Vista del Reasentamiento Urbano Colectivo (RUC) Jatobá, en Altamira. Foto: Aaron Vincent Elkaim/ISA, publicada con autorización.
Este artículo, escrito por Isabel Harari, fue publicado originalmente [1] en el sitio web del Instituto Socioambiental (ISA), con quien Global Voices tiene un acuerdo de republicación.
Casi dos años después de la licencia de funcionamiento, la hidroeléctrica de Belo Monte sigue enfrentando denuncias de violaciones a los derechos socioambientales.
El 13 de septiembre, el Tribunal Regional Federal de la Primera Región (TRF1) suspendió [2] la licencia de instalación por las malas condiciones de los Reasentamientos Urbanos Colectivos (RUC), viviendas construidas para albergar a cientos de familias desalojadas a causa de Belo Monte.
Las denuncias por las condiciones de las viviendas no son novedad. Las irregularidades comezaron en 2012, cuando Norte Energia, concesionaria de Belo Monte, prometió casas de ladrillo y cemento de tres tamaños diferentes, según la cantidad de ocupantes, Sin embargo, todas las familias fueron reubicadas en casas del mismo tamaño y de concreto. La distancia de los lugares de trabajo y estudio y la precariedad de las construciones –agujeros y rajaduras en las casas– ya son realidades cotidianas que los órganos públicos vienen denunciando sistemáticamente.
Con la suspensión, quedan paralizadas todas las obras de instalación de la hidroeléctrica, que tenía prevista la conclusión de su potencial pleno hasta 2019. No obstante, la empresa concesionaria, Norte Energia, se niega a reconocer los efectos jurídicos de la decisión. En una comunicación, afirma que “esa decisión no genera efectos pues se refiere a la licencia de instalación”.
Suspensión tras suspensión
Norte Energia ya contaba con una licencia de funcionamiento desde noviembre de 2015, que sustituyó íntegramente los términos de la licencia de instalación. La licencia de funcionamiento contiene nuevas condiciones referidas a la irregularidad ambiental del proyecto. La planta tiene ya cuatro decisiones judiciales que también ordenan la suspensión de su licencia de funcionamiento.
La más reciente, de abril del 2017, fue adoptada por la Corte Especial del TRF1 y suspendió las actividades de la empresa hasta que el sistema de alcantarillado de Altamira quedara regularizado, lo que aún no ocurre. La decisión fue histórica [3], pues fue la primera vez que el TRF1 dejó de lado una suspensión en el caso Belo Monte, que permitía que la empresa continuara con las obras aun sin verificar que se cumplieran las condiciones.
Sin embargo, ninguna de las decisiones mencionadas fue ejecutada efectivamente. La concesionaria Norte Energia continúa produciendo y vendiendo energía, en desacato a las decisiones judiciales vigentes.
En la práctica, como la empresa no ha cumplido con la decisión de abril de este año, la licencia de funcionamiento sigue sin tener efecto y la suspensión de la licencia de instalación del 13 de septiembre tiene validez jurídica. Las actividades de instalación están programadas para terminar en 2019 con la colocación de la última turbina.