[1]Participantes de la conferencia sostienen carteles que que dicen ‘Un foro académico – no es un – campo militar’. Foto de la Red Académica Tailandesa para Derechos Civiles.
Cientos de académicos e investigadores en todo el mundo han firmado una carta abierta [2] dirigida al Gobierno de Tailandia donde piden el retiro de las acusaciones contra cinco académicos acusado de violar la prohibición a asambleas políticas.
El caso lo inició un oficial del Ejército después de la XIII Conferencia Internacional de Estudios Tailandeses [3] que se llevó a cabo satisfactoriamente en Chiang Mai, el norte de Tailandia, entre el 15 y 18 de julio de 2017. La conferencia [4], que se lleva a cabo cada tres años, atrajo a 1,224 participantes este año y fue organizado por universidades en Tailandia, Australia, China, India, Países Bajos, Reino Unido y Estados Unidos.
El Gobierno tailandés acusó al organizador de la conferencia, doctor Chayan Vaddhanaphuti, de realizar una asamblea política después de que algunos participantes llevaron a cabo una protesta [5] cuando levantaron carteles que decían: “Un foro académico no es un campo militar”. El coronel Suebsakul Buarawong, subcomandante del 33° Círuclo Militar de Chiang Mai, identificó luego y acusó a los académicos Pakawadee Veerapatpong, Chaipong Samnieng, Nontawat Machai y Thiramon Bua-ngam por incumplir la ley.
El Ejército de Tailandia tomó [6] el poder en 2014 y sigue gobernando a través de su Constitución redactada en 2016. Se comprometió a restablecer el gobierno civil cuando se hubieran implementado reformas políticas y electorales. Desde 2014, la junta militar ha regulado estrictamente los medios y obligado a algunos reporteros a someterse a sesiones de “ajuste de actitud” [7]. También ha declarado ilegales las protestas y prohibido las reuniones políticas de cinco o más personas con la Order n° 3/2015, que sigue vigente.
Al momento de escribir el original de este artículo, 418 académicos habían suscrito la declaración que describen al doctor Chayan Vaddhanaphuti como “académico profundamente respetado dentro del mundo académico, la sociedad civil y dentro de los ministerios tailandeses”.
La declaración tiene tres pedidos: “retiro inmediato de las citaciones” a los cinco participantes de la conferencia; “apoyo a académicos y estudiantes en su enseñanza, investigación, discusión pública y debate, dentro y fuera de la universidad”, y “disminuir la restricción a la discusión libre y abierta de asuntos urgentes que preocupan al gran público tailandés”.
[8]Afiche de la XII Conferencia Internacional de Estudios Tailandeses, Chiang Mai, 2017.
De otro lado, 291 asistentes a la conferencia ya firmaron una declaración similar donde exhortan al Gobierno a retirar las acusaciones. La declaración mencionó [9] que el propósito de la conferencia “se vio enturbiada por la intimidatoria presencia de personal de seguridad uniformado y no uniformado”.
Según una declaración conjunta de varios grupos de derechos humanos en Asia-Pacífico, fue la vigilancia militar durante la conferencia lo que provocó [10] que algunos participantes de la conferencia a protestar con carteles:
The conference participants who are being charged for holding posters did so to send a message to plainclothes soldiers and police who entered the conference venue unidentified, disregarding a conference rule requiring name badges, intruding on discussions, and photographing people without their consent.
Los participantes de la conferencia acusados de sostener carteles lo hicieron para enviar un mensaje a soldados y policías ventidos de civil que entraron al lugar de la conferencia sin identificar, sin cumplir la regla de la conferencia que exige placas con nombres, donde interrumpían las discusiones y fotografiaron a las personas sin su consentimiento.
El doctor Chayan Vaddhanaphuti dijo [11] a la policía que la protesta no era parte del programa de la conferencia. Insistió que como no se trataba de una asamblea política, los organizadores de la conferencia no estaban obligados a tener aprobación militar.
Ploenpote Atthakor, editor de la página editorial del periódico Bangkok Post, criticó [12] la decisión de enjuiciar al organizador de la conferencia y cuatro participantes:
This is not the first time we've heard of state intimidation against those advocating academic freedom and freedom of expression. The form may be different, but the goal is just the same: to silence those with different opinions.
Whatever the reason, this has raised quite a few questions: How can we achieve reform when the state still treats those who voice concern about public issues as its enemies?
How far can we go on this reform path when the authorities use all the mechanisms they can to muzzle the people?
No es la primera vez que hemos sabido de intimidación estatal contra estos académicos que defienden la libertad académica y la libertad de expresión. La forma puede ser diferente, pero el objetivo es el mismo: silenciar a quienes opinan diferente.
Cualquiera sea la razón, esto ha planteado algunas preguntas: ¿Cómo podemos lograr una reforma cuando el Estado sigue tratando a quienes expresan preocupación por asuntos públicos como sus enemigos?
¿Hasta dónde podemos llegar en este camino de reforma cuando las autoridades usan todos los mecanismos posibles para amordazar a las personas?
La Red Internacional de Académicos en Riesgo también dio a conocer una declaración de apoyo [13] a los cinco académicos tailandeses.