Gráfico de 7iber (CC BY-NC-ND 2.0).

En medio de hemetismo y falta de transparencia, el presidente palestino Mahmoud Abbas aprobó recientemente una nueva ley de ciberdelitos que ha restringido aun más la libertad de expresión y la privacidad en línea de los palestinos.

Los medios y organizaciones de la sociedad palestinos han criticado la nueva ley y pedido que se deje sin efecto de inmediato hasta que se debata públicamente y se modifique. El Sindicato de Periodistas Palestinos, el Comité Indepeniente para Derechos Humanos y el Centro Palestino para Desarrollo y Libertad de los Medios, entre otros, han protestado por la aprobación de esta ley, dadas las peligrosas consecuencias en las libertades civiles y políticas de los palestinos.

La ley fue preparada discretamente y aprobada el 24 de junio de 2017 sin haber pasado por discusiones previas con organizaciones de la sociedad civil ni proveedores de servicios de internet palestinos. Dos semanas después, se publicó y entró en vigencia con efecto inmediato, como lo estipulaba el artículo 61 de la ley, que dejó atrás la tradición legal de espear 30 días antes de que una nueva ley tenga vigencia. Como el Consejo Legislativo Palestino wue clausurado en 2007 por divisiones políticas, el presidente Mahmoud Abbas ha abusado de sus facultades legislativas, que según la Ley Básica Palestina le permite aprobar leyes solamente en casos de emergencia.

La nueva ley regula las transacciones en línea, sitios web de medios y de redes sociales, y define varios «ciberdelitos» que pueden ser sancionados con hasta 15 años de prisión o trabajo forzado de por vida. Aunque enumera algunos ciberdelitos que se deben combatir a toda costa como la extortsión sexual, el fraude fiscal y el robo de identidad, también concede facultades ilimitadas a la fiscalía para vigilar a los ciudadanos palestinos, interceptar sus comunicaciones en línea y arrestarlos por expresar sus opiniones e ideas políticas en línea.

Social Media Exchange (SMEX), que tiene una base de datos de leyes que afectan los derechos digitales del mundo árabe, destacó en una declaración tres artículos muy problemáticos de la ley que amenazan la libre expresión en línea y los derechos civiles y políticos:

• Article 51 of the law states that, “if a crime is committed online and harms ‘national unity’ or ‘social harmony,’ it will be punishable” by hard labor, ranging between three and 15 years, a sentence impacting all those who partook in the crime.
• Articles 32 mandates internet service providers to cooperate with security agencies by collecting, storing, and sharing users’ information data for at least three years, in addition to blocking any website on the orders of the judiciary.
• Article 40 allows the Attorney General or one of his assistants to request the court to issue an order to block any website within 24 hours.

• Artículo 51: establece que “si se comete un delito en línea y perjudica la ‘unidad nacional’ o la ‘armonía social’, será sancionado con trabajos forzados, entre tres y 15 años, y la sentencia se aplicará a todos los que tuvieron participación en el delito.
• Artículo 32: exige que los proveedores de servicio de internet cooperen con las agencias de seguridad por medio de recopilación, almacenamiento e intercambio de información de los usuarios al menos durante tres años, además del bloquear todo sitio web por órdenes del Poder Judicial.
• Artículo 40: permite al fiscal o alguno de sus asistantes a solicitar que el juzgado emita una orden para bloquear cualquier sitio web en el término de 24 horas.

Sin embargo, la amenaza de la ley de ciberdelito no termina ahí, Hay otros artículos potencialmente opresivos:

• Article 16 states that anyone who violates ‘public manners’ online could be sentenced to prison for one year, or fined up to 7,000 USD, or both.
• Article 20 similarly punishes any internet user that owns or manages a website that publishes «news that endanger state safety, its public order, or internal or external security.» Anyone who shares these news could be imprisoned for a year or fined up to around 1,400 USD.
• Article 31 outlaws any attempt to bypass website blocking or use any system or app to access a blocked website.
• Articles 35 mandates the court to give the Public Prosecutor's office the right to monitor and record online communications as well as obtaining any log-in data it deems necessary for investigations.

• Artículo 16: afirma que quien infrinja los ‘modales públicos’ en línea puede ser sentenciado a un año de prisión, o multado con hasta 7,000 USD, o ambos.
• Artículo 20: de manera similar, sanciona a todo usuario de internet que sea propietario o administrador de un sitio web que publique «noticias que ponga en peligro la seguridad del Estado, el orden público la seguridad interna o externa». Quien difunda estas noticias podría ser condenado a una año de prisión o multado con cerca de 1,400 USD.
• Artículo 31: declara ilegal todo intento de eludir bloqueos de sitios web o usar algún sistema o aplicación para acceder a un sitio web bloqueado.
• Artículo 35: exigue que el juzgado conceda a la fiscalía el derecho de supervisar y registrar las comunicaciones en línea y obtener cualquier dato de inicio de sesión que considere necesario para sus investigaciones.

Con estas referencias a la importancia de la ‘armonía social’, ‘modales públicos’, ‘seguridad del Estado’ y ‘orden público’, los términos amplios y poco precisos de la ley dejan a los usuarios the palestinos de internet, sobre todo activistas y periodistas, vulnerables al enjuiciamiento de la Autoridad Palestina, que puede interpretar estos términos como mejor le parezca.

Además, la aplicación de esta ley se extiende más allá de los límites judiciales de los territorios de la Autoridad Palestina y permite el enjuiciamiento de los palestinos que viven en el extranjero en el caso que hayan cometido un «ciberdelito» según la definición de la ley. Esto constituye una amenaza inminente a los activistas políticos palestinos que viven en el extranjero pero tienen gran influencia en medios sociales en casa. La ley no especifica si las autoridades buscarían extraditar a los palestinos que viven en el extranjero por cometer un ciberdelito.

La ley se aprobó en medio de múltiples violaciones a los derechos digitales y libertades de los medios palestinos cometidos por la Autoridad Palestina. Mousa Rimawi, director del Centro para el Desarrollo y Libertades de los Medios que documenta esas violaciones, señaló que en junio de 2017, las violaciones de la Autoridad Palestina sobrepasaron las violaciones de las fuerzas de ocupación israelíes que han sido responsables de atacar y arrestar periodistas en Cisjordania por hacer su trabajo. Los últimos incidentes de violación de libertades en línea por parte de la Autoridad Palestina incluyen el arresto de varios periodistas en Cisjordania por lo que escribieron en su página de Facebook, y el bloqueo de más de 20 sitios de noticias que pertenecen a rivales políticos y críticos.