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Asesinatos de adolescentes en Filipinas demuestran que comunidades más vulnerables son principales víctimas de la “guerra contra las drogas”

Manifestaciones en el entierro de Kian delos Santos. Créditos: Kathy Yamzon. Usado con autorización.

La rabia del pueblo filipino aumenta ante los sucesivos asesinatos de adolescentes mientras estaban en custodia policial.

Kian delos Santos, de 17 años; Carl Angelo Arnaiz, de 19; y Reynaldo de Guzman, de 14 años, fueron presuntamente asesinados por la policía a causa de la campaña antidrogas del país (Oplan Tokhang).

La orden del presidente Rodrigo Duterte de terminar con la amenaza de la droga ha reclamado alrededor de 13,000 vidas, la mayoría provenientes de comunidades urbanas empobrecidas.

En el caso de Kian delos Santos, la policía reportó que el adolescente era un mensajero de droga que murió en un tiroteo ocurrido durante un allanamiento antidrogas.

Sin embargo, una grabación de CCTV de la escena del crimen mostraba a un adolescente indefenso arrastrado por la policía antes de terminar muerto.

Delos Santos fue asesinado en la ciudad de Caloocan el 16 de agosto de 2017, en la misma semana en que Tokhang logró un número sin precedentes de muertes en un sólo día en Bulacán, provincia al norte de Manila. El presidente Duterte elogió esta masacre:

Maganda ‘yun. Makapatay lang tayo ng mga [That was good. We could just kill] another 32 everyday then maybe we can reduce what ails this country.

Eso fue positivo. Podríamos matar a otros 32 cada día y tal vez así lograr reducir el mal de este país.

En numerosas ocasiones, Duterte ha ordenado a la policía disparar a los sospechosos que se resistan, hacerlos luchar si no luchan, dar armas a los sospechosos que no estén armados y dispararles si contraatacan. El asesinato de Delos Santos ha dejado al descubierto cómo la policía planta armas y otras evidencias a sospechosos de vender drogas.

Apenas unos días después de la muerte de Delos Santos, Carl Angelo Arnaiz, estudiante de la Universidad de Filipinas, fue encontrado sin vida en una morgue de Caloocan el 28 de agosto de 2017, después de haber estado desaparecido por diez días. Se le había visto por última vez cuando salía de su casa para comprar comida con Reynaldo De Guzman, quien fue encontrado muerto 20 días después en un arroyo en Gapán, Nueva Écija, provincia al norte de Manila.

La cabeza de De Guzman estaba envuelta con cinta adhesiva y su cuerpo presentaba 30 heridas de puñaladas. El cuerpo fue encontrado aproximadamente a 113 kilometros de su domicilio en Cainta, Rizal.

Según informes policiales oficiales, Arnaiz murió en un tiroteo con la policía luego de que intentó asaltar a un taxista. El informe de la autopsia reporta que el cuerpo de Arnaiz presentaba señales de haber sido torturado antes de ser asesinado de cinco disparos a modo de ejecución.

Compañeros de secundaria, parientes, amigos y simpatizantes encienden velas por Kian en su velorio. Créditos: Manila Today. Usado con autorización.

Estas muertes provocaron la indignación pública hacia la “guerra contra las drogas”, que muchos denuncian como una masacre del gobierno de Duterte contra las partes más vulnerables de la sociedad, como los pobres y los niños. Muchas organizaciones por los derechos humanos han protestado contra Duterte por prometer repetidamente salvar a los oficiales de policía que cometan abusos durante las operaciones del Tokhang. El grupo juvenil Anakbayan declaró:

This could happen to anyone as bloodthirsty Duterte continually encourages the police to kill without due process, plant evidence, and cover up in the course of his bloody “war on drugs”. We must stand up against Duterte’s madness to save the country’s youth.

Esto le puede pasar a cualquiera, ya que el sanguinario Duterte exhorta continuamente a la policía a matar sin el debido proceso, a plantar evidencia, y a refugiarse en esta sangrienta “guerra contra las drogas”. Debemos hacer frente a la locura de Duterte para salvar a la juventud de nuestro país.

Muchos denuncian la manera en que los miembros de comunidades vulnerables son asesinados impunemente mientras que a personalidades prominentes relacionadas al tráfico ilegal de drogas, como Paolo Duterte, hijo del presidente y vicealcalde de la ciudad de Dávao, se les garantiza el debido proceso.

Paolo Duterte se presentó recientemente en audiencias del Senado para negar su supuesta implicación en el contrabando de metanfetamina, sustancia ilegal popularmente conocida en Filipinas como shabu, por un valor de 125 millones de dólares.

La tropa de troles de Duterte calificó en un principio a los adolescentes asesinados como criminales que merecían morir, pero después, cuando creció la indignación popular, modificaron su postura y afirmaron que fueron los rivales políticos de Duterte los que orquestaron los asesinatos.

Ante la creciente indignación por las muertes, el mismo Duterte cambió su postura, se reunió con los padres de delos Santos y luego de Arnaiz, y les aseguró que encontraría a los policías culpables. Posteriormente, Duterte afirmó que fuerzas “malignas” estaban saboteando su campaña antidrogas.

Estudiantes de la Universidad de Filipinas protestan en el Departamento de Justicia de Manila. Créditos: Manila Today. Usado con autorización.

Mientras tanto, cada vez más gente ignora la atmósfera de silencio y miedo, y expresa su ira por los asesinatos. Diversas organizaciones sociales, grupos religiosos y personas comunes y corrientes se han organizado para fundar la alianza Movimiento contra la Tiranía con el objetivo de hacer frente al abuso de derechos y al avance hacia la autocracia bajo el gobierno de Duterte.

La organización realizó una manifestación masiva en el Parque Luneta el 21 de septiembre, día del aniversario de la declaración de la ley marcial por el difunto dictador Ferdinand Marcos, ídolo de Duterte.

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