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Administradores detenidos de Telegram en huelga de hambre en Irán

Nima Keshvari, administrador de un canal de Telegram, fue detenido a mediados de marzo de 2017 por la organización de inteligencia de IRGC.

Este informe se publicó primero en el sitio web del Centro por los Derechos Humanos en Irán.

Seis administradores de canales de la aplicación de mensajería Telegram iniciaron una huelga de hambre en la prisión de Evin en Irán para protestar por su prolongada detención sin acceso a asesoría legal. Los seis hombres fueron arrestados luego de las elecciones presidenciales de mayo de 2017.

Una fuente informada dijo al Centro por los Derechos Humanos en Irán que no se ha formulado acusación contra los detenidos —que apoyaban reciente postulación a reelección del presidente Rouhani— meses después de los arrestos por parte de los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica en marzo de 2017.

“Los abogados se han presentado a defenderlos, pero la fiscalía y el juez no han permitido que los abogados vean a los prisioneros, según recomendación de los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica”, dijo la fuente al Centro por los Derechos Humanos en Irán.

“La representación legal se vuelve oficial después de que el cliente firma un documento delegando a su abogado”, añadió la fuente. “Esto no ha ocurrido todavía”.

Ali Ahmadnia, Mojtaba Bagheri, Sobhan Jafari-Tash, Javad Jamshidi, Nima Keshvari y Saeed Naghdi iniciaron una huelga de hambre el 19 de junio de 2017 en la sala 2-A de la prisión Evin, controlada por los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica.

Su caso se ventila en la Corte Revolucionaria en Teherán, presidida por el juez Abolqasem Salavati.

El abogado Ali Mojtahedzadeh dijo a la agencia de noticias Iranian Labor (ILNA) el 21 de junio que asistía a Keshvari y Bagheri a solicitud de sus familias, pero sus solicitudes para reunirse con ellos en prisión habían sido rechazadas.

“Las acusaciones mencionadas en su caso se relacionan con sus actividades de apoyo al gobierno [de Rouhani]”, agregó Mojtahedzadeh. “No puedes acusar a una persona de actuar contra la seguridad nacional cuando está cooperando con el Gobierno”.

El gobierno de centro del presidente Hassan Rouhani mantiene vínculos cercanos con facciones reformistas, y la Guardia Revolucionaria Islámica lo ha criticado públicamente por negarse a censurar algunas funciones de Telegram.

Rouhani también resistió presiones de la línea dura para bloquear Telegram antes de las elecciones parlamentarias de marzo de 2016 y las elecciones presidenciales y locales de mayo de 2017.

Según Telegram, cerca de 40 millones de personas usan la aplicación, mayormente en sus teléfonos móviles en Irán.

Entre el 14 y 16 de marzo de 2017, agentes de la organización de inteligencia de la Guardia Revolucionaria detuvieron a ocho administradores de 12 canales de Telegram afines a facciones reformistas que apoyaban ls postulación de Rouhani a un segundo mandatos.

Dos fueron pueston en libertad rápidamente, pero seis se quedaron detenidos y se vieron obligados a entregar el control de sus canales de Telegram a la Guardia Revolucionaria, que borró todo su contenido.

Casi dos semanas después de los arrestos, el 26 de marzo, luego de llamados de parlamentarios reformistas que pedían una explicación por los arrestos, Rouhani pidió al Ministerio del Interior que investigara los “sospechosos arrestos de varios activistas de medios antes de las elecciones”.

Hasta junio, el ministerio no había hecho públicos sus hallazgos y los funcionarios judiciales no hicieron más comentarios que el anuncio de que los hombres fueron arrestados en relación con supuestos “problemas de seguridad” y “actos indecentes”.

“Con respecto a este caso en particular, hay asuntos que se relacionan con el propio ministro de Inteligencia (Mahmoud Alavi) ty por lo tanto, no (Alavi) puede comentar sobre este caso ni preparar un informe al respecto”, declaró el portavoz judicial Gholamhossein Mohseni Ejei el 12 de abril.

“No sé de ningún delito que los administradores hayan cometido por los que comparto responsabilidad”, respondió Alavi horas después. “Parece que pueden haberlos arrestado por mi causa”.

Constitución de la República Islámica de Irán, artículo 90:

“Quien tenga una queja referida al trabajo de la asamblea [Parlamento] o el Poder Ejecutivo o el Poder judicial puede presentar su queja por escrito a la asamblea. La asamblea debe investigar la queja y dar una respuesta satisfactoria. En los caso en que la queja se relacione con el poder ejecutivo o judicial, la asamblea les debe pedir una investigación adecuada del asunto, y anunciar los resultados en un plazo razonable. En los casos en que el tema de la queja sea de interés públicos, le respuista debe ser hecha pública”.

Alavi fue designado para dirigir el Ministerio de Inteligencia por Rouhani.

El Centro por los Derechos Humanos en Irán obtuvo una foto en Instagram que muestra al ministro posando con algunos de los administradores detenidos. La cuenta de Instagram fue cerrada luego.

Frustradas por la falta de debido procesos en el caso de sus seres queridos, las familias de algunos de los detenidos interpusieron una queja el 6 de junio con el comité del artículo 90 en el Parlamento, que se encarga de investigar reclamos del público.

Según la fuente del Centro por los Derechos Humanos en Irán, el comité no ha dado a conocer el resultado de su investigación.

Treinta paralmentarios escribieron una carta a Alavi el 30 de mayo, donde le pedían que explicara por qué los administradores habían estado en detención prolongada sin asesoría legal, en violación de la Constitución.

“Varios administradores de canales de Telegram a favor del gobierno [de Rouhani] que fueron arrestados antes de las elecciones presidenciales están en limbo legal más de dos meses después de su detención”, decía la carta.

“Según información que hemos recibido, esas personas no han sido acusadas dentro del término legal según el artículo 32 de la Constitución, y se les ha negado un abogado, en violación del artículo 35”.

El 6 de junio, Alavi respondió a las preguntas del parlamentario en una sesión cerrada del Parlamento. Esas deliberaciones no se han hecho públicas.

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