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BNP Paribas bajo sospecha de complicidad en el genocidio de los tutsis en Ruanda

Categorías: África Subsahariana, Europa Occidental, Francia, Ruanda, Derechos humanos, Guerra y conflicto, Medios ciudadanos, Política, Relaciones internacionales
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Captura de pantalla del documental sobre el rol de Francia en el genocidio de los tutsis.

En la investigación sobre el genocidio de los tutsis de 1994 en Ruanda, numerosas responsabilidades internacionales tanto a nivel gubernamental, concretamente Francia, como entidades supranacionales siguen sin estar claras después de 23 años. La lucha para identificarlos y llevarlos ante la justicia sigue a pesar de los recursos limitados y los enormes obstáculos de orden jurídico y político. Ciertamente, tres asociaciones de defensa de los derechos humanos han interpuesto una demanda [2] ante el tribunal supremo de París, contra el grupo francés BNP Paribas, que se constituyó como parte civil sobre la base de complicidad de genocidio, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra.

En un comunicado de prensa publicado el 29 de junio de 2017, estas asociaciones explican [2] el motivo de su acción dirigida contra el grupo BNP Paribas:

La banque aurait accepté de transférer en juin 1994, pendant le génocide et alors que l’embargo sur les armes avait été adopté par l’ONU un mois plus tôt, 1,3 million de dollars d’un compte de sa cliente, la Banque nationale du Rwanda (BNR), sur le compte suisse d’un courtier d’armes sud-africain, M. Ehlers.

Ehlers se serait alors rendu avec un commandant Hutu, M. Théoneste Bagosora, aux Seychelles, pour conclure, le 17 juin 1994, la vente de quatre-vingt tonnes d’armes, qui auraient ensuite été acheminées à Gisenyi au Rwanda, via Goma. Au cours de son audition devant le Tribunal Pénal International pour le Rwanda (TPIR), le colonel Bagosora a confirmé que des armes arrivées des Seychelles par Goma auraient servi à « donner un coup de main à Kigali »[1] [3].

Force est de constater que la Banque Bruxelles Lambert (BBL) avait refusé la demande d’utilisation de fonds émanant de la Banque commerciale du Rwanda, se refusant de violer l’embargo. D’après le témoignage du détaché de la BBL au Rwanda, le milieu bancaire, qui avait déjà l’obligation de se renseigner auprès de leur client sur la destination des fonds en cas de circonstances inhabituelles, savait que « le gouvernement rwandais avait un besoin crucial d’argent. […] Il était évident pour tout le monde qu’ils devaient acheter des armes et munitions. Le Rwanda était sous embargo ». La BNP aurait été la seule banque à accepter ce transfert de fonds.

Ainsi, selon les nombreux témoignages et rapports d’enquête joints à la plainte, la BNP aurait eu nécessairement connaissance de la destination des fonds et conscience que ce transfert pouvait contribuer au génocide en cours.

C’est la première fois qu’une plainte est déposée sur ce fondement contre une banque en France.

El banco habría aceptado transferir en junio de 1994 durante el genocidio y cuando el embargo sobre las armas había sido adoptado por la ONU un mes antes, 1,300 millones de dólares de una cuenta de su cliente, el Banco Nacional de Ruanda (BNR), a la cuenta suiza de un traficante de armas sudafricano, M. Ehlers.

Ehlers se habría reunido luego con un comandante hutu, Théoneste Bagosora, en las islas Seychelles, para comcluir, el 17 de junio de 1994, la venta de ochenta toneladas de armas, que habrían sido posteriormente trasladadas a Gisenyi en Ruanda, vía Goma. Durante su audiencia ante el Tribunal Penal Internacional para Ruanda (TPIR), el coronel Bagosora confirmó que las armas llegadas de las Seychelles por Goma habrían servido para «echar una mano a Kigali [3]«.

Cabe destacar que el Banco de Bruselas Lambert (BBL) había rechazado la petición de utilización de fondos procedentes de la banca comercial de Ruanda, para no violar el embargo. Según el testimonio de un trabajador de BBL en Ruanda, el sector bancario, que ya tenía la obligación de informarse ante su cliente sobre el destino de los fondos en caso de circunstancias inusuales, sabía que «el gobierno ruandés necesitaba fundamentalmente dinero […]. Era evidente para todo el mundo que debían comprar armas y municiones. Ruanda estaba bajo embargo». BNP habría sido la única entidad bancaria en aceptar esta transferencia de fondos.

De esta forma, según numerosos testimonios e informes de investigación adjuntos a la demanda, BNP necesariamente habría tenido que conocer el destino de los fondos y conciencia de que esta transferencia podía contribuir al genocidio en curso.

Es la primera vez que una demanda es interpuesta con esta fundamentación contra una entidad bancaria en Francia.

La web TRIAL Internacional, organización no gubernamental que lucha contra la impunidad de los crímenes internacionales y apoya a las víctimas en su búsqueda de la justicia describe al comandante [4] hutu, M. Théoneste Bagosora, que fue condenado a cadena perpetua por el TPIR el 18 de diciembre de 2008 por genocidio, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra. Su pena se redujo a 35 años de prisión tras su apelación el 14 de diciembre de 2011:

Considerado como el «cerebro del genocidio» Bagosora habría comenzado a elaborar, ya en 1990, un plan con la intención de exterminar a la población civil tutsi y eliminar a los miembros de la oposición y mantenerse así en el poder. Según el acta de acusación, este plan comprendía recurrrir al odio y la violencia étnica, entrenar y distribuir armas a los milicianos, confeccionar listas de personas para eliminar, entre otros elementos. En la ejecución de este plan, Bagosora y sus secuaces habrían organizado, ordenado y participado en las masacres perpetradas contra la población tutsi y los hutus moderados.

Las tres asociaciones se unieron a SumOfUs para hacer una petición a nivel internacional en francés [5], inglés [6] y alemán [7] para exigir que las instituciones financieras rindan cuenta de su implicación en las violaciones de los derechos humanos. Emitida el 29 de junio, esta petición, ha reunido ya más de 154 000 firmas de petición con un llamamiento al gobierno de Macron y a los nuevos diputados.

Si se demuestran los hechos, las tres asociaciones consideran [5] que:

Esta demanda permitiría sacar a la luz la posible responsabilidad de los inversionistas en materia de crímenes de guerra, y en mayor medida en materia de violación de los derechos humanos.

A pocos días del inicio de un nuevo mandato, disponemos de un magnífico medio para conseguir un fortalecimiento de la responsabilidad de los bancos, con el fin de que ninguna persona dude del destino de sus ahorros. La ley sobre el deber de vigilancia de las multinacionales, adoptada el pasado 21 de febrero y aplicable a los bancos, a partir de ahora debería evitar la implicación de los actores financieros en tales violaciones.

Las responsabilidades de este grupo bancario no deben ocultar las de Francia, que se encuentra bajo sospecha por numerosos testimonios de la época de haber ayudado a los genocidas en sus actividades. En su libro Francia en el corazón del genocidio de los tutsi, disponible en internet de forma gratuita, Jacques Morel escribió [8]:

Francia contribuyó a la formación y al reconocimiento internacional del gobierno que organizó las masacres. Evacuó a sus ciudadanos y huyó. Paralizó toda acción del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Consiguió un mandato que, con el pretexto de proteger a las poblaciones en peligro, permitió la huida de sus aliados perseguidos por el Frente Patriótico. Este, ante la negativa de los Cascos Azules de intervenir contra las masacres de los tutsis, retomó las armas y puso fin a lo que Naciones Unidas reconoció como el genocidio de los tutsi.

Morel resume en el siguiente video los argumentos presentados en su libro:

El papa Francisco, cuando recibió al presidente Paul Kagame reconoció las responsabilidades [9] de algunos miembros del clero ruandés y pidió perdón. ¿Francia tendrá el valor de hacer lo mismo algún día? Por ahora, sigue haciendo oídos sordos. Pero sin contar con la determinación de las organizaciones de defensa de los derechos humanos.

Es así como la asociación Survie (Supervivencia) interpuso recientemente en París una demanda contra los responsables políticos y militares franceses por «complicidad de genocidio y de crímenes contra la humanidad».

Incluso entre los miembros de las fuerzas armadas francesas que operan en Ruanda y hasta fuera del país, las lenguas comienzan a hablar. Guillaume Ancel, antiguo oficial francés de la infantería durante el genocidio, reconoció [10] a France Info que sus superiores le ordenaron tajantemente «que entregara las armas a los genocidas en los campos de refugiados».