Universitdad de Puerto Rico. Foto: Alan Levine. Attribution 2.0 Generic (CC BY 2.0).
Muchos después de los huracanes Irma y María devastaron Puerto Rico en septiembre de 2017, la única institución pública de educación superior en el archipiélago soportaba una tormenta propia: austeridad. Y ahora, algunos están haciendo sonar la alarma de estos desastres naturales han dado a las autoridades una excusa para impulsar medidas más draconianas en la Universidad de Puerto Rico.
Puerto Rico es un territorio estadounidense que actualmente enfrenta el peso de una deuda de US$74,000 millones, y US$49,000 millones en pensiones, que son producto de una recesión de décadas, emisiones y comercialización ilegales de bonos y un paraíso fiscal demasiado publicitado. El marco jurídico que hizo posibles estas prácticas y estableció que Puerto es una excepción al código tributario estadounidense fue promulgado por el Congreso estadounidense. Esto ha hecho que muchos afirmen que la deuda de Puerto Rico es inherentemente colonial.
Para enfrentar la crisis financiera de Puerto Rico, los legisladores estadounidenses aprobaron la legislación llamada PROMESA [1], que, entre otras cosas, creó una junta supervisora no elegida y un proceso para reestructurar la deuda. El presidente Barack Obama firmó la ley en junio de 2016, y así la Junta de Supervisión Fiscal [2] se impuso en Puerto Rico –casi sin escuchar la opinión de los puertorriqueños que, a pesar de ser ciudadanos estadounidenses, no tienen representación electoral en el Congreso de Estados Unidos y no pueden votar en las elecciones presidenciales.
La acción de la Junta de Supervisión Fiscal se ha caracterizado por la austeridad, y la Universidad de Puerto Rico (UPR) figura entre las instituciones públicas señaladas para fuertes recortes presupuestales [3], eliminación y consolidación de campus y programas académicos, aumento de las cuotas y reducción de nóminas — recomendaciones que la administración de la UPR y el gobierno local tienen intenciones de seguir [4]. Con rumores en torno a la privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico (PREPA), surgió el temor de la UPR podría ir en esa misma dirección.
Sin embargo, una parte considerable del cuerpo estudiantil y profesorado de la UPR se resistían a estas medidas; una huelga estudiantil [5] que duró dos meses este año es un ejemplo de esta lucha.
El huracán ‘allanó el camino para que terminaran implementando sus planes’
Fue entonces que los huracanes Irma y María azotaron el archipiélago [6] con una fuerza tremenda, y los 11 campus de la UPR sufrieron daños considerables. Luego del huracán María, la UPR evaluó más de $118 millones de pérdidas en todo el sistema [7]; UPR-Humacao se registró como el campus más afectado por la devastación, pues estuvo más cerca a la zona por el cual el ojo del huracán entró a Puerto Rico. Entre los huracanes Irma y María, todos los campuses quedaron cerrados casi un mes y hasta cinco semanas en algunos casos.
Antes de que la UPR decidiera reabrir sus campus, varias universidades en Estados Unidos, como la Universidad Tulane [8] y Brown University [9], y también universidades privadas en Puerto Rico, iniciaron programas de ayuda por el huracán, y ofrecieron a los estudiantes la oportunidad de continuar su semestre académico y estudios. Cuando la UPR reabrió finalmente, los campus seguían llenos de hongos, con cortes de electricidad, servicio de agua no potable, bibliotecas y centros de investigación cerrados y aulas y espacio públicos afectados.
Esta combinación de fuerzas podría representar un problema para la UPR: podría perder [10] una parte significativa de su cuerpo estudiantil, y podría poner a la UPR en mayor riesgo de caer víctima [11] de los la periodista canadienese Naomi Klein [12] llama la doctrina del shock [13]: una «táctica brutal de usar la desorientación pública luego de un shock colectivo […] para impulsar medidas radicales a favor de las corporaciones”. Profesores como Maritza Stanchich de UPR-Río Piedras, expresó [14] en Facebook:
OJO, mientras tal vez para algunos esto es bien intencionado, iniciativas de ofrecer a los estudiantes en zonas afectadas por el huracán colegiaturas como si fueran locales en estados como Florida también podría incentivar agitaciones futuras al estilo de doctrina del shock en UPR. Después de todo, Tulane no estaba en el mismo bote, por así decirlo, antes de Katrina. Entiendo el impulso positivo de estas iniciativas estudiantiles, pero creo que sería ingenuo pensar que no se podía utilizar de manera nefasto para la UPR. [Nota del editor: esta es una publicación de Facebook del 29 de septiembre, y desde entonces ha tenido muchos intercambios.
La UPR se encontró en una situación desfavorable. Podría decidir no continuar con el semestre porque la recuperación adecuada tomaría tiempo, y ver que una parte de su cuerpo estudiantil se va a universidades en Estados Unidos y a universidades privadas en la misma isla. O podría decidir reabrir (como ocurrió), pero ver que una parte de sus estudiantes se van de todas maneras, por el hecho de que la universidad no ha sido rehabilitatada adecuadamente.
Pero en opinión de muchos estudiantes y personal, los huracanes solamente exacerbaron la situación La UPR ya tenía problemas por años de administraciones corruptas e ineptas y la crisis de la deuda, como señala Verónica del Mar, estudiante de UPR-Río Piedras:
Este semestre no estoy matriculada en la universidad. Así que no me toca regresar el lunes. Pero las leo, los escucho y me siento angustiada, triste, nerviosa, pero sobretodo me siento encabroná, porque si estuviese matriculá me tocaría elegir entre trabajar o estudiar. Entre comer o coger guagua. Probablemente estaría planificando con alguna corilla cuál será el refugio con agua y el mejor espacio pa descansar y poder ir a «estudiar». Pienso en las posibilidades y me encabrono más. El Gobierno y la administración universitaria tienen excusas demás pa continuar privatizando la UPR y el acceso a la educación. El paso del huracán María les abrió el camino pa terminar de implementar sus planes. Cerrar recintos, aumentar costos de estudio, disminuir ayudas económicas, dejar perder edificios y residencias para estudiantes, en fin, que la UPR sea pa quienes puedan pagarla.
‘Se aprovechan del momento trágico’
Recientemente, la junta directiva de la UPR [15] dio instrucciones de que todos los decanos debían revisar todos los programas académicos con la intención de reducir sustancialmente la cantidad de créditos requeridos, y presentar alternativas curriculares para ofrecer programas de estudio de dos años (grado de asociado).
En UPR-Mayagüez, donde el rector fue rápido en implementar la resolución de la junta, al profesor Jorge Schmidt y a muchos otros miembros de la facultad les preocupó [15] que la decisión prioriza beneficio sobre excelencia acadámica, y debilitaría el rol de la UPR como principal centro académico y de investigación:
Se aprovechan del momento trágico que vive el país para neutralizar la posible oposición a sus medidas anti-académicas que pretenden convertir a la UPR en un centro de adiestramiento para empleos técnicos.
La UPR es la única institución pública de educación superior en Puerto Rico. Un total del 46.1% de la población [16] vive por debajo de la línea de pobreza (y la cifras aumentarán luego del huracán María), y la accesibilidad económica ya es un problema para muchos que estudian o quieren asistir a la Universidad de Puerto Rico. Si la UPR se privatiza, un considerable sector de la población encontraría que ya no tiene acceso a una educación que pueden pagar en el archipiélago.