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¿La exsoviética Georgia retrocede en justicia?

Georgian Policemen on Duty. Photo by Flickr user jb via Wikimedia Commons. (CC BY 2.0)

por JUSTINE DOODY

Este artículo fue escrito para el Índice de Transformación de Bertelsmann Stiftung (BTI) y se publica en Global Voices con autorización. Las opiniones vertidas en este artículo no necesariamente reflejan las de Global Voices.

El 10 de junio de 2017, miles de georgianos protestaron en las calles de Tiflis, la capital del país, en apoyo a dos integrantes del grupo de rap Birja Mafia. Los jóvenes fueron arrestados por delitos relacionados con drogas, que ellos sostienen que fueron inventados. Las protestas fueron un paso adicional en la disminución de la confianza de los georgianos en su sistema de aplicación de justicia.

Las exitosas reformas policiales del expresidente Mikheil Saakashvili en la primera década del siglo XXI sirvieron como modelo para reforma en países en transición, pero lo que se ganó duró poco. Para abril de 2017, solamente el 38% de los georgianos calificaba el desempeño policial como bueno o muy bueno, a comparación del 60% de noviembre de 2013. Por otro lado, solamente el 13% calificó el desempeño de los juzgados y la Fiscalía como bueno o muy bueno; el 27% dijo que los juzgados se desempeñaban mal o muy mal, y el 19% dijo lo mismo de la Fiscalía. ¿La tendencia del estado de derecho en Georgia es a la baja?

Georgia obtuvo 6.5 en el criterio “Estado de derecho” en el Índice 2016 de Transformación de Bertelsmann (BTI), respetable calificación que los colocó en la categoría “Sólido” junto con otros 22 países en desarrollo en transición. Georgia se ubicó por debajo de los nueve países calificados como “Excelentes”, pero por encima de los otros 97 países señalados como “Regular”, “Defectuoso”, o “Deficiente”. Sin embargo, el informe advierte problemas en el país, con el enjuiciamiento del abuso de poder y la independencia del Poder Judicial, dos problemas que están contribuyendo al actual deterioro de la confianza del público.

El asunto Birja Mafia no es el único caso destacado que ha llegado a los titulares. En mayo, el periodista azerbaiyano Afgan Mukhtarli fue secuestrado en Tiflis y transferido a prisión en Azerbaiyán, y acusaciones de complicidad entre la policía georgiana llevaron a la suspensión del jefe de la policía de fronteras y el jefe de Contrainteligencía en julio, Los abogados y la esposa de Mukhtarli dicen que quienes secuestraron al periodista usaban el uniforme de la policía georgiana. En junio, uno de los jefes de la policía de Tiflis fue suspendido después de que los medios georgianos dieran a conocer un video que mostraba aparente abuso policial en un incidente ocurrido en marzo, donde Shota Pakeliani terminó en estado de coma por lesiones recibidas mientras estuvo en custodia policial. En ambos casos, las autoridades actuaron luego del clamor del público, pero los críticos dicen que esto no ocurre casi nunca, y que incluso cuando ocurre, las consecuencias no son lo suficientemente severas.

Reformas difíciles
En 2015, la Fiscalía anunció planes para la creación de un Departamento para la Investigación de Delitos Cometidos a los largo del Proceso Judicial. Pero como la Fiscalía recibe frecuentes acusaciones de tener motivaciones políticas, este departamento podría no representar una verdadera solución al problema. En 2016, se reabrieron investigaciones de 173 casos de presunto maltrato policial, aunque ninguno por maltrato policial o tortura, solamente por el delito menos grave de “exceso de poderes oficiales”. Solamente cinco investigaciones llevaron a procesos penales, y solamente dos resultaron en sentencias condenatorias. En su informe anual de 2016/2017, Amnistía Internacional expresó preocupación pues el Gobierno no impulsó propuestas legislativas para crear un mecanismo independiente que investigara las violaciones de derechos humanos perpetradas por los organismos encargados de hacer cumplir la ley.

Georgia quedó exonerada de visa para viajar a la Unión Europea en marzo de 2017, y su Acuerdo de Asociación con la Unión Europea entró en vigencia en julio de 2016. Los georgianos apoyaron abrumadoramente una eventual incorporación a la Unión Europea. En una encuesta realizada en febrero y marzo de este año, el 90% de los encuestados se mostró a favor de integrar la Unión Europea. Aunque la integración todavía no está en los planes de la Unión Europea, el Gobierno georgiano debe tener grandes motivaciones para cumplir con la Agenda de la Asociación, que incluye reformar el servicio del proceso. Los esfuerzos están en progreso. La Fiscalía se separó del Ministerio de Justicia en 2012, y a comienzos de 2016, se estableció un Consejo de la Fiscalía y una Junta Consultaora para aumentar la independencia del órgano. En un informe de enero de 2017, el ente anticorrupción del Consejo, el Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO), elogió el progreso de Georgia para reducir la corrupción, y saludó los esfuerzos del país para reformar su servicio de procesos. Pero GRECO expresó que se necesita más trabajo para implementar plenamente las reformas y reducir la influencia del Ejecutivo y el Legislativo en las designaciones fiscales de alto nivel, y en la actividad del Consejo de la Fiscalía.

Despoliticización de la justicia
Los mismos vínculos políticos contribuyen a los problemas en la policía. La designación de importantes funcionarios policiales depende de la voluntad del ministro del Interior, que mina la independencia de la policía. En los juzgados también, persiste el legado de politización que dejó el gobierno de Saakashvili, aunque el nuevo gobierno ha tomado medidas para mejorar la situación. La Defensoría Pública es un punto positivo. Es responsable por supervisar los derechos humanos y las libertades en Georgia, goza de amplio apoyo popular, aunque sus recomendaciones no se implementan con suficiente frecuencia.

La despolitización de la justicia debe ser una prioridad para el partido gobernante Sueño Georgiano, por el bien del público, las esperanzas que el país tiene de integrarse a la Unión Europea, y tal vez, hasta la propia fortuna política. El expartido gobernante, el Movimiento Unido Nacional de Saakashvili, encontró, para su perjuicio, que no brindar un apoyo adecuado al estado de derecho puede tener consecuencias políticas. Los casos muy publicitados de abuso de prisión y violencia policial contribuyeron a que el partido perdiera la confianza del público y posteriormente dejara el poder en 2012. Si el actual gobierno no puede mejorar la confianza del público en el sistema, puede ocurrir que la historia se repita.

Justine Doody es editora y analista. Escribe para el blog de Bertelsmann Stiftung y SGI News.

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