Brasil crea nuevos mecanismos para evitar la difusión de noticias falsas y a los activistas de la libertad en internet les preocupa que esto restrinja la libre expresión. Image publicada por Digital Spy en Flickr, con autorización. CC BY-NC-SA 2.0.

A comienzos de diciembre de 2017, el Gobierno de Brasil instaló una comisión para supevisar y posiblemente ordenar el bloqueo de informes de noticias falsas en medios sociales antes de las elecciones presidenciales de 2018. La noticia ha generado preocupación de censura entre el público.

El «Consejo Consultivo de Internet y Elecciones» funcionará bajo los auspicios del Tribunal Supremo Electoral e incluye a representantes judiciales, del Ministerio de Justicia, del Ministerio de Ciencia y Tecnología, el Ejército, la agencia nacional de inteligencia, la policía federal, la ONG SaferNet que combate los delitos en línea en sociedad con el Ministerio Público Federal e investigadores de la Fundación Getúlio Vargas, una universidad privada.

En su primera reunión, el Consejo propuso crear una herramienta a través de la cual los usuarios puedan denunciar ante el propio Consejo noticias que parezcan sospechosas. Esto funcionaría como una extensión de líneas directas y formularios en sitios web donde los electores pueden enviar quejas para dar cuenta de irregularidades en medios tradicionales.

El consejo aún no explica cómo funcionará la herramienta en términos de pedir a las empresas de medios sociales que retiren las noticias consideradas falsas o de dirigirse contra las personas y grupos que publiquen noticias falsas. Los miembros dicen que están negociando apoyo de las empresas de medios sociales, pero no queda claro a dónde llevará todo esto.

Cuando Facebook empezó a usar la función de «denunciar noticias falsas» en diciembre de 2016, mostró que muchos usuarios denunciaron contenido falso como parte de un intento de desacreditar información o ideas con la que discrepaban, hasta cuando esas ideas se basaban en hecho verificados.

Esta decisión llega en medio de una profunda incertidumbre política en Brasil, que se acerca a elecciones en 2018, que serán los primeros comicios desde la controvertida destitución de la presidenta Dilma Rousseff del Partido de los Trabajadores en 2016.

El candidato de facto del partido para 2018 es el expresidente Luiz Inácio «Lula» da Silva, que encabeza las encuestas presidenciales con el 34% de las preferencias, y ha pasado los últimos meses recorriendo el país en manifestaciones, a pesar de que en julio fue sentenciado a casi diez años de prisión por aceptar sobornos de empresas constructoras durante su mandato. Se espera que un tribunal resuelva su apelación el 24 de enero.

Laa investigaciones de corrupción a gran escala han condenado a docenas de políticos en los últimos tres años, lo que ha abierto paso a candidatos desconocidos y de extrema derecha como Jair Bolsonaro, diputado federal y exoficial militar, conocido por sus diatribas homofóbicas y por su duro discurso sobre delincuentes y traficantes de drogas.

Si se ratifica la condena de Lula, se espera un entorno electoral fragmentado, polarizado y fuertemente disputado.

Más reglas con la finalidad de minimizar las ‘noticias falsas’

El comité es solamente uno de los resultados inmediatos de la actual preocupación del Tribunal Supremo Electoral hacia las ‘noticias falsas’. Los jueces han defendido abiertamente la creación de mecanismos legales adicionales para suprimir los informes considerados falsos.

En las audiencias sobre las reglas para las elecciones de 2018, el juez Luis Fux, que presidirá la corte desde febrero, habló sobre la creación de medidas preventivas para contener la difusión de información falsa. Estas medidas incluirían congelar activos y hasta condenas de prisión para quienes «se estarían preparando para perpetuar este tipo de estrategia nociva que, por así decir en lenguaje informal, han dejado en nada algunas nominaciones».

Además, el Congreso brasileño está analizando un proyecto de ley que convertiría en delito la difusión de informes falsos en medios sociales sancionable con dos a ocho meses de prisión o una multa de 1,500 a 4,000 reales (500-1200 dólares) por día. El proyecto penaliza «publicar o difundir, por cualquier medio, en internet, información falsa o incompleta en detrimento de una persona natural o jurídica».

Activistas de libertad de internet opinan

Los activistas de la libertad en internet han expresado su preocupación por el proyecto y la creación del Consejo Consultativo. Una carta abierta publicada por la Coalición de Derechos en Internet durante el Foro de Internet de Brasil de 2017 (reunión regional antes del Foro Global de Gobierno de Internet) critiicó los malos antecedentes del Ejército cuando se trata de respetar libertades civiles en Brasil (Brasil estuvo gobernado por una dictadura apoyada por Estados Unidos entre 1964 y 1985):

As Forças Armadas não podem monopolizar o controle da veracidade dos fatos porque 1) não possuem essa competência constitucional; 2) não têm as condições técnicas para isso; 3) não detêm o conhecimento para distinguir fake news; e 4) não são neutras na política. Para piorar, essas instituições deixaram violentas e profundas marcas na história recente do país ao promoverem o cerceamento da liberdade de expressão e de manifestação dos brasileiros/as durante a ditadura civil-militar.

Las Fuerzas Armadas no pueden monopolizar el control de la veracidad de los hechos porque 1) no tienen esa competencia constitucional; 2) no tienen las condiciones técnicas para eso; 3) no tienen el conocimiento para distinguir noticias falsas; y 4) no son neutrales en política. Para empeorar, estas instituciones han dejado marcas violentas y profundas en la historia reciente del país con su promoción y recorte de la libertad de expresión y de manifestación de brasileños durante la dictadura civil-militar.

La creación del comité por parte del Tribunal Supremo Electoral también se mencionó en una declaración colectiva suscrita por 38 organizaciones de América Latina y el Caribe como ejemplo de cómo se puede usar el discurso sobre noticias falsas para restringir la libre expresión.

La carta expresa preocupación por cómo la histeria sobre las noticias falsas eclipsa los prolongados intentos de una mejor regulación de monopolios de medios que dominan el entorno tradicional de medios en la región y que históricamente participó en campañas de información errónea durante la elecciones o en otras ocasiones:

We cannot discount years of work and debate from the movement for democratization of communications and adopt the “fake news” terminology as a completely new phenomenon in Latin America. To discount old and new power imbalances concerning media ownership concentration, social media monopolies and Nation States political interests to control and manipulate speech — within and beyond its borders — opens space for serious consequences.

No podemos descartar años de trabajo y debate del movimiento por la democratización de las comunicaciones y adoptar la terminología de “noticias falsas” como un fenómeno completamente nuevo en Latinoamérica. Para descartar desbalances nuevos y viejos de poder con relación a concentración de propiedad de los medios, los monopolios de medios sociales y los intereses políticos de estados nacionales para controlar y manipular la expresión —dentro y fuera de sus fronteras— abren un espacio para graves consecuencias.