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Confianza del público en la justicia se ve afectada con el arresto de exfiscal de Trinidad y Tobago

Sala de Justicia en Puerto España, Trinidad. Foto de Debangsu, CC BY-NC 2.0.

No es raro que los políticos se peleen entre ellos para obtener la atrención del público, pero los usuarios de medios sociales en Trinidad y Tobago probablemente no esperaban que ocurriera tan rápido.

El 28 de agosto de 2017, Watson Duke, líder de la minoría de la Asamblea Legislativa de Tobago, completó su protesta de nado que se convirtió en recorrido en bote de Scarborough a Toco. El 29 de agosto, el exfiscal general Anand Ramlogan es arrestado acusado de interferir en el curso de la justicia y de mal comportamiento en un puesto público.

Pero las acusaciones no fueron una sorpresa. Después de una noticia que salió en enero de 2015, la policía empezó a investigar a Ramlogan por acusaciones hechas por David West, director de la Autoridad de Quejas Policiales (PCA).

Se dice que a cambio del apoyo de West al entonces gobierno como jefe de la PCA, Ramlogan le pidió que se abstuviera como testigo en una demanda de difamación que Ramlogan había interpuesto contra el doctor Keith Rowley, en ese momento líder de la oposición.

La demanda en cuestión involucraba la fallida extradición de Steve Ferguson e Ishwar Galbaransingh, empresarios que fueron financistas del Congreso Nacional Unido, partido político al que pertenece Ramlogan (y que lideró la entonces coalición de gobierno, Asociación Popular).

Estados Unidos solicitó la extradición de Ferguson y Galbaransingh por acusaciones de corrupción que se originaban en la construcción del nuevo aeropuerto del país, e intentaron evadir las acusaciones con una efímera cláusula que traicioneramente fue convertida en ley mientras el país estaba en medio de las celebraciones de sus 50 años de independencia.

La cláusula, conocida como Sección 34, evitaba el procesamiento de acusados cuyos juicios demoraban hasta 10 años después de la presunta comisión del delito (salvo en casos de “delitos sangrientos”).

Rowley, actual primer ministro del país, sostuvo todo el tiempo que la inclusión de la sección 34 en la ley de Administración de Justicia (procedimientos imputables) era una “conspiración del Gobierno”. La enmienda fue rechazada por el Parlamento del país el 12 de septiembre de 2012.

Cuando se hicieron públicas las acusaciones de West, Ramlogan (junto con el entonces ministro de Seguridad Nacional, Gary Griffith) fueron destituidos.

Arresto de Ramlogan es de lo que se habla en Twitter

Cinco años después, todavía se siente el efecto dominó la controversia de la Sección 34. Los medios sociales estuvieron llenos de actualizaciones sobre el arresto de Ramlogan.

Una de los abogados de Ramlogan sugirió que el cuestionamiento a su cliente se estaba volviendo “opresivo”:

“Ya raya en lo opresivo”, dijo Pamela Elder a los medios después de que no se ha formulado la acusación contra Anand Ramlogan.

A lo que la comentarista política Rhoda Bharath replicó, con referencia al estado de emergencia del país de 2011:

Una vez encerraron a 8,000 personas durante tres meses sin interrogatorios, y su abogado se impacienta por 36 horas. Desarrollo atrofiado.

No obstante, poco después se presentó la acusación. Es interesante notar que el último punto que Ramlogan tiene en su cuenta de Twitter (de 2015) es un comunicado de prensa que afirma que la investigación judicial lo exculpó de toda acusación de conspiración del partido Movimiento Popular Nacional (PNM), que encabeza el doctor Rowley:

Investigación judicial rechaza acusaciones de conspiración del Movimiento Popular Nacional.

Hubo mucha discusión en línea sobre el hecho de que negaron la entrada a varios colegas que trataron de visitar a Ramlogan cuando estaba en custodia de la policía:

A los abogados que visitaron la sede de la policía les negaron la solicitud de ver al exfiscal general Anand Ramlogan.

Bharath opinó de nuevo:

Le niegan “apoyo moral” a Ramlogan
A varios colegas de Anand Ramlogan les negaron el acceso al exfiscal general esta mañana cuando intentaron visitarlo horas después de su arresto
.
——–
¿A otras personas arrestadas les permiten visitas de “apoyo moral”?

El doctor Roodal Moonilalm, colega de Ramlogan, sugirió que el momento del arresto de Ramlogan era curioso, cuando el actual gobierno enfrenta acusaciones de prácticas inadecuadas de adquisiciones y de enfrentar la creciente delincuencia.

Ramlogan fue luego liberado con una fianza de TT $750,000 (un poco más de US$111,000) y una citación para comparecer en la Corte de Magistrados de Puerto España el 1 de septiembre de 2017 para responder a las acusaciones. La abogada de Ramlogan, la consejera Pamela Elder, describió a su cliente como “una persona de carácter inmaculado […] que había servido a su país con distinción” y dijo que “paciente y ansiosamente” espera el día en que West defienda sus acusaciones en el tribunal.

‘La confianza del pública en… justicia se ha visto severamente afectada’

Por su parte, la Asociación Legal de Trinidad y Tobago (LATT), que se ha visto enredada en una controversia luego de un voto de no confianza mayormente simbólico en el magistrado principal del país, ha amonestado a los políticos por intentar convertir el arresto del exfiscal general en un asunto político. La declaración del LATT “recordó al público de la importancia del derecho a la presunción de inocencia hasta que se pruebe la culpa”.

Dos abogados no perdieron tiempo para intervenir. Al abogado Justin Phelps la postura de la asociación le pareció irónica:

The Law Association can knowingly pass an ineffective (and meaningless) no confidence in a Chief Justice but warns against criticism of police because it could reduce confidence in the administration of justice. […] The truth is that the attack on the [Chief Justice] was the groundwork being laid to question the administration of justice in exactly the manner it is being questioned now. Two months ago LATT convened to do exactly what it is condemning today.

La Asociación Legal puede aprobar a sabiendas un voto de no confianza ineficaz (y sin sentido) en un magistrado, pero advieret contra las críticas de la policía porque puede reducir la confianza en la administración de justicia. […] La verdad es que el ataque [al magistrado] fue el trabajo preliminar para cuestionar a la administración de justicia exactamente como se está cuestionando ahora. Hace dos meses, LATT aceptó hacer lo mismo que ahora condena.

El abogado y catedrático Emir Crowne de la Universidad de las Indias Occidentales, también expresó su perspectiva en el sitio web Wired868. Con respecto a la preocupación de LATT sobre “socavar la confianza del público en la administración de justicia”, dijo:

Too late. The public’s confidence in the administration of justice has been severely undermined in recent times, the most recent of which is the elaborate, Spielberg-esque detention of Mr Ramlogan […]

Furthermore, let’s not forget the Law Association’s own role in undermining the administration of justice, when select members passed a—meaningless—“no confidence” motion against the Honourable Chief Justice.

The Law Association’s current attempt to stifle legitimate dialogue about matters of public interest—like excessive detentions and the abuse of police powers—is also an affront to the independence of the bar and the rule of law. […]

Worse still, by telling others to not politicise an issue, the Law Association is itself being inherently political. […] In condemning politicisation, the Law Association has committed the very sin it chastised.

Muy tarde. La confianza del público en la administración de justicia se ha visto severamente afectada en tiempos recientes. El incidente más reciente es la elaborada detención, al estilo Spielberg, del señor Ramlogan […]

Además, no olvidemos el propio rol de la Asociación Legal en socavar la administración de justicia, cuando miembros selectos aprobaron una moción de “no confianza”—sin ningún sentido— contra el presidente de la corte.

El actual intento de la Asociación Legal de reprimir el diálogo legítimo sobre asuntos de interés público —como detenciones excesivas y el abuso del poder policial— también es una afrenta a la independencia de la asociación y el estado de derecho. […]

Todavía peor, cuando les dicen a otros que no politicen un asunto, la Asociación Legal se está volviendo inherentemente política. […] Al condenar la politización, la Asociación Legal comete el mismo pecado que castiga.

En la audiencia del 1 de septiembre, no se le pidió el exfiscal que se declarara culpable. Su caso se postergó hasta el 11 de enero de 2018.

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