Imagen de Esther Vargas en Flickr. Usada bajo licencia (CC BY-SA 2.0)

En Venezuela, la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) –instalada el 21 de agosto de 2017– quiere regular el uso de las redes sociales para sancionar lo que denominan “delitos de odio”.

Esta semana, se dio inicio a la discusión del proyecto denominado “Ley de la Convivencia Pacífica, contra la Intolerancia y la Violencia” como parte del mandato de la ANC de redactar una nueva Constitución en el plazo de dos años, durante el cual el resto de los poderes públicos se encuentran supeditados a sus órdenes.

La ANC se atribuyó los poderes legislativos que correspondían a la Asamblea Nacional Legislativa, de mayoría opositora, disolviendo de hecho el órgano parlamentario y consolidando así el desconocimiento de este por parte del gobierno, quien ya lo había declarado en desacato haciendo inválidas todas sus acciones.

La instalación de la ANC se llevó a cabo en medio del clima de protestas que ha estremecido por meses al país, y en un escenario grave de dudas sobre la legitimidad de sus actos, luego de los alegatos de fraude electoral –incluso por la propia compañía que prestó los servicios de tecnología electoral– y el desconocimiento internacional de la validez del órgano.

Por otra parte, la demonización de las redes sociales por el gobierno chavista no es nada nuevo: ya en 2010 el gobierno acusaba a las redes de incitar al odio y a la violencia, y los arrestos a usuarios de redes sociales se han vuelto una práctica frecuente. En 2014, un proyecto de ley impulsado por el partido de gobierno buscaba caracterizar la protesta en línea como “ciberterrorismo”.

Delcy Rodríguez, quien funge como presidenta de la ANC, declaró que:

las redes sociales se han convertido en la plataforma más grotesca y brutal para atentar contra el pueblo. Esas expresiones, amenazas de muerte, esas expresiones de odio deben acabarse en Venezuela y por eso esta ley va a contener sanciones para el delito de odio, va a contener sanciones y regulaciones en los medios de comunicación.

Entre otras críticas, los ciudadanos han señalado la opacidad de la propuesta, cuyo texto ni siquiera está disponible en línea. A pesar de que se ha declarado que el proyecto será discutido “con el pueblo”, es la práctica oficial que este tipo de discusiones solo sean un mero requisito que se lleva a cabo ante instancias organizadas de apoyo al gobierno.

El proyecto de ley contra el odio no está disponible para que los ciudadanos lo leamos: https://t.co/88txrxFF60

— Naky Soto (@Naky) 24 de agosto de 2017

También hubo quien recordó que la pretención de regular las redes sociales se suma a otros ataques a la libertad de expresión.

Maduro sigue reprimiendo libertades al sacar canales extranjeros y querer controlar las redes sociales.
Venezuela sufre una gran dictadura.

— Ramiro Tafernaberry (@RTafernaberry) August 24, 2017

El proyecto, presentado ante la ANC por el presidente Nicolás Maduro cuando acudió a subordinarse ante la instancia considerada como “supraconstitucional y plenipotenciaria”, busca castigar el “odio” en redes sociales hasta con 25 años de prisión. Hoy, con una ANC omnipotente conformada únicamente por representantes del partido de gobierno, es improbable que algo pueda frenar la efectiva aprobación de este proyecto.