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¿Por qué piden los mexicanos una Fiscalía que «sí sirva»?

Categorías: Latinoamérica, México, Activismo digital, Derecho, Gobernabilidad, Política
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Imagen compartida en Flickr por Democracy Chronicles, reproducida en términos de licencia CC BY 2.0.

La pretensión del Partido Revolucionario Institucional [2] (PRI) −del cual emanó el actual presidente Enrique Peña [3]− de nombrar a uno de sus miembros incondicionales para el cargo de la Fiscalía General de la República (FGR) ha generado gran agitación en México.

Como parte de las reformas legales concretadas en los últimos años, se espera que las funciones de la actual Procuraduría General de la República [4] (PGR) sean asumidas por la FGR una vez que ésta comience a operar. Más allá de un simple cambio de denominación, la intención es que la FGR sea un organismo autónomo, es decir, no supeditado a las tradicionales ramas en las que se distribuye el ejercicio del poder público (ejecutivo, legislativo y judicial). El objetivo es también que el fiscal que encabece la FGR no sea una persona nombrada por el presidente, para evitar los naturales conflictos de interés [5] que surgen cuando el investigador debe conducir pesquisas sobre hechos en los que se encuentran involucrados quienes lo designaron en el puesto.

En el contexto de la lacerante y aparentemente perenne corrupción [6] que aqueja a México, es complicado que la clase política permita que el titular de la FGR (que en teoría durará nueve años en el cargo) sea una persona completamente ajena a los partidos políticos convencionales. Por ello el PRI busca que el actual titular de la PGR, Raúl Cervantes [7], se convierta en el titular de la FGR, en algo que la opinión pública ha denominado “pase automático”.

Raúl Cervantes trabajó con el PRI durante la campaña presidencial de Enrique Peña. Extraoficialmente –según reportes [8]– asesoró al exgobernador de Veracruz Javier Duarte [9], quien se ha convertido en una insignia de la corrupción priísta. Duarte hoy se encuentra sujeto a juicio y la PGR es la instancia encargada de sostener su acusación.

El analista Leo Zuckermann describió así [10] la contigüidad de Cervantes con el PRI y Peña:

El primer fiscal autónomo debe ser lo más autónomo posible para ganarse la credibilidad y legitimidad de la ciudadanía. Será difícil encontrar una persona interesada en este puesto que sea “químicamente pura”, es decir, independiente por los cuatro costados. El problema con Cervantes es que está lejísimos de la independencia porque está cerquísima del Partido Revolucionario Institucional y de Peña. Eso, en caso de que se convirtiera en fiscal, le complicaría mucho la vida a él y a la nueva institución de justicia.

#FiscalFerrari

A principios de septiembre de 2017, se dio a conocer que entre los bienes del aún procurador Raúl Cervantes, se encuentra un ostentoso automóvil Ferrari [11], registrado en un domicilio inexistente como parte de un esquema para evadir el pago de impuestos. Las redes mexicanas no dejaron pasar esto por alto:

En un tuit que ha sido reproducido más de siete mil veces, Diego Petersen Farah lanzó el siguiente mensaje a Cervantes, con motivo de sus acciones encaminadas a no pagar el impuesto conocido como «tenencia»:

La noticia sobre el Ferrari de Cervantes y su evasión fiscal ha sido tímidamente cubierta por los medios tradicionales nacionales, como lo apuntó Darío Ramírez:

Por una #FiscalíaQueSirva

Diversas organizaciones de la sociedad civil, entre ellas Fundar [24] y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad [25] −acerca de la cual Global Voices elaboró una pieza [26] en el año 2016− han lanzado un llamado a la clase política y a la opinión pública para evitar que el prisita Raúl Cervantes sea designado como titular de la FGR, a la vez que exigen que para que la institución no sea inoperante desde su inicio, sea encabezada por un individuo ajeno a los partidos políticos. En redes sociales, particularmente en Twitter han utilizado la etiqueta #FiscalíaQueSirva [27].

Los reclamos ciudadanos y el activismo no sólo se han dado en las redes sociales sino también en las calles [38].

En el pasado hemos reportado cómo la clase política mexicana ha maniobrado en contra de las exigencias ciudadanas y ha logrado limitar los alcances de las reformas legales [39] para continuar operando con corrupción y opacidad.

Entre los casos que el actual procurador Cervantes ha sido incapaz de resolver o de sostener en juicio ante el Poder Judicial, se encuentra el de la desaparición forzada de 43 estudiantes en Iguala (mejor conocido como Caso Ayotzinapa [40], ocurrido en 2014), o el de vigilancia ilegal y ataques a la privacidad [41] perpetrados por el Estado mexicano a través del spyware Pegasus (denunciado desde al año 2016). A estos se suman los homicidios impunes de periodistas y otros ataques contra la libertad de expresión, sobre los que Global Voices mantiene una cobertura especial [42].

Es incierto el futuro de Cervantes, como también lo son las intenciones de la clase política en este asunto, en el que está por verse si darán paso a una #FiscalíaQueSirva u optarán por un esquema que les garantice impunidad por los próximos nueve años. La decisión, por lo pronto, está en manos de los legisladores.