Salón de Justicia en Puerto España, Trinidad. Foto de Klaas Vermaas, CC BY-ND 2.0.

La discusión en línea de la Asociación de Derecho de Trinidad y Tobago (LATT) sobre el voto de no confianza contra el presidente de la Corte Suprema, Ivor Archie, tomó su tiempo. ¿Se justificaba pedir la renuncia de Archie o era una exageración? ¿Su salida sería de ayuda o un obstáculo a la rendición de cuentas? Dependía a quién preguntaras.

El destacado jurista Martin Daly fue una de las voces más francas sobre la controversia que apoyaba el voto –el error de designar a Marcia Ayers-Caesar a la Corte Suprema. Ayers-Caesar, que antes se desempeñaba como magistrada principal, dejó una significativa carga de procesos no terminados, que comprometía la capacidad de muchos prisioneros de obtener justicia de manera oportuna.

En una publicación del franco sitio web Wired868, Daly presentó sus razones de por qué Archie y los miembros de la Comisión del Servicio Judicial y Legal (JLSC) –que asesora al presidente en la designación jueces– debian renunciar por este caso. Daly llamó repetidas veces al voto de no confianza «un momento clave para lograr que los funcionarios públicos rindan cuentas». Explicó:

There are two critical components in the exercise of power. One is the lawful authority to exercise the power. The other is the moral authority that underlies the exercise of that power and which rests on the trust and confidence of the citizens. […]

When its acts and omissions were first subjected to legitimate inquiries, the JLSC was utterly dismissive. […] More offensively the JLSC never once acknowledged that it had even a share of responsibility for the now notorious debacle of 53 part heard cases having to be started over. […]

That wrong and strong attitude has destroyed the public trust and confidence in the JLSC and has resulted in the overwhelming passage of the resolutions of no confidence and call to resign. The Chief Justice and the other members of the JLSC as a result, have lost their moral authority to a degree that they have lost their legitimacy to exercise the constitutional authority entrusted to them.

Hay dos componentes críticos en el ejercicio del poder. Uno es la autoridad legítima de ejercer el poder. La otra es la autoridad moral que subyace en el ejercicio de ese poder y que descansa en la confianza y seguridad de los ciudadanos. […]

Cuando sus acciones y omisiones fueron sometidas a averiguaciones legítimas, JLSC fue absolutamente despectivo. […] Más ofensivamente, JLSC no reconoció ni una sola vez que tenía siquiera una parte de responsabilidad por la conocida debacle de tener que volver a empezar 53 casos que estaban a la mitad. […]

Esa actitud equivocada y enérgica destruyó la confianza y seguridad del público en JLSC y ha resultado en la abrumadora aprobación de las resoluciones de no confianza y llamados a renunciar. Como consecuencia, el presidente de la Corte Suprema y los otros miembros de JLSC perdieron autoridad moral a tal grado que perdieron su legitimidad para ejercer la autoridad constitucional que se les confió.

El abogado Justin Phelps –que boicoteó el voto de confianza con el argumento de, como el presidente de la Corte Suprema no es siquiera miembro de la asociación de derecho, no era asuto legítimo de LATT– llamó a la publicación de Daly «el mejor argumento a FAVOR de la renuncia del presidente de la Corte Suprema que podrán encontrar en medio de todos esos llamados». Sin embargo, creía que «la base de hechos para este llamado a renunciar es débil– pese al nivel del revuelo»:

What does it allege against him and is it right in its conclusions? The allegation I find in here is failure to do adequate background checks on Caesar-Ayers and a lack of humility in responding to calls for answers. The first was corrected by the JLSC by revoking the appointment, and issuing a statement explaining why. There was also a statement from Ayers-Caesar which accepted responsibility and which she has never publicly disavowed. The second assertion about the lack of humility in replying is not a reason for removing a CJ, or an argument that he lacks transparency or accountability. It might be a reason not to like him- but that's irrelevant.

What is missing from the discussion is what cannot be disputed: there are ancient and very good reasons for securing the office of the CJ from intimidation and politicization. His tenure has to be protected so that he can maintain the body which acts as a final check on the exercise of executive power. No one is mentioning that and that is unfortunate- because it would help the public measure the extent of the alleged transgressions of the CJ. Instead key-words like accountability and transparency are being used to justify the ruin of the arm of government that ensures that the executive is transparent and accountable.

¿Qué alega en su contra y tiene razón en sus conclusiones? La afirmación que encuentro aquí es no poder adecuar la revisión de antecedentes de Caesar-Ayers y falta de humilidad al responder los llamados a respuestas. La primera la corrigió JLSC cuando revocó la designación y emitió una declaración donde explicaba por qué. También hubo una declaración de Ayers-Caesar, que aceptó la responsabilidad y que nunca negó públicamente. La segunda afirmación sobre falta de humilidad en responder no es una razón para destituir a un magistrado, o un argumento que carezca de transparencia o responsabilidad. Puede ser una razón para que no te guste, pero eso es irrelevante.

Lo que falta en la discusión es lo que no se puede refutar: hay antiguas y buenas razones para asegurar el cargo de un magistrado de intimidación y politicización. Su ejercicio debe estar protegido para que pueda mantener el órgano que actúa como verificación final del ejercicio del ejecutivo. Nadie menciona eso y es lamentable –porque ayudaría la medida pública de las supuestas transgresiones del magistrado. En cambio, palabras claves como rendición de cuentas y transparencia se usan para justificar la ruina de una rama del Gobierno que asegura que el ejecutivo sea transparente y responsable.

Sobre la cuestión de la legitimidad, Phelps respondió:

It's incorrect to suggest that the CJ (JLSC)'s ‘legitimacy’ has been lost. The CJ has not lost the ‘moral authority’ to perform its functions because of the vote any more than a government loses the moral authority or legitimacy to tax because a portion of the country sign a petition of no confidence in the government. If our institutions are that fickle we would not be able to maintain law and order.

Es incorrecto sugerir que se había perdido la «legitimidad» del magistrado del JLSC. El magistrado no ha perdido la ‘autoridad moral’ de realizar sus funciones por el voto más de lo que un gobierno pierde la autoridad moral o legitimidad de fijar impuestos porque una parte del país suscriba una petición de no confianza en el Gobierno. Si nuestras instituciones son tan volubles no podremos mantener el estado de derecho.

Sin embargo, el artículo de Daly sostuvo que «falta de diligencia y responsabilidad son asuntos muy diferentes que no se deben confundir —como algunos intentaron— con impugnación por causal de mal comportamiento según la Constitución»:

The loss of confidence and legitimacy of the JLSC guarantees, if they cling on to office, that any appointments they purport to recommend in the future will be under a cloud and the legitimacy of the appointees will be seriously infected. […]

Another fallout of this debacle is a further painful questioning by the man in the street whether we can be the ultimate guardians of our legal affairs.

La pérdida de confianza y legitimidad del JLSC garantiza, si se aferra al cargo, que toda designación que piense hacer para recomendar en el futuro estará empañada y la legitimidad de los designados se verá seriamente afectada. […]

Otro efecto colateral de esta debacle es el posterior cuestionamiento del ciudadano de a pie sobre si podemos ser los guardianes definitivos de nuestros asuntos legales.

A Phelps eso le pareció completamente irónico:

The legal profession is in error if it thinks its vote represents ‘public opinion’ so wide to remove the authority or legitimacy of a democratic institution. Public opinion is very important- but here, that opinion is being shaped NOT by the conduct of the CJ but by the relentless and highly publicized calls by a few for him to go. Ironically- his detractors are CREATING the lack of trust that they claim is the reason he should go.

La profesión legal está equivocada si cree que su representa a la ‘opinión pública’ tanto como para retirar la autoridad o legitimidad de una institución democrática. La opinión pública es muy importante, pero aquí la opinión NO la forma la conducta del magistrado sino los implacables y muy publicitados llamados de unos pocos para que se vaya. Irónicamente, sus detractores están CREANDO la falta de confianza que dicen que es la razón por la que debería irse.

Si se iba o no era otra cosa, y no se veía probable. Es muy complicado deshacerse de de un magistrado de la Corte Suprema. El proceso de destitución debe incluir una investigación independiente. La Constitución dice que un magistrado de la Corte Suprema puede ser destituido «solamente por incapacidad para ejercer las funciones de su cargo […] o por inconducta», y ninguna de estas causales parecían aplicarse a este caso.

Phelps lo explicó así:

There's a reason why Section 137 [on the removal from office of a judge] sets the standard high for removal of a CJ- and it's for the very reason that the judiciary is afforded a high level of protection in order for democracy to work. The same point that is missing from the discussion. If there's any merit in this perspective, then maybe Archie has a duty NOT TO RESIGN in order to protect the legitimacy and moral authority of our judiciary.

Hay una razón por la que la sección 137 [sobre destitución del cargo de un juez] pone altas las causales para destituir a un magistrado, y es precisamente por esa razón que al Poder Judicial se le concede un alto nivel de protección para que la democracia funcione, El mismo punto que falta en la discusión. Si hay algún mérito en esta perspectiva, entonces Archie tiene el deber de NO RENUNCIAR para proteger la legitimidad y autoridad moral de nuestro Poder Judicial.