercicio es un asunto muy complicado. Aunque la comunidad legal ha enviado un mensaje claro [29], una moción de no confianza no lo logrará, dado que el presidente de la corte no siquiera es miembro del órgano de asociación legal, es jefe del Poder Judicial. Y es poco probable [30] que renuncie por voluntad propia.
Por otro lado, el también abogado Israel Khan ha pedido al presidente de Trinidad y Tobago, Anthony Carmona [31], que inicie una investigación sobre si el presidente de la es culpable de conducta inapropiada en el cargo público.
Sin embargo, algunos profesionales que hablaron con Global Voices con la condición del anonimato creen que la moción de no confianza contra el presidente de la corte tenía motivación política, y sostienen que el «90% de los que firmaron la petición inicial son partidarios del UNC». El Congreso de Unidad Nacional Congress [32] (UNC) es un partido político que lidera la oposición en el Parlamento.
El Gobierno está tratando de garantizar a los ciudadanos y los socios económicos que el Poder Judicial del país es estable [33]. Por su parte, el fiscal, cuyo rol es emprender procesos penales, ha manifestado [34] que antes de poder actuar en los 53 casos que están ahora pendientes debido a la controversia por Ayers-Caesar, necesita conocer la posición «inequívoca» de la exmagistrada jefa.
Es claro que los prisioneros cuya detención provisional ha sido extendidad como resultado de esta equivocación son a quienes la administración de justicia está fallando más.