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Ley de ciberdelito de Trinidad y Tobago en la mira tras arresto por publicación en Facebook

Imagen de hacker de datos informáticos por Blogtrepreneur, CC BY 2.0. Visita su página web: howtostartablogonline.net.

El 28 de junio tuvo lugar en Trinidad un terrible doble homicidio, en el que se encontró a un chico de 13 años y a su niñera degollados.

En un principio, la policía manejó el incidente como si se tratara de un asalto que se salió de control, pero más tarde acusó al hermano de la niñera y a un cómplice de los homicidios.

Momentos de consternación se vivieron entre el descubrimiento de los cadáveres y las capturas. Muchos usuarios de redes sociales se quejaron del incremento en los delitos violentos en el país y expresaron su frustración por la aparente impotencia del Gobierno y de los servicios de protección en controlar el problema.

Sin embargo, en Facebook, el usuario  Rayad Mohammed llevó las cosas a otro nivel cuando sugirió que alguien debería violar y degollar a la familia del primer ministro Keith Rowley.

Su actualización de estado original fue eliminada, pero la bloguera Rhoda Bharath le hizo una captura de pantalla y difundió la publicación en Instagram.

Mohammed presentó una disculpa, pero finalmente fue acusado de “incitar a la violencia” de acuerdo con la Ley de delitos sumarios, que en el capítulo 11:02, artículo 105 trata las “publicaciones” polémicas. Esta acusación acarrea una multa de TT $1000 (más o menos US $148) o seis meses de cárcel.

El caso suscitó interrogantes entre los ciudadanos sobre qué tanto, en realidad, incitaba a la violencia aquel comentario.

Internautas debaten sobre las acusaciones

La blogósfera local se dividió inmediatamente en dos bandos. Estaban quienes pensaban que Mohammed merecía ser acusado por su imprudente publicación y quienes sentían que acusarlo de un delito era demasiado severo.

También en Facebook, Keith Francis rechazó por completo la justificación de Mohammed de que simplemente estaba tratando de expresar su angustia ante los homicidios:

I didn't know yuh does rise up against what going on in the country by advocating violent crime. Miss me wid dat shit.

No sabía que la manera de protestar contra lo que ocurre en el país era promover el crimen violento. Yo no voy con esa basura.

Maria Rivas-Mc estuvo de acuerdo:

A woman on television declares that ‘he's being punished for what is going on in society’. Seriously? That's his defence? So, if some crazy had followed through, their defence would be, ‘that guy on FB made me do it'?

Una mujer en televisión asegura que “lo están castigando por lo que pasa en la sociedad”. ¿Es en serio?, ¿Esa es su defensa? Entonces, si algún loco le hubiera hecho caso, ¿su defensa sería: “Ese tipo de Facebook me obligó”?

El abogado y profesor Emir Crowne explicó la intención original de la cláusula mediante la cual se acusó a Rayad Mohammed:

The provision was enacted in 1951…to deal with the “misuse of telephone facilities and false telegrams.” The legislature at the time sought to capture offensive messages that may have been transmitted by landlines and telegrams.

It is a stretch, a painful one at that, to suggest that online activities are caught by this section—even if those activities are facilitated through one’s mobile phone. […]

To be successfully prosecuted under the Criminal Law, there must be a statutory wrong. In the absence of clear statutory language, there can be no criminal wrongdoing. […]

Indeed, if so-called cybercrimes were caught under this section—and others—there would be no reason for specific cybercrime legislation in the first place.

La normativa fue promulgada en 1951 para abordar el “mal uso de las instalaciones telefónicas y los telegramas falsos”. El órgano legislativo de la época pretendía registrar mensajes ofensivos que pudieran haber sido transmitidos por teléfonos fijos y telegramas.

Es demasiado forzado sugerir que este artículo incluya las actividades de internet, incluso si mediante el celular propio es que se realizan dichas actividades. […]

Para ser procesado con éxito bajo el derecho penal debe haber un agravio legal. Si el lenguaje legal no es claro, no puede haber un delito penal. […]

Ciertamente, si los llamados ciberdelitos estuvieran contemplados en este artículo (y en otros), no habría razón para tener una ley específica de ciberdelito en primer lugar.

El abogado Daniel Khan publicó un video en su página de Facebook In the Pursuit of Justice DK (En busca de justicia), donde sostuvo que, para él, el comentario “no fue una amenaza, no estaba incitando a la violencia, no fue sedición”.

Sostuvo que el arresto de Mohammed debería preocupar a todos los internautas:

That Facebook post was disgusting. It was obscene, it was profane, and there's no defending that. […] But let's put emotions aside: that person committed no offence….He has been taken into custody and not released until three days later because his lawyer filed an application to court — and that is the scary thing. There are markers in society where we could say on this date, society went in this direction […] we may be moving into [an] oppressive and dictatorship society and there'll be no turning back.

La publicación en Facebook fue repulsiva. Fue obsena, profana y no hay manera de defender esa acción. […] Pero dejemos a un lado las emociones: esa persona no cometió un delito… Lo detuvieron y lo liberaron tres días después porque su abogado presentó una solicitud ante el tribunal. Y eso es lo alarmante. Hay momentos que marcan la sociedad, en los que podemos decir “Desde este día, la sociedad marcha en tal dirección”. […] Es posible que estemos avanzando hacia una sociedad opresora y dictatorial y que no haya marcha atrás.

Khan sugirió incluso que “las personas de más de 40 años” pueden no comprender internet ni las redes sociales, y aconsejó que el Gobierno y la policía “se mantengan apartados de Facebook”.

Insistió en que Mohammed solo estaba expresando su frustración:

He was fed up with crime….[expressing concern that] those that have the authority….to address the crime situation perhaps do not feel such an urgency because they are surrounded by security where crime may not affect them.

Ya estaba harto de la delincuencia…[expresa preocupación porque] quienes tienen la autoridad… de enfrentar la delincuencia tal vez no sienten la urgencia, pues están en una burbuja de seguridad donde la delincuencia tal vez no los afecta.

Khan piensa que el arresto de Mohammed atenta contra su derecho individual de expresar su crítica al Gobierno.

Es esa libertad de crítica lo que preocupa a muchos cuando se trata del proyecto de ley de ciberdelito en Trinidad y Tobago.

El caso revive debate acerca del proyecto de ley de ciberdelito

En una respuesta preliminar al comentario de Rayad Mohammed, el fiscal general de la nación sugirió públicamente que se debería acusar a Mohammed según la ley del país sobre el ciberdelito.

Sin embargo, lo que el fiscal no aclaró en su afirmación es que esta ley actualmente es un proyecto que aún no ha sido aprobado ni promulgado. Es más, hace poco el Gobierno invitó a comentar sobre el último borrador del proyecto.

En el borrador actual, el artículo 18 (1) del proyecto de ley sobre el ciberdelito 2017 criminaliza a todo aquel que “utilice un sistema informático para compartir un mensaje con la intención de causar daño (p. ej. malestar emocional) a otra persona”.

Se tendrían en cuenta factores como el anonimato, “lo extremo del lenguaje”, el alcance del mensaje, su contexto y veracidad, pero el infractor podría estar sujeto a multas de hasta TT $250.000 (US $36.904) e incluso a pagar cinco años de cárcel.

Algunos usuarios de Facebook han interpretado segmentos del proyecto de ley como un intento del Gobierno por controlar internet.

Al bloguero tecnológico KnowProSE.com le gustó “el espíritu del proyecto de ley [de ciberdelito]”, pero dio sugerencias para mejorarlo, entre las cuales están la educación en tecnología para la policía y la profesión jurídica, la necesidad de que se establezca una intención criminal para presentar cargos, la necesidad de auditorías independientes, la protección de la intimidad de las personas y la importancia de tener diferentes criterios para la primera vez en contraposición a los infractores reincidentes.

El periodista Mark Lyndersay manifestó su preocupación por el potencial impacto del proyecto de ley en su profesión:

The 2017 edition of the bill tidies some issues, but leaves others in place in a way that’s clearly intended to punish without overdue attention to the consequences for communicators and activists…

La edición de 2017 del proyecto de ley soluciona algunos problemas, pero deja otros en su lugar, de un modo que evidentemente intenta castigar sin prestar mayor atención a las consecuencias para comunicadores y activistas.

Las asociaciones de prensa y medios como Asociación de Medios de Trinidad y Tobago (MATT) y la Asociación de Editores y Difusores de Trinidad y Tobago (TTPBA) también expresaron reservas acerca del proyecto de ley, y afirman que tiene el potencial de “criminalizar a los periodistas”.

El jurista principal del Centro para la ley y la democracia, Michael Karanicolas, explicó:

Overbroad content offences are always illegitimate, but are particularly dangerous online, where many people are still in the process of discovering their voice. The Bill, if passed in its current form, could have a substantial chilling effect on online speech in Trinidad and Tobago.

Los delitos de contenido excesivo siempre son ilegítimos, pero son especialmente peligrosos en internet, donde aún muchas personas están en proceso de descubrir su voz. Si el proyecto de ley se aprueba en su forma actual, podría tener un efecto paralizador sustancial en el discurso virtual en Trinidad y Tobago.

La república de las islas gemelas no es el único territorio regional que lidia con la ley de ciberdelito. En un reciente caso en Jamaica, las autoridades buscaron condenar a una activista de los derechos de la mujer según la Ley de Ciberdelito de ese país por “usar una computadora para comunicación maliciosa” como parte de una campaña contra la violencia de género. Las acusaciones en contra de la activista Latoya Nugent fueron retiradas luego de que el director encargado del procesamiento (DPP, por sus siglas en inglés) considerara que “no era una acusación viable”.

Muchas personas consideran que ese peligroso potencial de censura y abuso supera la indignación que un pensamiento mal expresado como el de Mohammed puede producir.

El jurista Emir Crowne, que escribió un artículo para Wired868 sobre los aspectos problemáticos del proyecto de ley de ciberdelito, resumió los puntos así:

The Bill is an ongoing recognition of the need to protect the citizenry against cybercrimes. In many ways, it is a paradigm shift in the way criminality is traditionally viewed.

However, in addressing this new avenue for criminality, care must be taken to draft legislation that is precise, impairs constitutional rights as least as possible, and sets out clear defences and exceptions, especially where personal liberty is at stake.

El proyecto de ley es un reconocimiento continuo de la necesidad de proteger a la ciudadanía contra los ciberdelitos. En muchos sentidos, se trata de un cambio de paradigma en la manera en que tradicionalmente se examina la delincuencia.

Sin embargo, al abordar esta nueva manifestación de la delincuencia, se debe tener cuidado de redactar leyes que sean precisas, afecten los derechos constitucionales lo menos posible y establezcan defensas y excepciones claras, especialmente cuando está en juego la libertad personal.

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