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Más tira y afloja en el fracaso del presidente de la Corte Suprema de Trinidad y Tobago

El presidente de la Corte Suprema, Ivor Archie, habla ante el primer grupo de graduados del tribunal piloto de tratamiento de drogas de la OEA en 2014. Fotografía por OEA – OAS, CC BY-NC-ND 2.0.

El embrollo entre la Asociación de Derecho de Trinidad y Tobago (LATT), el presidente de la Corte Suprema, Ivor Archie, y la Comisión de Servicios Judiciales y Jurídicos (JLSC) continúa fluida y cambiante.

Ayers-Caesar se pronuncia

En uno de los últimos giros de la controversia, se reveló que Marcia Ayers-Caesar, la designada magistrada suprema cuya carga de casos desantendidos indujo a un voto de no confianza contra el presidente de la Corte Suprema, “fue presionada a renunciar”.

Su posición fue esbozada en una carta dirigida al presidente, Anthony Carmona, con fecha del 19 de mayo de 2017, en la que pidió reconocer que su carta de renuncia “no tenía efecto legal” y que su destitución como jueza de la Corte Suprema era “ilegal e inconstitucional”. Se enviaron copias de la carta al presidente de la Corte Suprema y a la JLSC.

Según el cronograma de Ayers-César, el 10 de abril de 2017, dos días antes de su nombramiento en la Corte Suprema, Archie le preguntó si tenía asuntos cuyo trámite estaba a medias. El 11 de abril, se enteró de que había 28 asuntos pendientes en el Tribunal de Magistrados de Puerto España; y le envió la lista a Archie. Su nombramiento como jueza se llevó a cabo como estaba previsto, el 12 de abril.

Luego, el 25 de abril, se realizó una reunión con Archie y el magistrado en jefe interino, quien le informó que en realidad tenía 52 asuntos pendientes. En una reunión con el juez en jefe al día siguiente, Ayers-César dijo que no surgió el tema de los casos pendientes, pero el jefe de la justicia sostiene que Ayers-César le dijo en una conversación telefónica que “ella no tenía ningún otro asunto pendiente “.

El 27 de abril, se reunieron nuevamente y Archie le informó que la JLSC, en una reunión de emergencia, decidió que lo mejor para ella sería presentar su renuncia o que su nombramiento fuese revocado.

Ayers-César firmó la carta de renuncia, con el argumento de que no “pudo” obtener asesoramiento legal antes de hacerlo. También afirmó que nunca se le brindó la oportunidad de responder a las acusaciones de la JLSC, y discrepó con la decisión del presidente de la Corte Suprema en cuanto a que su destitución de 16 casos del 22 de marzo fuera “inusual”.

Aunque la Sección 137 de la Constitución del país dice que un juez sólo puede ser destituido de su cargo por incapacidad para cumplir con sus deberes o por mala conducta, Ayers-César no considera que sus acciones pertenezcan a ninguna de estas categorías. Además, ha asumido la posición de su abogado, el abogado Ramesh Lawrence Maharaj, respecto a que su competencia en la Corte Suprema le permitiría conocer sus casos pendientes en el Tribunal de Magistrados, y dijo: “Esperaría que en los próximos días, si La Comisión de Servicios Judiciales y Jurídicos está de acuerdo con esta posición, se me informe por escrito de ese acuerdo”.

La promoción de Ayers-Caesar de la Magistratura a la Corte Suprema ha dejado a decenas de prisioneros en posiciones desesperadas, ya que ahora la tramitación de sus casos estarán retrasados.

Tan pronto como la historia se dio a conocer en un diario local, la comentarista política Rhoda Bharath comentó en Twitter. No creyó en las excusas de Ayers-César sobre la omisión de la información relativa a su carga de casos, ni que alguien con la suficiente experiencia legal para ser nombrado juez del Tribunal Superior fuera obligado a firmar una carta de renuncia:

Marcia dice que su carga de trabajo y corto aviso son la causa de que no pudiera recordar su número total de casos. Sí, claro.

Marcia dice que le mostraron la carta de renuncia y le preguntaron si estaba bien, a lo que ella respondió: “En fin, como sea”.

Marcia dice que nadie le dio permiso para obtener asesoría legal. ¿Darle permiso? ¿En 2017?

En Facebook Vaughn,el usuario de Thomas también expresó sus observaciones:

I get 2 points from Marcia Ayers-Caesar's letter.
1. The Honorable Chief Justice exercised diligence in enquiring into whether the Chief Magistrate had part heard matters and;
2. It will be difficult for Her Worship to prove that her resignation was not reasonably voluntary.

Veo dos puntos en la carta de Marcia Ayers-César.
1. El Honorable Jefe de Justicia ejerció diligencia al investigar si el presidente había oído algo del asunto y;
2. A Ella le será difícil probar que su renuncia no fue razonablemente voluntaria.

‘¿Intereses políticos específicos?’

Mientras tanto, más voces se unen al coro para que el presidente de la Corte Suprema no renuncie por este asunto.

El grupo de la sociedad civil Fixin ‘T & T, aunque no admira al presidente de la Corte Suprema por su influencia en la “transformación desesperadamente necesaria de nuestro Poder Judicial”, ni tampoco está impresionado con su “tan despectiva y arrogante respuesta a este espectáculo”, aconsejó a Archie “resistir enérgicamente los intentos de la Asociación de Leyes de Trinidad y Tobago (LATT) de forzar su destitución del cargo en ausencia de una investigación exhaustiva, independiente y transparente sobre elevaciones recientes ante el Tribunal Superior.”

La LATT sostuvo que “ha sido una herramienta de intereses políticos específicos desde hace bastante tiempo”. Fixin ‘T & T no tuvo miramientos al juzgar a los esfuerzos de la organización en este asunto como “altamente irresponsables” y “la mayor amenaza” para la administración de la justicia.

El 13 de junio de 2017, el primer ministro del país, doctor Keith Rowley, que no ha hecho comentarios públicos sobre la situación hasta ahora, acusó a la oposición de “identificar los tribunales como un lugar para ir a crear tanto caos y perturbación como sea posible, para avanzar sus propias previsiones políticas”.

¿El proceso de control es demasiado laxo?

En otra novedad, gracias a una solicitud hecha bajo la Ley de Libertad de Información del país (FOIA) por el senador Wayne Sturge del Congreso Nacional Unido (UNC), el examen que formó parte de la “nutrida” selección de candidatos judiciales hecho por la JLSC  fue dado a conocer.

Aunque Ayers-César obtuvo la tercera puntuación más alta entre los solicitantes seleccionados, el nivel de dificultad de algunas preguntas despertó escepticismo. Gerald Ramdeen, el polémico abogado y senador de UNC que planteó inicialmente la cuestión de los criterios de evaluación para los jueces, dijo que la prueba demuestra que la JLSC está preparada para “copiar preguntas de internet y utilizarlas como examen para las personas que han solicitado tales puestos”. Agregó que “esto demuestra claramente una falta de responsabilidad constitucional hacia las personas de este país”.

En Twitter, Rhoda Bharath bromeó:

“¿Entonces los estudiantes de SEA podrían postular para ser jueces?

SEA se refiere al examen de evaluación de ingreso secundario, que los estudiantes presentan cuando tienen, en promedio, 11 años de edad.

En una publicación pública de Facebook, Gerard Johnson reflexionó:

If you wonder sometimes how the president of Trinidad and Tobago and the Chief Justice could have been High Court judges and still be hopelessly incompetent, wonder no more. It's all in the exam.

Si te preguntas a veces cómo el presidente de Trinidad y Tobago y el presidente de la Corte Suprema podrían haber sido jueces de la Corte Suprema y a la vez ser irremediablemente incompetentes, no te lo preguntes más. Todo está en el examen.

El periodista Kevin Baldeosingh se opuso a esa postura en el hilo de comentarios, dijo que son “preguntas de lógica” y por lo tanto buenas pruebas, sobre todo porque la mayoría podría equivocarse al responderlas.

No hay duda de que las maniobras legales –y el debate público– continuarán.

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