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Nueva ley amenaza a perseguidos ambientalistas de Honduras

Protesta en memoria de Berta Cáceres, asesinada en 2016. Foto: Comisión Interamericana de Derechos Humanos, usada con licencia de Creative Commons (CC BY 2.0).

En Honduras, una ley recientemente aprobada que dictamina que los manifestantes ya no pueden organizar movilizaciones sin que exista la posibilidad de que se les considere delincuentes, o incluso “terroristas“, se suma a los riesgos que enfrentan los activistas ambientales en ese país.

Según el Código Penal, los organizadores de manifestaciones pueden enfrentar 20 años de prisión y los protestantes comunes, 15 años, sin importar la razón de la protesta.

La ley es una nueva obligación para los ciudadanos del país centroamericano, donde los manifestantes enfrentan represalias violentas, y a veces la muerte, sólo por defender sus derechos y sus tierras. Según la ONG Global Witness, más de 120 activistas fueron asesinados por “fuerzas públicas, agentes de seguridad o asesinos contratados” en los últimos ocho años, y muchos otros fueron encarcelados.

El activismo se encuentra estigmatizado en Honduras desde 1963, cuando el país se encontraba sometido a un régimen militar que duró dos décadas. La crisis constitucional de 2009 solo sirvió para exacerbar la opresión.

Un nueva ley en Honduras vuelve a amenazar a los activistas, en un país que ya se considera el más peligroso para los defensores de causas.

Lo ricos enredados con los poderosos

Los derechos –y a veces la vidas– de los activistas hondureños se ven amenazados por la combinación de poderosos intereses políticos y comerciales, según Global Witness. Los ejemplos más flagrantes de la represión del Estado apuntan a quienes defienden sus tierras y los valiosos recursos naturales que contienen.

Los manifestantes dicen que la políticas gubernamentales a favor del comercio han conducido a proyectos que causan daños ambientales para las comunidades de zonas rurales. Es por eso que comunidades luchan.

Las grandes inversiones, como represas hidroeléctricas y lujosos complejos turísticos, representan una amenaza, en especial para el modo de vida de los pueblos indígenas, a quienes no se suele consultar antes de poner en marcha proyectos de este tipo.

Algunos activistas que tienen una voz opositora ante estos proyectos han pagado el precio más alto por hacerlo. Un notorio ejemplo es el de Berta Cáceres, asesinada luego de promover durante años una campaña contra la construcción de una represa hidroeléctrica en el territorio de su comunidad.

Cáceres sostenía que la represa representaba una amenaza para la fuente de agua, vital y sagrada.

No sorprende que no se haya avanzado mucho en el esclarecimiento de la muerte de Cáceres. Según una investigación de The Guardian, el nombre de Cáceres figuraba en una lista negra militar junto a los nombre de otros líderes ambientales. Abajo, el tuit de COPINH, asociación fundada por Cáceres, muestra las etiquetas que se hicieron virales #19MesesSinJusticia, #JusticiaParaBerta y #FueraDESA. DESA es el acrónimo de la empresa Desarrollos Energéticos S.A.

Al menos siete activistas fueron asesinados desde la muerte de Cáceres y muchos otros corren el mismo riesgo, incluidos protestantes sociales y estudiantiles. Últimamente, las protestas universitarias, que surgieron en un primer momento en oposición al alza de los aranceles de las matrículas hace un año, fueron dispersadas por la policía con vehículos blindados y gases lacrimógenos.

En lo que va del año, 30 estudiantes fueron detenidos por daños en la propiedad de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), mientras que otros han iniciado huelgas de hambre.

El 23 de junio de 2017, el padre de un estudiante preso fue asesinado poco después de haber criticado la represión organizada por el Estado. Menos de tres semanas después, Luis Joel Rivera Perdomo, líder del movimiento estudiantil de la UNAH, también fue asesinado. La familia de Rivera Perdomo tuvo que dejar su hogar por continuas amenazas.

“Exhortamos al Gobierno de Honduras a atender los llamados internacionales de justicia y dejar de lado la persecución injusta contra Yunior Alexander Oyuela y sus compañeros”.
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Detención de estudiantes en Honduras. ¡Basta de persecución a activistas sociales! RT lo expone. Violación de derechos humanos.

¿Cortarlo de raíz?

En 19 de septiembre de 2017, el Congreso Nacional de Honduras votó a favor de un mayor control de los derechos de los manifestantes, aparentemente, en beneficio de la seguridad social. Para muchos, la nueva ley que pone las protestas pacíficas a nivel de los delitos es un intento de la clase política de cortar el activismo de raíz y eliminar el derecho de libre asociación.

En una entrevista con Upside Down World, Eugenio Sosa, autor de “Dinámica de la protesta social en Honduras”, explicó que los ciudadanos han expresado sus opiniones sobre problemas sociales y ambientales desde el golpe de 2009. La nueva ley representa un intento cínico por terminar con la sociedad civil de una vez por todas:

This [law] seeks to anticipate – to suffocate at times and above all anticipate – possible popular overflows … in the face of a general public that is very jaded by impunity, corruption, and very severe social inequality.

Esta ley busca anticiparse –a veces, sofocar, pero sobre todo anticiparse– a posible desbordes sociales… frente a una sociedad que está muy cansada de la impunidad, la corrupción y la profunda desigualdad social.

Desde la aprobación de la ley, los hondureños han estado comparando en las redes sociales los privilegios relativos de los que goza la élite corrupta con los graves riesgos que corren los protestantes:

En 2009, Honduras atravesó una crisis constitucional que terminó en lo que muchos gobiernos y organizaciones de derechos humanos consideran un golpe de Estado. El ejército de Honduras siguió órdenes de la Corte Suprema del país de destituir al presidente Manuel Zelaya, quien pretendía convocar una asamblea constituyente para modificar la Constitución. Desde entonces, el gobierno de facto encabezado por Roberto Micheletti impuso el toque de queda y, según Reuters, un “bloqueo a los medios”, ya que muchos medios de comunicación fueron censurados. El gobierno actual, dirigido por Juan Orlando Hernández, se ve involucrado muchas veces en escándalos que implican corrupción y malversación de fondos públicos.

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