Fuente: @Nyet_flix, Twitter.
El 1 de mayo, Vladimir Putin aprobó la ley que restringe severamente el acceso a los servicios extranjeros de transmisión de videos en el mercado ruso, una decisión que los expertos dicen que es la culminación de una intensa campaña de grupos de presión emprendida por proveedores locales.
La ley, que fue aprobada [1] por los dos órganos legislativos de Rusia, el Consejo Federal y la Duma Estatal, en April, está diseñada para apoyar los sevicios de transmisión de videos rusos recortando a proveedores extranjeros como Netflix, Apple TV y Google Play: estipula que los servicios audiovisuales en línea solamente pueden estar registrados con rusos que no tengan doble nacionalidad y que los extranjeros puede tener más del 20 por ciento de un servicio solamente si menos del 50 por ciento de sus usuarios están ubicados en Rusia y una comisión gubernamental lo aprueba.
Los servicios audiovisuales se definen ampliamente como sitios web o programas que atraen a más de 100,000 usuarios por día que distribuyen contrenido de audio o video y ganan su dineron usando anuncios dirigidos a audiencia rusas o a través de modelos basados en suscripciones. Los sitios que encajan en esta descripción se agregarán a un registro estatal que sería vigilado por Roskomnadzor, el regulador de internet ruso.
Netflix ha estado bajo presión del Kremlin desde que empezó [2] sus operaciones en Rusia en enero de 2016. Incluso antes de entrar en el mercado, los defensores del sector expresaron su preocupación de que la empresa estadounidense sacaría del negocio a servicios de transmisión de videos locales como ivi y Okko. En respuesta, los legisladores presentaron una ley [3] en marzo de 2016 con el objetivo de hacer que los proveedores de video extranjeros tradujeran el 80 por ciento de su material al ruso y produjeran al menos 30 por ciento de su contenido en suelo ruso. Netflix también ha estado en la mira [4] de otra legislación que restringe la participación de propietarios extranjeros en los medios al 20 por ciento.
Los competidores locales de Netflix han alabado la nueva legislación, que dicen no les impactará negativamente. Mikhail Platov, subdirector general de ivi, dijo que las nuevas restricciones eran «aceptables» y que «no afectarían las actividades de su empresa». Por su parte, el director general de Okko, Ivan Grodetsky, fue más allá y dijo que su a empresa «le alegraba que se tomara en cuenta la opinión de los actores del mercado», según informó [5] Gazeta.ru.
Imagen editada por Kevin Rothrock.
Quienes están dentro del sector consideran que la ley es redundante, pues duplica muchas regulaciones que ya están en los libros —incluida la propiedad de medios extranjeros. La legislación también duplica los anteriores esfuerzos del Kremlin para recortar el material «extremista» en línea, lo que obliga a los servicios de video en línea a evitar que su contenido se use para «cometer acciones criminales», incluida la «distribución de material que incluya llamados al público cometer actos terroristas» y «justificar púbilcamente el terrorismo». Los llamados al público para terrorismo se sancionan con multas que van de 50,000 rublos (casi USD850) para personas a un millón de rublos (casi USD16,700) para entidades legales.
Más allá de proteger a la industria interna de transmisión de videos, los expertos dicen que algunas disposiciones de la ley son producto de presión de otros gupos con interén en internet. La ley requiere que los servicios de transmisión de videos midan el tráfico de internet, un negocio cuyo monopolio lo tiene la empresa LiveInternet, propíedad de German Klimenko [6], asesor de internet de Putin.
Los analistas del sector criticaron la legislación por ayudar a alguien de dentro de Kremlin a consolidar un control monopólico en la vigilancia del tráfico en internet. Según una fuente entrevistada por el monitor de internet rublacklist.net [7], usar los servicios de LiveInternet es el «primer paso hacia la monopolización de grandes datos por parte de actores que serán elegidos por representantes del poder estatal, lo que fundamentalmente está mal».
De otro lado, las autoridades estatales de medios dieron la bienvenida a la ley, que entró en vigencia el 1 de julio de 2017, por fortalecer la seguridad del estado. Ekaterina Larina, jefa del departamento de políticas estatales para medios masivos, expresó [8] que «el espacio de información es una parte importante de la protección a la seguridad estatal, la que es más importante en el contexto de la globalización de los espacios en línea y su influencia en las audiencias».