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No politicen el Poder Judicial, advierten juristas de Trinidad y Tobago

Sala de Justicia de Puerto España, Trinidad. Foto de Klaas Vermaas, CC BY-ND 2.0.

La narrativa en torno a la controversia por el juez presidente en Trinidad y Tobago está cambiando, de un acalorado debate sobre rendición de cuentas a preocupaciones por la politización del Poder Judicial.

La Asociación de Derecho de Trinidad y Tobago (LATT) aprobó un voto de no confianza contra el presidente de la Corte Suprema, Ivor Archie, después de que la Comisión del Servicio Judicial y Legal (JLSC) –que preside– gestionó mal le designación de Marcia Ayers-Caesar a la Corte Suprema. Ayers-Caesar había dejado una gran carga de casos sin concluir, lo que comprometía la posibilidad de que muchos prisioneros recibieran justicia en un periodo razonables. Luego, renunció.

Hasta donde parece que compete al JLSC, ha enfrentado el problema y volvió a sus funciones con la designación de dos nuevos jueces a comienzos de junio –pero esto quedó bloqueado con la admisión de un mandato provisional el 5 de junio. La orden fue presentada por el fiscal general Anand Ramlogan en nombre del exministro de Agricultura, Devant Maharaj. Ambos son miembros del Congreso Nacional Unido (UNC), partido político de la oposición en el Parlamento. Se establecía que no se harían nuevas designaciones judiciales hasta después de la audiencia de un caso que alega que no más de un juez retirado puede integrar el JLSC. Actualmente, el órgano incluye a dos exjueces.

La comentarista política Rhoda Bharath, cuya determinación para obtener respuestas del presidente Anthony Carmona sobre una controvertida asignación para vivienda tuvo como resultado una investigación policial, expresó:

When Carmona exercised a power he didn't have, and helped himself to housing allowance he wasn't entitled to Devant Maharaj, Anand Ramlogan and Gerald Ramdeen were silent.
Now that Carmona exercised a power he does have – to appoint the JLSC and judges – they challenge it in court.
Curiouser and Curiouser
#DeViceCyahDone
#StrenkAndPowers
#CJCovfefe

Cuando Carmona ejerció un poder que no tiene, y se ayudó a recibir una asignación para vivienda a la que no tenía derecho, Devant Maharaj, Anand Ramlogan y Gerald Ramdeen no dijeron nada.
Ahora que Carmona ejerció una facultad que tiene -designar al JLSC y los jueces- se enfrenta a la corte.
Más y más curioso.

La resolución contenida en el mandato provisional fue luego dejada sin efecto por la Corte de Apelaciones.

Con la afirmación de que Trinidad y Tobago tiene antecedentes de un “Poder Judicial estable e independiente”, el abogado Justin Phelps –miembro del partido de gobierno Movimiento Popular Nacional y una de las voces (como la de un expresidente de la corte) que pedía que Archie se quedara en su puesto– expresó en una entrevista que es “inútil aludir que [algunos abogados] están promoviendo una agenda política”.

Dijo que los abogados que promovieron el mandato provisional tal vez vengan de la posición “de que debe haber más diálogo entre los jueces, el Poder Judicial y la profesión legal”, y admitió que el caso es interesante, porque buscaba bloquear a dos jueces nuevos con “formidable experiencia” para que no asumieran funciones judiciales –acción que llamó “contradictoria para cualquiera que tenga interés en la administración de justicia”. Los dos nuevos jueces prestaron juramento el 7 de junio.

Phelps comparó todo el asunto con democracia bajo ataque –y no fue el único. El abogado doctor Emir Crowne estuvo de acuerdo en que la independencia judicial estaba en riesgo, irónicamente “por la propia asociación que se enorgullece de independencia y autonomía”. Abiertamente, explicó:

Judicial independence essentially means that judges and other judicial officers are free to exercise the functions of their office without fear of reprisal, retribution or termination. The elements of such independence are security of tenure, financial security and administrative independence. Each of these elements is essential to ensure that democracy itself functions without undue influence from the State, unsuccessful litigants and third parties—like a select group of lawyers. […]

As members of the legal profession, you cannot tout the importance of an independent judiciary while at the same time passing motions for the removal of judges. It is an affront to the very principles that a self-regulated bar—in a democracy no less—is supposed to stand for.

La independencia judicial significa esencialmente que los jueces y otros funcionarios judiciales son libres de ejercer las funciones de su cargo sin temor a represalias, retribución o terminación del cargo. Los elementos de esa independencia son seguridad en el puesto, seguridad financiera e independencia administrativa. Cada elemento es esencial para garantizar que la democracia funcione sin influencia indebida del Estado, litigantes sin éxito y partes —como un selecto grupo de abogados. […]

Como miembros de la profesión legal, no se puede andar a la caza de un Poder Judicial independiente mientras paralelamente aprobamos mociones para destituir jueces. Es una afrenta a los principios que una asociación autoregulada —en una democracia, nada menos— debe defender.

En medio sociales, la usuaria Maria Rivas Mc ha estado prestando atención, y lo resumió así:

The current situation appears to becoming increasingly politicized. After all the yammering of lawyers, I'd like to see evidence of concrete policy changes and processes. It's an opportunity to do things better and plug gaps. Admittedly the crisis snowballed and was improperly handled at the start but, from where I sit, it now appears to be about settling vendettas and scoring points. We should be getting consensus on how to treat with those persons (including victims) who've been waiting years for justice. Esoteric arguments are important to agree on the philosophy and the way forward, but we also have real issues to sort out. Let's not do it all in the public sphere, amidst all the hype. The country needs to have confidence in all its public institutions.

Parece que la actual situación se está volviendo más politizada. Después de toda la gritería de los abogados, me gustaría ver evidencias de cambios concretos de política y procesos. Es una oportunidad para hacer las cosas mejor y tapar brechas. Ciertamente, la crisis creció como bola de nieve y fue mal manejada desde el inicio, pero desde donde la veo, ahora parece que se trata de venganzas y de ganar puntos. Deberíamos tener consenso sobre cómo tratar a esas personas (incluidas las víctimas) que esperan justicia por años. Es importante estar de acuerdo en los argumentos estotéricos sobre la filosofía y lo que se viene, pero también tenemos problemas verdaderos que solucionar. No lo hagamos todo en la esfera pública, en medio del furor. El país necesita tener confianza en todas sus instituciones públicas.

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